La ciudad de Buenos Aires enfrenta hoy una encrucijada presupuestaria que expone las fracturas del tablero político local. A través de una sesión legislativa clave, el jefe de Gobierno busca ampliar las partidas fiscales en $2,6 billones para ajustar las cuentas públicas a una realidad económica muy distinta a la que se imaginó hace apenas cuatro meses. Lo que comenzó como un cálculo técnico de readecuación inflacionaria se ha convertido en un pulso político donde cada voto cuenta y donde la abstención puede resultar tan determinante como el apoyo explícito. Esta votación revela fracturas profundas no solo entre el gobierno y la oposición, sino también dentro de los propios bloques que buscan incidir sobre las políticas de la capital.
El desfasaje que nadie previo
Hace apenas cuatro meses, en diciembre pasado, la Legislatura porteña aprobó un presupuesto que parecía ajustado a las proyecciones disponibles en ese momento. Sin embargo, la dinámica de los precios ha corrido desenfrenada. Según los registros del índice de precios al consumidor en la Ciudad, el mes de marzo acumuló una inflación de 3,0%. Cuando se proyecta hacia adelante, las cifras se vuelven vertiginosas: en lo que va del año, la inflación acumulada alcanza 8,9%, mientras que en términos interanuales la suba es de 32,1%. Los números son contundentes: lo que se estimó como inflación anual total en el presupuesto original ya fue superado apenas cuatro meses después, incluso antes de que termine el primer trimestre del ejercicio.
Desde la administración pública porteña advierten que este desajuste obliga a readecuar las partidas. Las expectativas de crecimiento de gastos que se consideraron al redactar el presupuesto hace meses resultaron insuficientes ante una inflación que aceleró más de lo esperado. Se trata de un fenómeno que viene sucediéndose de manera recurrente en los últimos años: las proyecciones macroeconómicas resultan constantemente optimistas frente a la dinámica real de los precios. La brecha entre lo previsto y lo efectivo genera presiones sobre los servicios, los salarios de empleados públicos y el mantenimiento de infraestructuras. Ampliar el presupuesto deja de ser entonces una cuestión de discrecionalidad política y se convierte en una necesidad de gestión.
Un tablero donde ninguno tiene mayoría clara
La coalición oficialista que gobierna la ciudad se presenta bajo la denominación Vamos por Más, integrada por Pro y la Coalición Cívica. Su fortaleza radica en una base de 12 legisladores propios. Sin embargo, para alcanzar los votos necesarios, el bloque macrista ha debido negociar con sectores dialoguistas del arco opositor. Dos agrupaciones han mostrado disposición al acuerdo: Ciudadanos Unidos, la bancada radical conducida por Manuela Thourte, que aporta 5 legisladores, y Confianza y Desarrollo, el espacio vinculado a Horacio Rodríguez Larreta, encabezado por Emmanuel Ferrario, que suma 6 legisladores. Con estas incorporaciones, el oficialismo alcanzaría 23 votos afirmativos, cifra que superaría el umbral de los 21 legisladores necesarios para vencer la oposición.
La matemática legislativa se complica porque Fuerza por Buenos Aires, la bancada peronista conducida por Claudia Neira, se ha posicionado en abierta oposición. Se trata de uno de los dos bloques más numerosos de la Legislatura. Durante el debate en comisiones, el peronismo ya había expresado sus reparos sobre la ampliación presupuestaria, y ahora mantiene esa línea argumentativa en el recinto. Pero la verdadera incógnita la representa La Libertad Avanza, la otra bancada de considerable peso con 14 legisladores bajo la dirección de Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en el territorio porteño. Los libertarios han optado por la abstención. Esta decisión, negociada en el marco de acuerdos sobre actualización de impuestos de Ingresos Brutos, modifica el escenario dramáticamente. A diferencia de un voto en contra, la abstención no constituye un obstáculo infranqueable para una iniciativa que no requiere mayorías especiales.
Libertarios, peronistas y la lógica de los votos ausentes
El comportamiento de La Libertad Avanza merece un análisis específico. Durante el mandato de Javier Milei en la presidencia, los libertarios promovieron un programa de desgravaciones fiscales y simplificación tributaria que choca con los esquemas tradicionales de recaudación local. Sin embargo, su decisión de abstenerse en lugar de votar en contra del presupuesto ampliado revela una compleja ecuación política. Según información disponible, una de las contrapartidas del acuerdo de abstención fue la actualización de los valores de facturación de Ingresos Brutos, aunque este ajuste se mantendría por debajo de la inflación acumulada. Para los libertarios, esta opción les permite no bloquear directamente el proyecto oficialista mientras aseguran algunas concesiones en materia fiscal. Para el macrismo, la abstención es prácticamente equivalente a un apoyo en términos de viabilidad aritmética.
