La Universidad de Buenos Aires transformó las escalinatas del Palacio de Tribunales en una sala de clases improvisada, convertida en escenario de una batalla que trasciende lo académico. Mientras docentes y estudiantes exponían frente a los edificios de la Justicia federal, el conflicto de fondo permaneció intacto: el enfrentamiento entre el Estado y el sistema universitario público por el cumplimiento efectivo de una ley que permanece en suspenso. Lo que comenzó como un reclamo sectorial hace casi dos años mutó en una crisis que hoy involucra a los tribunales, al Parlamento y a cientos de trabajadores cuyas remuneraciones quedaron congeladas en el tiempo.
El trasfondo de esta confrontación se remonta a octubre de 2024, cuando el Congreso Nacional rechazó los vetos presidenciales que intentaban bloquear la Ley de Financiamiento Universitario. La norma consagra principios que las universidades reclaman desde hace décadas: actualización automática de presupuestos según la inflación, recomposición salarial docente y no docente, y recursos específicos destinados a becas, infraestructura y hospitales universitarios. Sin embargo, su promulgación no significó implementación. El Gobierno clausuró su ejecución argumentando la necesidad de identificar fuentes de financiamiento e incluir las partidas en el Presupuesto Nacional. Desde entonces, la ley yace en un limbo administrativo que profundiza cada mes que transcurre.
Una Justicia dividida entre dos caminos
La paralización ejecutiva de la ley abrió un frente judicial complejo. Los tribunales inferiores, en primera instancia, ordenaron la aplicación de artículos neurálgicos vinculados a la recuperación salarial docente y a la expansión del financiamiento operativo. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esos fallos, profundizando la presión sobre el Ejecutivo. Pero el Gobierno no se resignó: presentó recursos extraordinarios cuya consideración hoy descansa en manos de la Sala III de la Corte Suprema. Mientras tanto, el expediente languidece en las entrañas de la institución judicial más poderosa del país, sin que exista claridad sobre cuándo —o si— se resolverá definitivamente.
La decisión que adopte la Corte Suprema no será menor. En juego no está apenas el presupuesto de una institución: está en cuestión la vigencia práctica de las leyes cuando chocan contra las decisiones del Ejecutivo. Si los magistrados fallan a favor de la Universidad, el Gobierno deberá aflojar recursos en un contexto fiscal que describe como crítico. Si, por el contrario, respaldan la posición estatal, la Ley de Financiamiento se convertirá en un texto sin eficacia, una promesa incumplida grabada en papel oficial. Los docentes, en tanto, esperan bajo una especie de suspensión: continúan trabajando sin percibir los aumentos que la ley prescribe, acumulando pérdidas salariales que ya rondan el 30 por ciento en términos reales.
El proyecto de reforma que rebaja expectativas
En paralelo a la contienda judicial, el Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto de ley destinado a modificar el esquema de financiamiento universitario. Esta iniciativa representa una apuesta a reescribir las reglas del juego desde la arena legislativa. El propósito declarado es "amortiguar el impacto fiscal" de la norma anterior, pero su contenido efectivo implica recortes significativos. La reforma solo reconocería la pérdida salarial de docentes y trabajadores durante 2025, descartando compensaciones por lo ocurrido en 2024. Para los años venideros, especialmente 2026, la actualización de presupuestos quedaría supeditada a un umbral de inflación anual del 14,3 por ciento. Es decir: si la inflación no supera ese piso, las universidades no recibirían recomposición real de sus capacidades de gasto.
Esta propuesta exhibe la brecha estratégica entre lo que el Estado considera viable y lo que los sectores universitarios consideran indispensable. El Gobierno ofrece reconocer parcialmente los daños del presente; las universidades exigen reparación integral del pasado y garantías de estabilidad futura. Mientras tanto, las universidades negociaron directamente con el Ejecutivo, explorando esquemas alternativos que permitieran transferencias de fondos sin necesidad de reformar la ley. Pero esos diálogos no cristalizaron en acuerdos duraderos, dejando a las instituciones y sus trabajadores en un estado de incertidumbre permanente sobre sus presupuestos operacionales.
La movilización como herramienta de visibilidad
La jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales fue organizada por tres organizaciones con fuerte arraigo en la Universidad de Buenos Aires: la Asociación de Docentes (ADUBA), la Asociación del Personal no docente (APUBA) y el Sindicato de Trabajadores Docentes (Feduba). Su estrategia fue convertir el espacio de la Justicia federal en un aula abierta, invirtiendo los papeles: mientras afuera se debatía la aplicación de la ley, adentro la Academia exponía públicamente su posición. El mensaje fue directo y sin ambigüedades: "Señores jueces, que Milei cumpla la ley". La consigna sintetiza el reclamo: no se trata de que el Gobierno cree fondos nuevos, sino que implemente lo ya decidido legislativamente.
Este conflicto no emergió en el vacío. Desde 2024, las universidades mantienen una lucha sostenida por la aplicación de la ley, que derivó en al menos tres movilizaciones federales de magnitud. La primera ocurrió en abril de 2024. Desde entonces, las protestas se multiplicaron, tejiendo una red de solidaridad que abarcó docentes, estudiantes, trabajadores no docentes y sus familias. Cada manifestación sumó presión, pero ninguna logró quebrar la determinación gubernamental de congelar la ejecución presupuestaria. Las universidades descubrieron que la calle, aunque llena, no siempre convence a quien controla el Tesoro.
Las implicancias de esta encrucijada se proyectan hacia múltiples direcciones. De un lado, si la Corte Suprema resuelve en favor de las universidades, el Estado enfrentará una obligación de gasto significativa en un contexto donde dice no contar con recursos. Esto podría forzar reordenamientos presupuestarios en otras áreas o bien cuestionar la viabilidad fiscal de las políticas públicas en curso. Del otro lado, si prevalece la posición estatal, el sistema universitario público afrontaría una contracción de capacidades operacionales que afectaría la calidad de la enseñanza, la investigación y las condiciones de empleo de sus trabajadores. Hay una tercera posibilidad: que el Congreso apruebe la reforma propuesta por el Ejecutivo, redefiniendo los términos del financiamiento de manera menos onerosa para el erario pero también menos ambiciosa que lo prometido por la ley original. En cualquier escenario, la decisión que se tome sentará precedentes sobre la relación entre los poderes del Estado y sobre la capacidad del sistema institucional de honrar compromisos legislativos cuando entran en tensión con restricciones fiscales.
