El giro judicial que sorprendió a los acusados

El circuito de decisiones judiciales que rodea el procesamiento de empresarios implicados en el escándalo de las coimas documentadas en cuadernos acaba de experimentar un quiebre significativo. La Cámara Federal de Casación, el organismo encargado de revisar resoluciones de tribunales inferiores, determinó desandar el camino que había abierto el tribunal oral responsable del juicio público. En concreto, ordenó reponer el bloqueo de activos financieros radicados en instituciones bancarias suizas y reactualizar embargos sobre inmuebles que formaban parte del patrimonio de Juan Carlos De Goycochea, un empresario vinculado al grupo Isolux Corsan. Las medidas que hoy vuelven a estar vigentes habían sido levantadas meses atrás por decisión de los magistrados que conducen las audiencias orales. Este giro hacia atrás en el procedimiento no constituye un hecho menor: los analistas judiciales advierten que sus consecuencias se extenderán hacia otros procesados que presentaron planteos similares, lo que podría significar un endurecimiento generalizado del cerco patrimonial sobre múltiples actores involucrados en esta trama de corrupción que se remonta a más de una década.

Las razones del tribunal de casación

La decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación se adoptó por mayoría, con los votos favorables de Gustavo Hornos y Javier Carbajo, mientras que Diego Barroetaveña se apartó de esa posición. Los camaristas que integraron la mayoría fundamentaron su resolución en aspectos procedimentales y sustantivos que merecen desagregarse. En primer lugar, criticaron la falta de argumentación suficiente del tribunal oral para justificar por qué levantaba las medidas. Los magistrados de casación enfatizaron que el proceso judicial aún se encuentra en desarrollo, con declaraciones de testigos y pruebas siendo presentadas públicamente. Bajo estas circunstancias, señalaron, resulta prematuro desmantelar dispositivos de seguridad patrimonial diseñados justamente para garantizar que eventuales condenas no queden en el aire por falta de bienes sobre los cuales ejecutarlas. El propósito original de mantener congelados los fondos suizos, los inmuebles embargados y la inhibición general de bienes, explicitaron los camaristas, es asegurar recursos suficientes para afrontar multas, indemnizaciones, sanciones económicas, costas procesales y la recuperación de bienes que hubieran provenido de delitos de lavado de dinero.

Un argumento que ganó peso en la decisión del tribunal de casación refiere a la desactualización de los montos embargados. Los jueces recordaron que la última vez que se ajustó el valor del embargo sobre los bienes de De Goycochea fue el 19 de abril de 2023. Desde esa fecha hasta el presente han transcurrido más de dos años y medio, período durante el cual Argentina experimentó transformaciones económicas radicales. La inflación acumulada, los cambios en el tipo de cambio y la volatilidad de la moneda nacional generaron un deterioro significativo del poder adquisitivo de cualquier cifra fija. Los magistrados de casación advertían que el tribunal oral no había contemplado esta realidad cuando tomó la decisión de levantar los embargos. En otras palabras: aunque hubiera sido válida la decisión de desmantelar las medidas cautelares en aquel momento, la ausencia de actualización provocaba que, de hecho, cualquier embargo resultara ilusorio frente a la pérdida de valor que sufrió la moneda argentina en el período.

El núcleo de la acusación: una década de presuntos sobornos

Para contextualizar la envergadura de este caso, es necesario remontarse a lo que investiga la justicia. Se sospecha la existencia de una asociación ilícita integrada por funcionarios públicos y empresarios que operó entre 2003 y 2015. La hipótesis central de los fiscales sostiene que esta estructura tuvo como finalidad organizar un engranaje de recaudación de fondos a través del cual circulaba dinero ilícito destinado al enriquecimiento privado de sus integrantes. Pero además, según se investiga, parte de esos recursos se utilizó para financiar la comisión de otros delitos. En el caso específico de De Goycochea, la acusación se sostiene en dieciocho transferencias de dinero que habría efectuado en calidad de representante de Isolux Corsan, una empresa española especializada en obras de infraestructura. Estas dieciocho operaciones financieras se investigan como presuntos sobornos entregados a funcionarios nacionales con el objeto de preservar los contratos que la empresa mantenía con el Estado argentino. De manera más específica, el núcleo del negocio imputado giraba en torno a la obtención de la adjudicación de la Central Termoeléctrica Río Turbio, una obra de magnitud que requería mantener relaciones fluidas con la administración pública.

