La provincia de Buenos Aires enfrenta uno de sus mayores dilemas políticos en materia de diseño institucional. El gobernador Axel Kicillof ha puesto sobre la mesa un proyecto que busca eliminar las restricciones a la reelección indefinida de intendentes, una medida que, de prosperar, alteraría significativamente el mapa de poder municipal y transformaría las dinámicas electorales de cara a 2027. Lo trascendente del asunto trasciende los intereses personales de los alcaldes: la decisión que adopten los legisladores bonaerenses revelará cuáles son las prioridades reales de cada bloque político cuando estas entran en conflicto directo con sus propias convicciones institucionales.
La historia de esta norma es en sí misma reveladora. En 2016, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, se sancionó una ley que establecía un máximo de dos mandatos consecutivos para los cargos municipales. En aquel momento, quienes impulsaban esta restricción lo hacían desde una posición muy clara: la necesidad de renovación democrática y la prevención de lo que consideraban un riesgo autoritario. El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, fue uno de los principales artífices de esa iniciativa, en un contexto donde su enfrentamiento con el kirchnerismo hacía que la batalla institucional fuera especialmente álgida. Hoy, aquella certeza parece haberse evaporado, al menos entre algunos sectores, mientras que para otros permanece intacta.
El dilema del massismo: coherencia versus interés electoral
La posición del Frente Renovador merece un análisis particular, dado que en cierto sentido resume la tensión central de este debate. Rubén Eslaiman, legislador histórico de esa fuerza y redactor de la ley original, ha sido categórico en sus declaraciones. Según sus propias palabras, revisar aquella iniciativa implicaría cometer un acto de inconsistencia política que considera indefendible. "Hablaría muy mal de mí borrar con el codo lo que escribí con la mano", expresó el dirigente al referirse a la posibilidad de votar a favor de la derogación. Esta postura no es meramente personal: Eslaiman sostiene que ella refleja el pensamiento del conjunto del Frente Renovador, incluyendo a su máximo referente, Massa, quien actualmente preside de manera rotativa la Cámara de Diputados.
Sin embargo, esta claridad de posición contrasta con una realidad incómoda para el massismo. El Frente Renovador cuenta con 17 intendentes en la provincia de Buenos Aires, y de esos diecisiete, varios se verían afectados por la vigencia de la ley que ellos mismos ayudaron a sancionar hace menos de una década. La tentación de revisar aquella decisión debe ser considerable, especialmente cuando Kicillof, quien comanda el gobierno provincial, está promoviendo activamente su derogación. A pesar de ello, la dirección massista ha optado por mantener la línea histórica. Esta decisión, aunque coherente desde el punto de vista de la integridad política, no está exenta de costos internos: implica sacrificar los intereses electorales de una porción significativa de su base municipal, en momentos en que la política nacional se encamina hacia una definición de candidaturas presidenciales.
La incomodidad radical: diecisiete alcaldes en riesgo
Si la posición del massismo es al menos clara, la de la Unión Cívica Radical exhibe todas las características de una tensión genuina sin resolución. Los radicales bonaerenses se encuentran en una situación particularmente complicada. Durante el gobierno de Vidal, su partido fue copartícipe activo de la sanción de la ley que limitaba las reelecciones. Esa decisión respondía a convicciones sobre la calidad institucional y los riesgos de la perpetuación en el poder que, en el contexto de 2016, gozaban de amplio consenso en la coalición opositora al kirchnerismo. Pero hoy, cuando Kicillof impulsa desandar ese camino, la UCR enfrenta un cálculo complejo: de sus 27 intendentes en la provincia, dieciséis quedarían impedidos de presentarse nuevamente si la ley mantiene su vigencia. Eso representa casi el 60 por ciento de su estructura municipal en juego.
Maximiliano Suescun, intendente de Rauch y uno de los referentes radicales más destacados en el gobierno municipal, ha reconocido públicamente la división interna que atraviesa la bancada. "No hay una posición unánime. Algunos creen que los vecinos deciden quién los gobierna y otros consideran que es necesario limitar las reelecciones", afirmó en un diagnóstico que expresa la genuina perplejidad de un sector político atrapado entre sus principios y sus intereses. El Foro de Intendentes Radicales, que Suescun preside, aún no ha adoptado una posición oficial sobre la derogación que Kicillof propone. Un cónclave programado para la localidad de Lobos próximamente podría ser escenario de definiciones, aunque formalmente no ha sido convocado para tratar específicamente este asunto. La asistencia prevista de sesenta intendentes sugiere que, aunque no sea el orden del día oficial, el tema capturará inevitablemente las conversaciones y comenzará a cristalizar posiciones que luego impactarán en la Cámara de Diputados.
