El engranaje electoral bonaerense entra en una fase de redefinición que promete ser tan compleja como determinante para el panorama político nacional. La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires presentó ante el Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley destinado a reformular los tiempos que rigen tanto las primarias como los comicios generales. Detrás de esta iniciativa técnica sobre plazos y calendarios se esconde una estrategia política de mayor alcance: abrir la posibilidad de desacoplar las elecciones bonaerenses de las nacionales previstas para 2027. El movimiento cobra importancia porque Buenos Aires, con casi 18 millones de habitantes, representa un tercio del padrón electoral nacional y cualquier decisión sobre su calendario electoral tiene efectos dominó en la política argentina.
Los cambios técnicos que remueven todo el tablero
La propuesta específica contiene modificaciones de alcance concreto en los tiempos electorales. El anteproyecto busca ampliar de 60 a 80 días el lapso previo a los comicios para que los partidos presenten sus alianzas transitorias. Simultáneamente, aumenta de 50 a 60 días el intervalo entre la presentación oficial de candidatos y la jornada de votación. Estos cambios aparentemente técnicos generan un efecto cascada en todo el calendario: si se implementaran, las coaliciones políticas deberían definirse alrededor de mayo en lugar de junio, bajo el escenario de una eventual instancia de primarias en agosto. La Junta Electoral sustenta esta ampliación en argumentos de previsibilidad y orden administrativo, recordando las dificultades que surgieron en el ciclo electoral anterior cuando fue necesario implementar reformas de urgencia tras el desacople de 2023.
Las modificaciones legales afectan dos normativas claves del régimen electoral bonaerense: la ley 5.109 para elecciones generales y la ley 14.086 para procesos primarios. Quien encabezó la redacción de esta propuesta fue Hilda Kogan, titular de la Junta Electoral. El documento fue acompañado con la firma de Federico Thea, presidente del Tribunal de Cuentas provincial, funcionario que integra el círculo cercano de la gobernación. Este detalle no es menor: la presencia de Thea en el aval da la medida del grado de sintonía entre el organismo técnico y las prioridades del Ejecutivo provincial.
Las PASO vuelven a la agenda: suspensión como pieza clave
Aunque el anteproyecto se presenta como una cuestión de ampliación de plazos, en el trasfondo de la discusión legislativa acecha una decisión que podría resultar más determinante: la nueva suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Las PASO no fueron eliminadas en 2023, apenas suspendidas. La capacidad de volver a suspenderlas corresponde al Poder Legislativo provincial, no al Ejecutivo. Este es un punto crucial del andamiaje político, porque una nueva suspensión ordenaría la oferta electoral concentrada tras la candidatura presidencial de quien gobierna. La Junta Electoral, en su comunicación oficial, enfatiza que la ampliación de plazos busca garantizar que la oferta electoral sea "fidedigna" y evitar que "restricciones irrazonables" cuestionen el debido proceso electoral. Sin embargo, esta redacción técnica oculta una realidad política: los plazos expandidos facilitan que luego se anule nuevamente la instancia de primarias sin que ello genere caos administrativo.
El año pasado la provincia experimentó un desdoblamiento electoral: los comicios bonaerenses se celebraron en un cronograma diferente al de las elecciones nacionales. Desde la gobernación se comunicó que la experiencia resultó "positiva", abriendo la puerta a una repetición del esquema. Sin embargo, esta vez la maniobra tendría un plus: no solo se desacoplaría Buenos Aires del calendario nacional, sino que se anticiparía la elección provincial. Combinada con una nueva suspensión de PASO, esta estrategia permitiría concentrar la oferta electoral bonaerense en una única línea de candidatura presidencial, reduciendo la fragmentación que históricamente caracteriza a la provincia.
El juego político detrás del cambio: anticipación y concentración de poder
Quien gobierna Buenos Aires desde 2019 cursa actualmente su segundo mandato consecutivo, lo que cierra la posibilidad de reelección inmediata según las reglas provinciales. Todo indica que su horizonte político apunta hacia una candidatura presidencial en 2027. Un anticipo de los comicios bonaerenses permitiría varios movimientos simultáneamente: por un lado, lograr una victoria electoral propia que lo posicione como factor político de peso. Por otro lado, esa victoria ocurriría con una oposición nacional debilitada en territorio bonaerense. La fragmentación de la oposición es visible: La Libertad Avanza incrementó presencia en la Legislatura pero permanece como minoría, además de presentar múltiples candidatos a gobernador sin haber resuelto aún su línea interna. El radicalismo debate internamente si presentarse de forma autónoma, si integrarse a una alianza tradicional o qué rol adoptar. Propuesta Republicana, la fuerza que acompañó a La Libertad Avanza en 2023, comienza a mostrar señales de distanciamiento respecto del ala libertaria.
Los intendentes del peronismo bonaerense, actores clave en cualquier negociación legislativa, han manifestado su preferencia por el desdoblamiento de elecciones. Esta posición no es neutral: un anticipo electoral les permitiría resolver sus propias reelecciones antes de que se defina el calendario nacional, maximizando sus márgenes de maniobra. El gobernador posee herramientas de negociación con estos intendentes a través del reparto de recursos provinciales y el aval para que aspiren a nuevos mandatos, dentro del límite de dos reelecciones que establece la normativa bonaerense. La estrategia implica un entramado donde la propuesta técnica de la Junta Electoral funciona como puerta de entrada para desatar una cascada de decisiones políticas.