Los fondos suizos: de dólares congelados a dólares congelados de nuevo

Una parte sustancial de la investigación criminal giró en torno al descubrimiento de depósitos bancarios radicados en suelo helvético. La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo argentino responsable de detectar movimientos financieros sospechosos, fue quien identificó estas cuentas. El juez que originariamente investigaba la causa, Claudio Bonadio (fallecido durante el proceso), dispuso su bloqueo inmediato. En el momento en que fueron identificadas estas cuentas, De Goycochea y su esposa figuraban como titulares y beneficiarios finales de dos depósitos. Una cuenta radicada en el Intesa San Paolo Private Bank de Lugano contenía aproximadamente 5,5 millones de dólares al 2 de noviembre de 2018. Simultáneamente, otra cuenta en UBS Switzerland AG acumulaba alrededor de 8,4 millones de dólares en diciembre de ese mismo año. La combinación de ambas cuentas sumaba cifras superiores a los trece millones de dólares. El tribunal oral, mediante una votación mayoritaria en la que participaron Enrique Méndez Signori y Fernando Caney, decidió desbloquear estos fondos en un momento anterior. La disidencia de Germán Castelli quedó registrada. Ahora, la decisión de casación ordena que vuelvan a congelarse, mientras que el tribunal oral debe proceder a actualizar los montos embargados sobre dos inmuebles ubicados en la provincia de Chubut.

La versión de quien decidió confesar

Un aspecto notable del caso radica en el rol de De Goycochea como arrepentido. Apenas fue detenido, el empresario optó por colaborar con la justicia mediante una estrategia de confesión parcial. Admitió haber realizado pagos a funcionarios del gobierno durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, su testimonio introdujo matices significativos respecto de la versión fiscal. De Goycochea sostiene que los montos pagados fueron inferiores a los que documentara el chofer Oscar Centeno en sus anotaciones personales. Según su relato, no actuaba por iniciativa propia ni por una estrategia empresarial deliberada, sino bajo presión ejercida por funcionarios que le "apretaban" pidiendo dinero para financiar campañas electorales. En su versión, la alternativa era incumplir con los requerimientos de la administración pública, lo cual hubiera puesto en riesgo los contratos de su empresa. De Goycochea negó específicamente haber transferido seis millones de dólares, cifra que surge de los registros del chofer Centeno. Rechazó que esta cantidad fuera depositada en manos de Roberto Baratta, señalado como mano derecha del ex ministro Julio de Vido, con el supuesto destino final de Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner.

La documentación del chofer Centeno ofrece una narrativa que contrasta radicalmente con el relato del empresario. Según las anotaciones que motivaron el inicio de esta causa, Centeno presenció operaciones de dinero de gran envergadura. En una de ellas, describe haber transportado a Baratta a Maipú 742 (ubicación que se refiere a un edificio en el barrio porteño de San Nicolás), donde el funcionario se reunió con otras personas. Posteriormente, cuenta Centeno, Baratta descendió del departamento cargando una valija de aproximadamente noventa centímetros de largo por cuarenta de ancho y veinte de alto. El chofer estima que pesaba alrededor de cuarenta kilos y afirma que contenía dinero. Luego transportó a Baratta a su departamento particular y posteriormente lo llevó al ministerio. En la anotación, Centeno consigna que "las personas son de Isolux-Corsan" y que "en la valija había más o menos 6 millones de dólares". Esta descripción detallada sirvió como punto de partida para toda la investigación que terminaría involucrando a De Goycochea.

Prospectiva: cómo resuena esta decisión en el panorama judicial

La decisión de la Cámara de Casación de reponer medidas cautelares genera múltiples lecturas sobre el futuro del caso. Por un lado, abre la posibilidad de que otros procesados que presentaran demandas similares vean sus propios patrimonios nuevamente sometidos a restricciones. Esto amplificaría significativamente el alcance del cerco patrimonial y reduciría los márgenes de maniobra económica de los imputados durante el transcurso del juicio oral. Por otro lado, la decisión sienta un precedente sobre cómo los tribunales de casación evalúan la actualización de medidas cautelares en contextos de inflación elevada, un dilema que se ha tornado particularmente relevante en el contexto económico argentino de los últimos años. Algunos analistas observan que el fallo refuerza la posición de la fiscalía en una causa cuya complejidad ha generado tensiones permanentes sobre cuál debe ser el equilibrio entre derechos de los acusados y protección del patrimonio del Estado. Otros destacan que la reactualización de embargos por inflación constituye un aspecto técnico-contable que debería haberse contemplado de manera automática en lugar de requerir una intervención de un tribunal de casación. De todas formas, lo que permanece claro es que el resultado de estas instancias judiciales determina las condiciones en que los imputados enfrentan el desarrollo del juicio oral, generando consecuencias tanto en el plano jurídico como en la dimensión patrimonial de sus vidas.