La maquinaria judicial pone en movimiento lo que durante más de dos décadas permaneció prácticamente inmóvil. Un proceso complejo que involucra acusaciones de fraude masivo, desvío de fondos estatales y el aprovechamiento sistemático de la desesperación de familias que buscaban cumplir el sueño de tener un techo propio finalmente llegará a la instancia de juicio oral y público. Esto representa un punto de quiebre en una historia que se construyó sobre la base de promesas verbales, documentos firmados sin respaldo legal y dinero en efectivo que desapareció en las estructuras de una cooperativa de viviendas que operó en Neuquén durante más de dos décadas. Lo que cambió en esta coyuntura es que los engranajes de la justicia ahora avanzan con una dirección clara: demostrar si existió o no intención deliberada de estafar, si hubo enriquecimiento ilícito y si la estructura de la cooperativa funcionó como un mecanismo de captación de recursos diseñado específicamente para beneficiar a un círculo reducido mientras dejaba en el camino a cientos de damnificados.

El centro de esta investigación judicial gira alrededor de tres personas acusadas de ejecutar 49 hechos de estafa a través de una cooperativa que llegó a congregar a más de 11 mil afiliados. Los imputados son quien fue director provincial de Hábitat y Urbanismo, su secretaria en la organización y la tesorera que manejaba los fondos. Desde la fiscalía se sostiene que utilizaron una estrategia deliberada: presentar a las familias desesperadas por acceder a una vivienda propias promesas sobre desarrollos urbanísticos que carecían de los requisitos legales básicos para concretarse. Los proyectos inmobiliarios se denominaban Sirena y Meseta, y ofrecían lotes de 200 metros cuadrados con servicios de agua, luz y calles. Para que las familias accedieran a estas ofertas, debían pagar una cuota social mensual, realizar aportes extraordinarios para el loteo y esperar aproximadamente cinco años. Todo el dinero se recolectaba en efectivo en las oficinas de la cooperativa, un mecanismo que facilitaba el manejo discrecional de los fondos sin registros claros que permitieran rastrear su destino final.

La arquitectura del engaño: promesas sin sustento legal

Aquello que diferencia este caso de un simple incumplimiento contractual es la naturaleza de las promesas realizadas. Los acusados no ofrecían terrenos que poseían; ofrecían terrenos que no eran propiedad de la cooperativa. En el caso del proyecto denominado Meseta, se comprometieron con las familias que los lotes ingresarían al ejido urbano de la ciudad mediante la aprobación de una ley provincial. Ese trámite legislativo nunca se concretó. Sin embargo, continuaron cobrando. Los vecinos pagaban mes a mes, año tras año, confiando en que el proceso avanzaba, cuando en realidad estaban contribuyendo a un proyecto que carecía del fundamento legal más elemental. La tesorera de la cooperativa cumplió un rol que la investigación describe como central: cobraba directamente de los adherentes y manejaba esos fondos bajo órdenes directas de quien encabezaba la organización. Esto convierte el delito en algo más que negligencia administrativa; sugiere una cadena de mando clara en la cual cada actor conocía su rol específico dentro de la operación.

Lo que revela la investigación tiene dimensiones que trascienden lo puramente económico. Aproximadamente 340 familias realizaron denuncias formales en los tribunales de Neuquén. En el caso del barrio Sirena Unificada, existen 200 familias reclamando mientras apenas 90 casas fueron terminadas. En el proyecto Meseta, sobre 400 lotes ofrecidos, 120 familias presentaron demandas porque descubrieron que las tierras se ubicaban fuera del ejido municipal, en plena estepa, a 12 kilómetros del centro urbano, sin acceso a servicios ni infraestructura. Los números exponen la brecha entre lo prometido y lo ejecutado. Pero existe un detalle que agudiza la percepción del delito: mientras cientos de vecinos pagaban y esperaban, miembros de la familia del principal acusado sí lograron acceder a las viviendas que la cooperativa financiaba con fondos públicos. Sus hijas, su hermana, su cuñada, su sobrina y la hermana de su cuñada obtuvieron los dúplex que se ofrecían a precio de mercado a los adherentes comunes. Cuando se le preguntó sobre esto, el acusado intentó naturalizar la situación argumentando que se trataba de socios con antigüedad en la cooperativa, como si el criterio de antigüedad neutralizara la evidente contradicción moral de beneficiar a allegados mientras se defraudaba al resto.