La Legislatura: arena de negociación con múltiples actores
La propuesta de la Junta Electoral fue remitida al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, porque ese cuerpo no posee facultades para impulsar proyectos de ley. El debate crucial ocurrirá en la Legislatura provincial, donde aún existe mayoría peronista. Sin embargo, esa mayoría no es monolítica. El peronismo bonaerense integra sectores aliados a La Cámpora y grupos que no reconocen al actual gobernador como jefe político indiscutido, sino como un jugador más que llegó a ocupar posiciones de poder como resultado de las administraciones kirchneristas anteriores. Esta distinción es fundamental para entender las limitaciones del gobernador: su poder legislativo depende de la negociación constante, no de una hegemonía consolidada.
Desde la oposición se prepara una contraestrategia. Diversos sectores planean introducir en el debate la adopción de la Boleta Única de Papel como sistema electoral para la provincia, en lugar de mantener la lista sábana que rige actualmente. Esta posición cuenta con apoyo en espacios judiciales: Alejo Ramos Padilla, juez federal con competencia electoral, señaló durante el último proceso electoral la necesidad de unificar criterios de votación. El magistrado argumentó que la utilización de dos sistemas distintos de votación en la provincia generaba inconsistencias que debían resolverse en el próximo proceso.
Contexto histórico y los precedentes de 2023
La experiencia de 2023 moldea el análisis de estas nuevas propuestas. Hace cuatro años, el ciclo electoral se caracterizó por cambios de última hora en las reglas de juego. Las PASO fueron suspendidas poco antes de su implementación, generando incertidumbre sobre los plazos. Posteriormente, se ejecutó el desdoblamiento de las elecciones provinciales bonaerenses respecto del calendario nacional. Estos movimientos generaron fricciones administrativas que requirieron correcciones mediante reformas de urgencia. La Junta Electoral, reflexionando sobre esa experiencia, argumenta ahora que una ampliación proactiva de plazos evitaría repetir esos apuros. Sin embargo, esta lectura técnica convive con una lectura política: los plazos expandidos crean espacio para futuras maniobras sin que ello implique caos.
En contexto histórico más amplio, Buenos Aires ha sido territorio de experimentación electoral recurrente en Argentina. La provincia ha oscilado entre períodos de alineación total con los comicios nacionales y momentos de desacople. Las reformas electorales bonaerenses frecuentemente respondieron a necesidades de gobiernos específicos de reconfigurar el tablero político. La propuesta actual se inscribe en esa tradición, aunque con la particularidad de que ocurre en un momento de fragmentación política más profunda que la registrada en ciclos anteriores.
Las implicancias y los escenarios posibles
La concreción de esta reforma electoral tendría múltiples consecuencias que se proyectarían más allá de los límites administrativos bonaerenses. Un anticipo electoral en la provincia hacia 2026 o incluso 2025, combinado con la suspensión de PASO, produciría un escenario donde la oferta electoral bonaerense estaría predefinida antes de que se aclare el panorama nacional. Esto favoreció históricamente al partido en el gobierno, al permitirle consolidar poder antes de que se desarrollen competencias internas en la oposición. Desde la perspectiva de la gobernación actual, esta secuencia de medidas aparece como la estrategia óptima para maximizar su posicionamiento hacia 2027.
Sin embargo, existen lecturas alternativas de los hechos. La oposición fragmentada en múltiples espacios podría encontrar en el debate legislativo una oportunidad para construir consensos alternativos. La introducción de la Boleta Única de Papel podría alterar el cálculo electoral si logra aprobación, modificando dinámicas de voto que prevalecen bajo el sistema de lista sábana. Los intendentes peronistas, aunque favorables al desdoblamiento, no necesariamente están alineados con todas las prioridades de la gobernación, lo que podría introducir variables impredecibles en las negociaciones. Desde espacios judiciales también hay señales de que la reforma electoral bonaerense será observada con atención respecto de su compatibilidad con estándares electorales y principios de previsibilidad normativa.
El desenlace dependerá de cómo se desarrollen las negociaciones legislativas en los próximos meses. La ampliación de plazos, siendo técnicamente viable, cuenta con argumentos administrativos sólidos. La nueva suspensión de PASO, siendo formalmente facultad del Poder Legislativo, requiere consenso mayoritario que aún no está garantizado. El anticipo electoral, siendo poder del gobernador, es factible desde lo legal pero tendría costos políticos cuya magnitud aún no se puede precisar. El debate que comienza en Buenos Aires no es simplemente sobre calendarios electorales, sino sobre cómo se reconfigura el poder político provincial y cómo esa reconfiguración impacta en el escenario nacional. Los próximos meses definirán si la reforma propuesta se concreta en la forma presentada, sufre modificaciones sustanciales o si genera coaliciones políticas que la neutralizan parcialmente. Cada uno de estos escenarios generaría consecuencias distintas tanto para la estructura política bonaerense como para la dinámica electoral nacional que se aproxima.
