La causa que investiga los sucesos vinculados al lanzamiento de la moneda digital $LIBRA experimentó un giro significativo esta semana cuando los magistrados de la Cámara Federal resolvieron ratificar la exclusión de un conjunto de víctimas que había participado activamente en el desarrollo procesal. Esta decisión, que debilita la acusación al reducir el número de querellantes, genera interrogantes sobre la interpretación que realizaron los jueces acerca del estado actual de la investigación. Lo relevante aquí no radica solamente en quiénes permanecen o se retiran del expediente, sino en la fundamentación que los camaristas utilizaron para justificar una medida que, apenas tiempo atrás, la propia estructura judicial había avalado. El fallo plantea una paradoja: sostiene que la acumulación de pruebas ha socavado la tesis inicial de engaño, cuando simultáneamente el archivo del caso contiene indicios que apuntan en dirección opuesta.

La decisión de los camaristas y su argumentación cuestionada

Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi firmaron la resolución que confirmó lo dispuesto por el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, quien había determinado apartar a estos damnificados del procedimiento. Sin embargo, el razonamiento presentado genera dudas considerables sobre su solidez. Los camaristas manifestaron que "con el progreso de la pesquisa se ha conformado un escenario que evidencia un debilitamiento de la teoría del caso contenida en la denuncia inicial". Posteriormente, reiteraron que "la prueba colectada hasta el presente en función de la actividad desarrollada por las partes del proceso resulta indicativa de que, al día de hoy, la primera hipótesis criminal se encuentra diluida".

Pese a estas afirmaciones taxativas, el fallo no especifica cuáles son esos elementos concretos que sustentarían tal debilitamiento. Los magistrados se limitaron a señalar que los querellantes no demostraron la existencia de "ardid" o "engaño" —conceptos centrales en la tipificación de estafa— ni lograron identificar la "afirmación falsa" que habría motivado la compra de la moneda. De este modo, la decisión parece prescindir de un análisis pormenorizado de la evidencia y de los indicios acumulados, aspecto que resulta particularmente problemático tratándose de una materia penal donde la precisión es esencial.

Cabe recordar que fue la propia Cámara Federal —aunque en otra composición— quien tiempo atrás había autorizado la participación de estos mismos damnificados en la causa. Revertir esa decisión demandaba, lógicamente, explicitar qué transformación en el expediente justificaba el cambio de criterio. En lugar de hacerlo de manera transparente, el fallo se apoyó en una consideración general sobre el "debilitamiento" de la hipótesis sin desmenuzar los detalles que supuestamente lo sustentan.

El tuit presidencial y los elementos que la resolución elude

Entre los aspectos que la sentencia relativiza figura el mensaje que el Presidente publicó en redes sociales anunciando la moneda como un proyecto destinado a financiar emprendimientos argentinos, promesa que nunca se concretó. Este tuit constituye un documento público de indudable relevancia, ya que fue el instrumento mediante el cual la iniciativa alcanzó masividad y generó expectativa en potenciales compradores. Sin embargo, el fallo no dedica análisis específico a este elemento, lo cual resulta notable considerando que la comunicación pública del proyecto forma parte de la génesis de los hechos investigados.

Más allá de esta omisión, el contenido del expediente alberga un conjunto de indicios que contrastan de manera marcada con la conclusión vertida por los camaristas. La investigación practicada por el fiscal Eduardo Taiano, aunque enfrentó críticas respecto de su velocidad y la ejecución de determinadas medidas, sí produjo resultados concretos en ciertos aspectos. Los allanamientos realizados, los peritajes efectuados y los análisis de trazabilidad de fondos arrojaron información que, lejos de debilitar la posibilidad de una maniobra coordinada, la fortalecen. Un dato que encabeza esta lista de evidencias es la existencia de siete comunicaciones telefónicas entre Milei y el trader Novelli ocurridas durante la tarde y noche del día en que $LIBRA surgió, se revalorizó de forma abrupta y posteriormente colapsó. A estos contactos se suman los intercambios posteriores de Novelli con Karina Milei, hermana y secretaria del Presidente. Aunque estos elementos no constituyen por sí solos prueba de estafa, representan indicios serios de que existió algún tipo de articulación entre los actores principales, particularmente considerando que durante esos llamados Novelli se hallaba en Estados Unidos en reunión con Hayden Davis, creador del activo digital.

Rastros en dispositivos: las notas del trader que revelan un patrón

La extracción de información del teléfono celular de Novelli proporcionó elementos adicionales que merecen atención particular. Dos hallazgos son especialmente relevantes: se trata de fotografías de anotaciones que el trader guardó en su dispositivo. Aunque presentan baja resolución, el texto es legible. La primera de estas notas, datada el 11 de febrero —tres días antes del lanzamiento de la moneda—, describe paso a paso lo que aparenta ser una contraprestación del Presidente a cambio de desembolsos millonarios. En uno de los puntos consignados se especifica: "$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis". Es relevante notar que el 30 de enero, Milei había comunicado por redes que Davis lo asesoraba en asuntos relacionados con criptomonedas. En su totalidad, los desembolsos referidos en esa anotación de Novelli alcanzan la suma de US$5 millones.