El peronismo, entretanto, mantiene su oposición tanto a la ampliación presupuestaria como a otras iniciativas que se tratarán en la sesión de hoy. Claudia Neira y su bloque consideran que el incremento presupuestario sin cambios estructurales en la recaudación fiscal perpetúa un modelo que consideran insuficiente para atender las necesidades de la ciudad. Esta posición refleja una visión alternativa sobre cómo debe financiarse la expansión del gasto público en el distrito más poblado del país.
Regímenes de inversión: otra batalla en el mismo recinto
La agenda legislativa de hoy también incluye dos instrumentos de promoción fiscal que amplían el alcance de la jornada. El gobierno impulsa la adhesión de Buenos Aires al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), un programa diseñado a nivel nacional por la administración Milei que busca atraer inversión extranjera mediante desgravaciones tributarias. Simultáneamente, se propone crear el Régimen de Incentivos a las Medianas Inversiones (RIMI CABA), orientado específicamente a pequeñas y medianas empresas radicadas en territorio porteño. Este segundo régimen busca promover inversiones productivas cuyo monto oscile entre 150 mil y 9 millones de dólares.
El macrismo ha expresado su intención de acompañar ambas iniciativas, movimiento que responde a la necesidad de mantener una relación funcional con La Libertad Avanza en su territorio. El jefe de Gobierno busca preservar la llamada "buena sintonía" con el partido gobernante a nivel nacional. Sin embargo, el peronismo presenta un frente alternativo. Claudia Neira y su bloque defienden la creación del Régimen de Expansión Productiva Porteña (REPP), un esquema que según sus impulsores no establece pisos mínimos de inversión para acceder a beneficios fiscales. Según la argumentación peronista, el REPP permitiría que cualquier monotributista o microempresa certificada como MiPyME que invierta en la ciudad acceda a incentivos, independientemente del volumen de capital movilizado. Neira ha señalado que el RIMI CABA excluiría al 90% del comercio porteño, al requerir montos mínimos de inversión que la mayoría de pequeños comerciantes no pueden alcanzar. Para el peronismo, la inversión de un pequeño comerciante tiene idéntico valor productivo que la de una empresa mediana, por lo que no debería existir discriminación basada en la escala.
Implicancias y escenarios futuros
La sesión de hoy determina más que cifras presupuestarias. El resultado del voto sobre la ampliación de $2,6 billones incidirá sobre la gobernabilidad local de los próximos meses. Si el oficialismo logra sancionar la iniciativa, consolidará su capacidad para impulsar modificaciones presupuestarias sin depender únicamente del peronismo, demostrando que puede gobernar mediante coaliciones temporales con sectores dialoguistas y la abstención de actores clave. Alternativamente, una derrota del proyecto oficialista señalaría los límites de su apoyo legislativo y abriría interrogantes sobre su capacidad de respuesta ante futuras crisis económicas.
El debate sobre los regímenes de incentivos, por su parte, expondrá visiones contrapuestas sobre el rol del estado en la atracción de inversiones. El modelo del RIMI CABA, con pisos mínimos, responde a una lógica de selección y priorización de grandes operaciones. El REPP, sin pisos, refleja una perspectiva que busca democratizar el acceso a beneficios fiscales. Estas no son simplemente opciones técnicas de política fiscal; representan concepciones diferentes sobre qué tipo de economía debe promoverse en la ciudad.
Los resultados de las votaciones de hoy tendrán consecuencias que se extenderán más allá del plano legislativo. Una victoria oficialista en la ampliación presupuestaria podría reforzar la posición de Macri en negociaciones futuras con bloques dialoguistas, mientras que un triunfo peronista lo debilitaría. Respecto a los regímenes de incentivos, su aprobación o rechazo marcará el rumbo de las políticas de inversión en los próximos años. Ambos escenarios contendrán implicancias sobre el empleo, la recaudación tributaria, el crecimiento económico local y la distribución de oportunidades entre diferentes segmentos empresariales. Lo que suceda en el hemiciclo esta jornada no es simplemente un ejercicio de conteo de votos, sino un momento donde confluyen distintas visiones sobre cómo debe gobernarse, financiarse y desarrollarse la ciudad en tiempos de turbulencia macroeconómica.