Los números: la geometría electoral de la reforma
El alcance potencial de esta reforma puede cuantificarse de manera precisa. En la provincia de Buenos Aires hay 135 intendentes distribuidos en distintos municipios. De ese total, ochenta alcaldes quedarían imposibilitados de presentarse en los próximos comicios si la ley sancionada durante la gestión Vidal mantiene su vigencia en 2027. Esa cifra es lo suficientemente significativa como para explicar por qué Kicillof está invirtiendo capital político en promover la derogación. De los ochenta intendentes afectados, cincuenta y tres pertenecen a Unión por la Patria, la coalición oficialista. Esto quiere decir que, sin esta reforma, el peronismo perdería automáticamente más de la mitad de su base municipal en las próximas elecciones. Para un gobernador que está construyendo su candidatura presidencial para 2027, mantener y fortalecer esa estructura territorial resulta crucial. De los dieciséis intendentes restantes que quedarían inhabilitados, veintisiete provienen de la UCR o del vecinalismo. Estos números explican por qué Kicillof, en sus conversaciones con los radicales, ha modulado un discurso de "acompañamiento" hacia los municipios, presentándose como contrapeso ante lo que considera el abandono que el gobierno nacional les dispensa.
El gobernador no solo busca satisfacer los intereses de sus propios alcaldes. También ha cultivado vínculos fluidos con muchos radicales, cuyo comportamiento en la Legislatura tiende a ser significativamente más dialoguista que el de La Libertad Avanza. Esta realidad refuerza la estrategia de Kicillof de vincular la reforma a un eje más amplio: la defensa de los municipios frente al centralismo de la Casa Rosada durante la administración Milei. El proyecto de derogación ha sido presentado por la senadora Ayelén Durán, quien cuenta con el aval del ministro Andrés "Cuervo" Larroque y del presidente del bloque peronista en el Senado, Sergio Berni. Durán proviene del kirchnerismo tradicional y ahora integra el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que Kicillof ha lanzado para posicionarse en la disputa presidencial. Esta composición de apoyos refleja cómo la iniciativa ha sido tejida para contar con legitimidad dentro del peronismo.
La oposición a esta derogación viene de múltiples frentes. Pro y La Libertad Avanza han anticipado claramente su rechazo, aunque ambas fuerzas tienen intendentes que se beneficiarían de la reforma. La Libertad Avanza cuenta con un alcalde afectado, Diego Valenzuela, mientras que Pro tiene siete. El argumento que estas fuerzas esgrimieron es que la derogación implicaría un retroceso democrático, un regreso a los "cargos eternos" que caracterizaron períodos anteriores de la política bonaerense. El Pro, en particular, ha enfatizado que la intención de Kicillof es únicamente "blindar a su tropa de intendentes" para sostener su "fantasía presidencial", aunque formalmente hayan abandonado sus críticas al legado de Vidal en otros terrenos.
Las implicancias de un voto que revelará prioridades reales
Lo que hace particularmente significativa esta batalla legislativa es que trasciende la mera cuestión de reelecciones municipales. Se trata de una prueba de fuego sobre cuáles son las prioridades reales de cada actor político cuando estas entran en tensión abierta. Para el massismo, la coherencia institucional ha prevalecido sobre los intereses municipales inmediatos. Para los radicales, aún está por verse si prevalecerán las convicciones que formalmente mantienen o si la presión de diecisiete intendentes en riesgo de inhabilitación conseguirá reorientar sus votos. El peronismo, por su parte, exhibe grietas en su propia bancada, especialmente entre el Senado (donde la mayoría de los integrantes son kirchneristas) y la Cámara baja, donde los diputados del Frente Renovador observan atentamente los movimientos. La posición que finalmente adopten los radicales en la Cámara de Diputados podría ser determinante. Sin su apoyo, Kicillof difícilmente consiga los votos necesarios para derogar una norma que fue sancionada con amplio consenso hace apenas ocho años.
Si la derogación prospera, la provincia de Buenos Aires habrá validado nuevamente la premisa de que los límites a la reelección son menos rígidos que lo que las leyes formalmente establecen, y que pueden ser revisados cuando intereses electorales significativos así lo demanden. Si, por el contrario, la ley se mantiene vigente, se habrá reafirmado el principio de que las decisiones sobre diseño institucional no son simplemente susceptibles de revisión según conveniencias electorales coyunturales. En ambos escenarios, la política bonaerense y nacional recibirá mensajes claros sobre cuáles son los mecanismos reales de decisión cuando las instituciones y los intereses entran en conflicto directo.
