El engranaje institucional del Consejo de la Magistratura se puso en movimiento esta semana para convocar a declaración indagatoria a Cristina Pozzer Penzo, la magistrada federal radicada en Goya, provincia de Corrientes, que encabezó la investigación judicial sobre la desaparición de Loan Peña. La decisión surgió de una sesión de la Comisión de Acusación donde confluyeron distintos reclamos contra funcionarios judiciales, exponiendo las tensiones internas que atraviesan los órganos de control del sistema judicial argentino en tiempos de polarización política.
La convocatoria a la magistrada correntina no representa un hecho aislado, sino que se inscribe en un movimiento más amplio de revisión de conductas de jueces federales. La citación fue solicitada por Álvaro González, consejero vinculado a la bancada del PRO, quien invocó el artículo 20 del reglamento del Consejo —dispositivo que funciona como equivalente a una indagatoria, garantizando a la magistrada la posibilidad de presentar sus descargos de manera formal. La aprobación fue unánime, señal de que al menos en este punto no hubo fisuras dentro de la comisión. Sin embargo, el panorama cambiaría considerablemente al abordar otros expedientes con mayor carga política.
Las acusaciones contra Pozzer Penzo: un abanico de denuncias
Los cargos que pesan sobre la jueza Pozzer Penzo provienen de múltiples flancos. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación presentó denuncias que incluyen acusaciones de hostigamiento laboral, abuso de autoridad, abandono de funciones y trato discriminatorio hacia colegas del juzgado. Entre los aspectos más polémicos figura la presunta intervención de su hija en la estructura administrativa de la dependencia judicial, una práctica que, de confirmarse, violaría protocolos básicos de segregación de funciones y conflictos de interés en instituciones públicas. Estos cuestionamientos cobran particular relevancia considerando que Pozzer Penzo tuvo bajo su responsabilidad un expediente de trascendencia nacional, lo que significa que sus métodos de gestión institucional pueden haber impactado directamente en la calidad de la investigación y en el trato brindado a los actores involucrados en el caso.
El llamado a indagatoria le permitirá a la magistrada presentar sus argumentos y explicaciones ante el organismo de control. Este procedimiento, aunque formal y garantista, representa un punto de inflexión en la trayectoria de Pozzer Penzo, obligándola a justificar públicamente sus decisiones administrativas y su conducta dentro del juzgado federal. La sesión fue presidida por Alberto Maques, quien encabeza la Comisión de Acusación, y contó con la participación de diputados y senadores de diferentes bloques parlamentarios, tanto de forma presencial como virtual.
Divisiones políticas en torno a otros magistrados cuestionados
Mientras que la convocatoria a Pozzer Penzo logró consenso, la sesión evidenció profundas fisuras al tratar otros casos que involucran a jueces federales. El caso más revelador fue el del juez Alejandro Patricio Maraniello, magistrado en lo civil y comercial federal, quien enfrenta acusaciones por maltrato laboral, acoso y hasta denuncias de abuso sexual presentadas por una empleada que renunció a su puesto tras relatar los hechos. Durante semanas, la comisión tomó testimonio a múltiples denunciantes y superiores del magistrado, acumulando expedientes que presuntamente acreditarían conducta indebida. Las investigaciones incluyeron cuestionamientos sobre la forma irregular en que Maraniello manejaba los recursos del juzgado y su utilización de personal judicial para tareas vinculadas a una asociación de derecho constitucional que él mismo dirigía.
Luis Juez, senador que impulsó la investigación contra Maraniello, argumentó durante la sesión que se habían agotado las etapas instructoras y que existían elementos suficientes para solicitar la destitución del magistrado. Sin embargo, Rodolfo Tailhade, diputado del bloque kirchnerista, se opuso a avanzar sin antes atender los pedidos de prueba formulados por la defensa del juez, incluyendo informes psiquiátricos de los denunciantes. Tailhade cuestionó que los testimonios escuchados no fueran "contundentes como deberían" y sugirió posponer la definición. Esta diferencia de criterios sobre qué constituye prueba suficiente para acusar a un magistrado reflejó la brecha política que separa a los integrantes de la comisión. Juez contraatacó indicando que conocía "el nivel de protección a Maraniello" y que solo el empuje de su investigación había permitido llegar a ese punto. Finalmente, la comisión optó por diferir la decisión sobre Maraniello hasta una próxima reunión.
El caso Arroyo Salgado y la tensión entre jurisdicción y política
El tercer eje de la sesión giró en torno a Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, denunciada por las detenciones que ordenó contra militantes que protestaban en la vivienda del exdiputado libertario José Luis Espert tras arrojar excrementos en el lugar. Los arrestos ocurrieron en el contexto posterior a la detención de la expresidenta Cristina Kirchner. El diputado Gonzalo Roca, de la bancada de La Libertad Avanza, impulsó desestimar la denuncia contra Arroyo Salgado, argumentando que las detenciones fueron correctas. Tailhade y Vanesa Siley, también de extracción kirchnerista, se opusieron vehementemente. Señalaron que la Cámara de Apelaciones de San Martín había revocado la actuación jurisdiccional de Arroyo Salgado y que su proceder constituía abuso de poder. Siley afirmó que no querían "darle punto final" a un caso donde supuestamente se mezcló lo jurisdiccional con lo político. Roca acusó a sus opositores de exactamente lo opuesto: mezclar lo político con lo judicial. La votación resultó favorable al cierre, con apoyo de Juez, Maques, González y Roca, dejando el resultado sujeto a refrendación en el próximo plenario.
Más allá de estos tres expedientes principales, la sesión también abordó la situación del juez Alfredo López, quien enfrenta un jury de enjuiciamiento por expresiones antisemitas. Según informó Maques, el jurado tuvo que desalojar la sala de audiencias cuando tanto López como Juez, en representación del Consejo, pidieron su destitución. El veredicto se espera sea anunciado después del período de receso judicial.
Los sucesos en el Consejo de la Magistratura ilustran una realidad estructural del sistema de control judicial argentino: la imposibilidad de separar completamente las evaluaciones sobre conducta magistrada de las lecturas políticas que cada bloque parlamentario efectúa sobre esos hechos. La convocatoria a Pozzer Penzo marcha hacia adelante sin resistencia, pero los casos de Maraniello y Arroyo Salgado quedan atrapados en negociaciones donde la línea entre defensa de garantías procesales y resistencia política resulta difusa. Las próximas reuniones definirán si los magistrados acusados pueden ser destituidos o si los acuerdos implícitos permiten que continúen en sus cargos. Independientemente del resultado, la dinámica evidencia cómo el poder judicial argentino permanece atravesado por conflictividades que trascienden las competencias técnicas, modulando decisiones que afectarán instituciones, precedentes y, en última instancia, el acceso a justicia de la ciudadanía.
