La estrategia judicial llegó primero. Antes de que miles de personas comiencen a transitar las calles porteñas este sábado, dirigentes de la izquierda ya están ante los tribunales buscando garantías para quienes participen en la concentración que el Frente de Izquierda promueve bajo el lema de la "Marcha de la Bronca". La movida no es meramente simbólica: apunta a establecer un paraguas legal que frene —en caso de ser necesario— lo que los promotores consideran como detenciones sin fundamento y respuestas desproporcionadas de las fuerzas de seguridad. En las últimas semanas, las calles argentinas se convirtieron nuevamente en arena de tensión entre ciudadanos que protestan y dispositivos policiales que implementan reglas cada vez más restrictivas para regular esas manifestaciones.
Alejandro Bodart y Celeste Fierro, ambos exdiputados porteños y referentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores, presentaron una acción de habeas corpus que busca salvaguardar a "todas las personas que participen o transiten" por el recorrido programado desde Plaza del Congreso hasta Plaza de Mayo el próximo 19 de septiembre. El planteo ante la Justicia centra su argumentación en los riesgos que genera la aplicación del denominado protocolo antipiquetes, herramienta que el gobierno nacional ha puesto en marcha para regular cortes de calles y bloqueos de vías de circulación. Aunque el escrito aún aguarda asignación de magistrado, la presentación ya marca un punto de quiebre en la forma en que se organizan las resistencias sociales en la actual coyuntura política.
El protocolo en cuestión y sus alcances
El documento presentado ante la Justicia porteña critica directamente el protocolo antipiquetes por lo que consideran sus características más problemáticas. Según lo expuesto por Bodart y Fierro, la norma habilita "la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad sin necesidad de orden judicial previa", lo que genera una situación donde "cualquier reunión o corte parcial de calles" puede ser catalogado como delito flagrante y justifica la aprehensión de manifestantes. Los abogados de la izquierda sostienen que esto vulnera directamente varios derechos resguardados por la Constitución Nacional: la libertad de expresión, el derecho a transitar libremente por espacios públicos y la garantía de reunión pacífica.
En su demanda, los dirigentes izquierdistas pidieron que se ordene a las fuerzas de seguridad actuar conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Además, solicitaron medidas concretas como la identificación visible del personal policial —mediante nombre, apellido y rango— durante el operativo del sábado. La petición incluye también la designación de veedores judiciales que supervisen el accionar de la policía en tiempo real, un mecanismo que busca desalentar potenciales excesos y documentar cualquier incidente que ocurra durante la jornada.
Un antecedente que pesa: la marcha del 6 de agosto
La presentación judicial no surge en el vacío. Los promotores de esta acción de amparo hacen referencia explícita a lo ocurrido durante la masiva manifestación del 6 de agosto contra el proyecto de reforma que buscaba declarar la inviolabilidad de la propiedad privada. En esa oportunidad, según los relatos de los manifestantes y organismos de derechos humanos, "las fuerzas de seguridad avanzaron sobre la protesta", generando "detenciones masivas" que fueron catalogadas como "ilegales" y un "uso desproporcionado de la fuerza". Aquella jornada dejó un saldo de heridos entre los asistentes, ocasionados tanto por efectivos de seguridad nacional como por la policía de la Ciudad. Los dirigentes del MST subrayan que "existe riesgo cierto e inminente de que esta situación se repita", razón por la cual insisten en la necesidad de contar con medidas preventivas y de vigilancia judicial antes de que se desarrolle la nueva manifestación.
El contexto político que rodea estas medidas legales es ineludible. El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, confirmó públicamente que desplegará "un dispositivo especial de control" en la zona donde transcurrirá la marcha. Esta declaración oficial, lejos de tranquilizar a los organizadores, los motivó a acelerar los trámites judiciales para establecer límites explícitos a esa intervención. En palabras de Bodart y Fierro, "el derecho a la protesta es una manifestación esencial de la vida democrática", y su criminalización mediante protocolos que habilitan "represión indiscriminada" constituye "una grave regresión en materia de derechos humanos".
Una manifestación de amplitud convocante
La "Marcha de la Bronca" que se desplegará este sábado no es una iniciativa menor. El Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad reporta que aproximadamente 200 organizaciones se han autoconvocado para participar en la jornada. El lema que vertebra la protesta es "En el camino de derrotar a Milei, su plan y sus cómplices con la huelga general", expresión que sintetiza el núcleo de los reclamos que aglutinan a esta diversidad de espacios políticos y sociales. Los organizadores estiman una asistencia de "varias decenas de miles" de personas, y han anunciado réplicas de la concentración central en distintas ciudades del país, extendiendo así el alcance territorial de la protesta.
La logística de la jornada está diseñada para visibilidad y duración. La concentración inicial frente al Congreso comenzará a las 15:30 horas. Una hora después, el contingente de manifestantes iniciará su marcha hacia Plaza de Mayo utilizando la Avenida de Mayo como eje de desplazamiento. Una vez que confluyan en la plaza histórica, la actividad culminará con la lectura de un documento que expresará críticas a la gestión Milei, a cargo de artistas participantes, seguido del cierre musical con una versión de "La Marcha de la Bronca", composición de Miguel Cantilo que funcionará como himno identitario de la protesta.
El recurso a la vía judicial para resguardar una manifestación pública refleja una estrategia compleja de la izquierda argentina: reconoce que los espacios de protesta enfrentan restricciones crecientes pero confía aún en que la Justicia puede operar como límite a ejercicios de poder considerados ilegítimos. Los próximos días mostrarán si esa confianza encuentre respuesta en los tribunales. Mientras tanto, tanto los convocantes como las autoridades de seguridad ultiman detalles para una jornada cuyo desarrollo dependerá en buena medida de cómo se interprete y aplique el marco legal que rige la manifestación y la respuesta estatal.