La segunda nota hallada en el mismo dispositivo fue redactada en un momento intermedio: después del colapso de la moneda pero antes del tuit mediante el cual Milei procuró distanciarse de los hechos. En este documento, Novelli parece proporcionar una orientación sobre cómo debería estructurarse un mensaje en redes que los separara de la caída de $LIBRA. El texto comienza diciendo: "Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros", seguido de una formulación extensa que aparentemente sirvió como modelo para lo que posteriormente publicó el Presidente. Este hallazgo sugiere la existencia de coordinación ex post facto, es decir, una intención común de gestionar la narrativa pública después de ocurridos los hechos.

Adicionalmente, la investigación logró establecer que Davis, después de su encuentro con Milei del 30 de enero de 2025, movilizó desde sus cuentas digitales aproximadamente US$5 millones, cifra que coincide con el total consignado en la anotación del celular de Novelli. Se pudo rastrear que estos fondos terminaron en las cuentas de dos individuos residentes en el país: el jubilado Orlando Mellino y el trader colombiano Camilo Rodríguez Blanco. Ambos mantienen vínculos estrechos con una estructura de financiera —comúnmente denominada "cueva"— que operó hasta hace poco tiempo sobre la avenida Libertador en Vicente López, entidad donde Novelli acostumbraba a realizar operaciones, según consta en conversaciones que él mismo mantuviera con terceros y que integran el expediente.

Movimientos de efectivo y el extraño viaje bancario

Otro indicador que la Justicia logró documentar es el siguiente: el 4 de febrero, un día después de que Davis transferira cerca de US$4 millones desde sus cuentas digitales (había movido un millón adicional el 30 de enero), Novelli fue registrado en una sucursal del Banco Galicia acompañado por su hermana y su madre, cargando bolsos. Cuando la causa trascendió públicamente días después, Novelli regresó a la misma entidad bancaria y vació las cajas de seguridad. Este patrón de comportamiento —la movilización de fondos de significativa cuantía inmediatamente después de su arribo al país, la utilización de familiares para ingresar valores a cajas de seguridad, y la subsecuente extracción del contenido cuando el caso se hizo público— no resulta compatible con una conducta de transparencia o desconocimiento de irregularidades.

Lo notable es que toda esta información reposa en el expediente, y fue producto de medidas investigativas que efectivamente se llevaron a cabo. Sin embargo, el fallo de la Cámara Federal asevera que la "pesquisa" ha "diluidο" la hipótesis delictiva. Esta conclusión genera un interrogante fundamental: ¿sobre qué base interpretativa los magistrados arribar a tal conclusión cuando la prueba disponible apunta en dirección contraria? La resolución no lo explica, limitándose a afirmar lo contrario sin demostración.

El próximo capítulo: La Casación y su rol decisorio

El litigio se trasladará ahora a la Cámara de Casación Penal, integrada por los magistrados Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y la jueza Ángela Ledesma. Estos camaristas, en ocasión anterior, ratificaron la participación de los querellantes en cuestión, pero podrían modificar su posición, tal como la Cámara lo hizo esta semana. En sus despachos ya reposa otra apelación, esta vez de un grupo diferente de presuntos damnificados, a la espera de resolución. Se trata de ciudadanos bielorrusos que nunca integraron la causa y que aseguran haber perdido alrededor de 4 millones de dólares por la compra de $LIBRA. Según especialistas que han seguido el expediente de cerca, la situación de estos últimos querellantes presenta particularidades distintas a la del primer grupo, y la acreditación de la titularidad de sus billeteras digitales no cuenta con el mismo grado de certeza.

Las implicancias de una decisión sin fundamento explícito

Más allá de lo específico de este caso, la resolución plantea interrogantes sobre la metodología probatoria y la fundamentación en asuntos penales. Cuando un tribunal sostiene que la investigación ha "debilitado" una hipótesis delictiva, la expectativa razonable es que especifique cuáles son esos elementos concretos que generan tal debilitamiento. La ausencia de este detalle puede interpretarse de distintas maneras: como una escasez de argumentos específicos, como una opción deliberada de mantener un nivel de generalidad que permita mayor flexibilidad interpretativa, o como una dificultad para reconciliar la conclusión alcanzada con los datos presentes en el expediente. Cualquiera de estas lecturas resulta problemática en un contexto donde están en juego derechos procesales de ciudadanos que consideran ser víctimas de un delito.

El hecho de que la Cámara Federal revertir su propia decisión anterior —autorizar y luego excluir a los mismos querellantes— sin explicitar qué transformación en el expediente justifica tal cambio de criterio, también genera inquietud sobre la consistencia del razonamiento judicial. Un tribunal que modifica su posición tiene la obligación de articular de manera precisa los motivos que lo llevan a hacerlo, ya que de lo contrario se abre la puerta a la especulación sobre las razones de fondo que sustentan la decisión.

Las consecuencias derivadas de esta resolución pueden ser múltiples y variar según la perspectiva desde la cual se las analice. Para los damnificados, la exclusión implica una reducción de sus posibilidades de participación en el proceso penal y de incidencia sobre cómo se investigan los hechos. Para el sistema de justicia, el precedente de fundamentaciones breves o genéricas en decisiones sobre exclusión de querellantes podría abrir un camino procesal que otros tribunales replicaran. Para el curso de la investigación en sí, la salida de querellantes significa menos actores proponiendo medidas probatorias y controlando el desempeño del fiscal. Para quienes son investigados, la menor actividad de los querellantes facilita una defensa menos presionada. En síntesis, el fallo de la Cámara Federal configura un escenario cuyos desdoblamientos dependerán, en buena medida, de cómo la Casación resuelva en instancia superior y de cómo la investigación continúe su curso bajo estas nuevas condiciones de desarrollo procesal.