Dos décadas de opacidad y poder político

Lo que permite que un sistema de estas características funcione sin interrupción durante más de veinte años tiene explicaciones que exceden el ámbito estrictamente penal. El acusado construyó una carrera política sobre la base del capital social que le otorgaba la gestión de la cooperativa. Manejaba un volumen electoral considerable: 11 mil afiliados en una ciudad de 290 mil habitantes representa un peso político significativo que no puede ignorarse. Gobernadores de distintos partidos políticos lo toleraron. El poder político local lo respaldó. Él mismo escaló desde su posición como director de la cooperativa a director municipal de urbanismo en 2022 y luego a director provincial de Hábitat y Urbanismo en 2023, una promoción que suponía que pasara de gestionar fondos privados de la cooperativa a administrar recursos públicos destinados a vivienda social. Esta trayectoria no es casual; refleja cómo el sistema político local absorbió a alguien cuyas prácticas operacionales ya estaban siendo cuestionadas. Una denuncia penal en 2019 por venta de terrenos del Ejército Argentino no resultó en su marginalización sino en su ascenso dentro de la administración pública.

Los testimonios de las familias damnificadas revelan el mecanismo psicológico mediante el cual operaba la captación de recursos. La confianza se construía gradualmente. El acusado realizaba actos políticos en los barrios, hacía promesas específicas con plazos definidos, hablaba informalmente con los vecinos, generaba la sensación de que era un vecino más que había logrado posiciones de poder. Decía cosas como "en 15 días tenés tu duplex" o sugerías que los vecinos comenzaran a medir los espacios para colocar portones, como si el trámite burocrático estuviera a punto de resolverse. Mientras tanto, recaudaba. Un vecino de 76 años relata que durante 19 años pagó la cuota de la cooperativa sin atrasarse ni una sola vez, asistió a los actos convocados y confió en las promesas. Otro vecino describe cómo le pedían dinero para diferentes conceptos que supuestamente acelerarían el proceso: paredones, remoción de suelo, cordón cuneta. La fórmula es clásica en los esquemas de defraudación: generar una sensación de progreso constante mediante pequeños pagos adicionales que nunca culminan en la entrega del producto prometido.

El juez de garantías ha declarado la causa como compleja, lo que significa que la fiscalía cuenta con seis meses adicionales para profundizar la investigación antes de que comience el juicio oral. Durante esos meses, se presentarán pruebas, se examinarán registros financieros, se analizarán los contratos firmados y se escucharán los testimonios de los afectados. El monto total de las demandas interpuestas por las 340 familias alcanza 1.300 millones de pesos. Los activos embargados por orden judicial hasta el momento ascienden a 350 millones en cuentas bancarias bloqueadas, 4 camionetas incautadas y 80 lotes en los ejidos de Plottier y Centenario sujetos a embargo preventivo. Estos números, aunque representan un respaldo procesal importante, no compensan a quienes invertieron ahorros de toda una vida en la esperanza de acceder a una vivienda propia.

Las consecuencias de un proceso abierto

Lo que suceda en los próximos meses y en el juicio oral que seguirá tendrá implicancias que van más allá del caso específico. Por un lado, una condena en este tipo de causa enviaría una señal sobre los límites de lo tolerable en la gestión de fondos destinados a vivienda social, un área históricamente vulnerable a irregularidades. Establecería un precedente sobre la responsabilidad penal de los funcionarios que administran recursos públicos cuando esos recursos se desvinan hacia beneficiarios conectados políticamente. Por otro lado, un resultado absolutorio o una sentencia que minimize las responsabilidades podría reforzar la percepción de que los sistemas de control funcionan lentamente y con poca efectividad cuando se trata de casos que involucran a dirigentes con poder político. La cooperativa, curiosamente, continúa operando. Anunció recientemente el proyecto Sirena V con 4.500 viviendas, espacios verdes, escuelas, canchas y ciclovías. Esta persistencia, mientras sus responsables enfrentan la justicia y miles de familias aguardan resoluciones, plantea interrogantes sobre quién supervisa estas operaciones y cuáles son los mecanismos de control disponibles para evitar que dinero de nuevos afiliados financie deudas contraídas con afiliados anteriores.