Una denuncia penal por presunto espionaje contra dos periodistas acreditados en la Casa Rosada instaló esta semana una discusión que va mucho más allá de un informe televisivo: qué puede y qué no puede mostrar la prensa en los espacios del poder ejecutivo, dónde termina el ejercicio del periodismo y dónde empieza, según el Gobierno, una amenaza a la seguridad nacional. Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de TN, quedaron en el centro de una tormenta política y judicial después de que la Casa Militar radicara una denuncia que recayó en el juzgado del magistrado Ariel Lijo, en los tribunales de Comodoro Py. Lo que empezó como un informe de pasillos se convirtió en un expediente con cargos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares.
El descargo en vivo: "No hay manera de sostener que fue clandestino"
Geuna eligió su propio programa, ¿Y mañana qué?, para dar la cara y explicar cómo se gestó el informe cuestionado. Según relató, la iniciativa fue suya: quería que Salerno, un cronista de 23 años con dos años de acreditación en la Rosada, contara la dinámica política interna de una forma más visual, recorriendo zonas de circulación habitual dentro del edificio. La periodista fue explícita en un punto central del debate: antes de filmar, hubo aviso previo a funcionarios del área de prensa oficial. Ese detalle, para ella, desmonta de raíz la hipótesis de una operación encubierta. "No hay manera de sostener que se trató de una grabación clandestina ni mucho menos realizada fuera de espacios de libre circulación", afirmó en su descargo dominical.
Geuna también señaló que las imágenes que componen el informe no revelan nada que no esté disponible en el espacio público. Mencionó, puntualmente, que algunas de esas zonas son visibles incluso a través de Google Street View, la herramienta de mapas satelitales de acceso masivo y gratuito. "No se mostró nada que no haya sido reproducido públicamente antes", sostuvo. Al mismo tiempo, reconoció que el material generó confusiones y se prestó a distintas lecturas, algo que lamentó. Sin eludir responsabilidades propias del oficio, anunció que todos los registros —lo emitido al aire, el material en crudo y cualquier otro archivo relacionado— serían entregados por sus abogados a la Justicia al inicio de la semana.
Los cargos: seguridad nacional y la Ley de Inteligencia
La acusación formal presentada por la Casa Militar no es menor en términos legales. El escrito señala que el contenido del informe expuso sistemas de vigilancia, equipos de comunicación y dispositivos de control de acceso que deben mantenerse bajo reserva. La argumentación jurídica apela a figuras del Código Penal vinculadas a delitos contra la seguridad nacional y también a la Ley Nacional de Inteligencia. El núcleo del argumento oficial es que el material publicado podría facilitar información sobre los movimientos y la rutina de seguridad del presidente Javier Milei. Desde esa lectura, el informe periodístico no sería un ejercicio de transparencia sino una potencial herramienta de inteligencia adversa.
Este tipo de denuncias tiene antecedentes en la historia argentina, aunque en contextos muy distintos. Durante décadas, la figura del "secreto de Estado" fue utilizada en democracia con criterios dispares, a veces para proteger información sensible legítima y otras como escudo frente al escrutinio público. Lo que hace particular a este caso es que los imputados son periodistas acreditados —es decir, con autorización oficial para trabajar en el lugar— y que la denuncia se produjo en el mismo edificio donde desarrollan su tarea cotidiana. La tensión entre el acceso periodístico y los límites de la seguridad presidencial no es nueva, pero raramente alcanzó esta intensidad en tiempos recientes.
Milei y los epítetos: la temperatura del conflicto
El presidente Milei no se mantuvo al margen del episodio. Lejos de delegar la respuesta en voceros o abogados del Estado, tomó la palabra directamente y con un vocabulario que encendió aún más el debate. En sus redes sociales, calificó a Geuna y Salerno como "basuras repugnantes" e "inmundas", y extendió el cuestionamiento a un porcentaje que fijó él mismo: el 95% de quienes portan credenciales periodísticas. También expresó su expectativa de que las consecuencias legales alcanzaran a "los máximos responsables". Las expresiones del mandatario generaron una reacción inmediata en sectores del periodismo y en organizaciones de defensa de la libertad de prensa, que advirtieron sobre el efecto amedrentador que puede tener ese tipo de lenguaje cuando proviene del jefe del Estado.
En paralelo, el Gobierno adoptó otra medida de fuerte impacto simbólico: el cierre de la Sala de Prensa de la Casa Rosada para periodistas acreditados. Geuna se refirió a esa decisión con dureza, aunque sin perder la compostura. La describió como una decisión política que interpela a quienes creen en la libertad de expresión, y expresó su confianza en que los corresponsales afectados puedan retomar su trabajo en el corto plazo. El cierre de ese espacio, históricamente concebido como punto de contacto entre el poder y la prensa, tiene una carga simbólica que va más allá de la logística cotidiana del periodismo de Casa de Gobierno.
Un expediente que puede marcar precedente
Con el expediente ahora en manos del juez Lijo y los abogados de los periodistas comprometidos a aportar todo el material disponible, el caso ingresó en una fase judicial que puede extenderse por meses. Lo que se resolverá en los tribunales es, en última instancia, si filmar pasillos de acceso común en un edificio público —con aviso previo a las autoridades de prensa— configura un delito contra la seguridad del Estado. La respuesta que dé la Justicia tendrá implicancias directas sobre las condiciones de trabajo del periodismo político en Argentina.
Las lecturas posibles sobre este conflicto son, al menos, dos. Desde la perspectiva oficial, existe una preocupación legítima por la seguridad presidencial: si el material permite reconstruir rutinas, dispositivos o puntos débiles en el esquema de protección del primer mandatario, la denuncia tiene sustento más allá del ruido político. Desde la perspectiva del periodismo, la acusación penal contra profesionales acreditados que filmaron zonas de acceso habitual —y que avisaron previamente— puede funcionar como una señal de advertencia hacia toda la prensa que cubre el Ejecutivo. El cierre de la Sala de Prensa suma otro elemento a esa lectura. Cómo se resuelva este capítulo definirá, en buena medida, los márgenes reales del periodismo de Casa Rosada en los próximos años.
