La máquina de la justicia que debería procesar los hechos más delicados vinculados con la administración de la Asociación del Fútbol Argentino se ha quedado prácticamente inmóvil en los últimos sesenta días. Los expedientes que involucran a los máximos responsables de la institución avanzan apenas por inercia, atrapados en una especie de limbo procesal mientras aguardan pronunciamientos clave que podrían reconfigurar por completo la estructura de las investigaciones. Simultáneamente, existe un esfuerzo coordinado desde diferentes frentes legales para neutralizar la potencia acusatoria de documentación obtenida en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, donde reposa información que revelaría irregularidades financieras de magnitud considerable. La convergencia de estos movimientos—estancamiento procesal y ofensiva defensista—dibuja un escenario en el que la velocidad de la pesquisa penal contrasta dramáticamente con la celeridad de las tácticas dilatorias.
El punto de quiebre: la maniobra de centralización en Campana
El 9 de marzo de este año, apenas cuatro jornadas después de que Juan Bautista Mahiques asumiera su cargo en el ministerio de Justicia, un magistrado federal cursó un pedido extraordinario: solicitó a otros colegas que se apartaran de continuar investigando asuntos vinculados con la dirigencia futbolística. Esa gestión buscaba concentrar toda la materia en un único juzgado federal, específicamente en la jurisdicción de Campana. La iniciativa, impulsada formalmente por defensores de quienes figuraban como dueños registrales de una propiedad en Pilar, pero orquestada por abogados que mantienen relaciones cercanas con Claudio Tapia y Pablo Toviggino, obtuvo un éxito parcial.
El cálculo detrás de esta maniobra era elemental en términos estratégicos: concentrar las causas podría resultar en que una sola investigación devorara a todas las demás, o bien que el colapso resultante las invalidara todas por cuestiones técnicas. Uno de los investigadores resumió entonces la apuesta con crudeza: "se queda con todo o se queda sin nada". No era un comentario ingenuo. La realidad judicial argentina ofrece antecedentes de expedientes que naufragan precisamente por estos enredos competenciales. Sin embargo, la maniobra solo tuvo éxito a medias. El juez de Campana consiguió anexionar el expediente relacionado con TourProdEnter, la firma del empresario Javier Faroni, pero no pudo capturar aquella investigación que tramita en el fuero penal ordinario bajo supervisión de la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi. En ese expediente descansa toda la documentación que proviene de Estados Unidos, precisamente la que genera mayor inquietud en los defensores.
El arsenal defensista: intentos de bloquear pruebas desde el exterior
A fines de marzo, desde Estados Unidos comenzó a ejecutarse una segunda estrategia. TourProdEnter, la compañía constituida por Faroni y su esposa Erica Gillette, presentó un pedido ante jueces estadounidenses solicitando que prohibieran la utilización de documentación proveniente de procedimientos de descobrimiento (discovery) para causas penales en jurisdicción argentina. En la jerga legal norteamericana, esto se denomina una "protective order" u orden de protección. El argumento expuesto radicaba en que esa evidencia había sido originalmente requerida por el empresario Guillermo Tofoni para ser presentada en un litigio comercial contra la AFA, no para ser trasladada a procesos criminales.
La estrategia obtuvo resultados parciales pero significativos. Un juzgado del estado de Georgia otorgó el pedido, aunque solamente respecto al Synovus Bank, uno de los cinco bancos que habían consentido en revelar sus registros de transferencias. Las pruebas en cuestión constituyen material de considerable envergadura: más de tres mil páginas que documentan decenas de movimientos de fondos, con presuntos desvíos que rondarían los cincuenta y siete millones de dólares estadounidenses y la participación de aproximadamente diez sociedades de dudosa trazabilidad. Desde que esta información fue expuesta públicamente a fines de diciembre, transcurrieron cuatro meses sin que ninguno de los investigados fuera convocado a comparecer para ofrecer explicaciones sobre el origen y destino de esos capitales.
La segunda fase de esta operación defensista continúa en desarrollo. Los abogados de Faroni trabajan contra reloj, conscientes de que la Cámara de Casación emitirá pronto un fallo determinante respecto a si los expedientes permanecen concentrados en Campana o regresan a la justicia federal convencional o al fuero de Penal Económico, espacios donde históricamente se han registrado los avances investigativos más sólidos. Esa resolución estaba prevista para antes del lunes de la semana en que se conocieron estos detalles. La jugada de la defensa consiste en neutralizar la capacidad acusatoria de la documentación internacional antes de que la arquitectura procesal se defina de manera desfavorable para sus intereses.
El rol del ministerio de Justicia y las obstrucciones al avance
Uno de los investigadores que participó activamente en la pesquisa expresó su preocupación con una frase que sintetiza la percepción de interferencia institucional: "Me piden que vaya al frente y ponen a Mahiques en el Ministerio". La observación no era casual. El funcionario que encabeza la cartera de Justicia mantiene antecedentes de proximidad con los dirigentes de la institución futbolística cuyos máximos referentes son objeto de investigación penal. Esta cercanía generó sospechas respecto a si existía alguna coordinación implícita entre la asunción ministerial y las maniobras judiciales desplegadas días después.
A pesar de estos intentos de bloqueo, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, bajo dirección del fiscal Diego Velasco, emitió un informe de más de cincuenta páginas donde recomendaba avanzar mediante nuevos canales de colaboración internacional, específicamente a través de la Red de Recupero de Activos de Gafilat (RRAG), asegurando que cada causa contara con una autorización particularizada. El mismo documento realizó un análisis pormenorizado de la documentación proveniente de descobrimiento, concluyendo que "permite reconstruir posibles trayectorias económicas de fondos vinculados con negocios de la AFA, identificar sociedades, cuentas y personas de interés, y orientar con precisión medidas de prueba locales e internacionales". Las sociedades mencionadas en el informe—Marmasch, Soagu Services, Velp, Velpasalt y SOMA SRL—constituyen un entramado cuyo análisis podría resultar fundamental para esclarecer los mecanismos de circulación de fondos.
El expediente que sí avanza: la causa por evasión fiscal
En medio de este panorama de casi inmovilidad, existe una excepción notable. La investigación a cargo del juez Diego Amarante, donde Tapia y Toviggino se encuentran procesados por evasión fiscal, mantiene un ritmo de progresión sostenido. Sin embargo, incluso esta causa enfrenta sus propios desafíos defensistas, aunque de naturaleza distinta. Los letrados apuntan a revertir los resultados obtenidos hasta el momento ante la Cámara de lo Penal Económico, tribunal que actualmente atraviesa convulsiones internas por la avalancha de propuestas de jueces enviadas por el Poder Ejecutivo.
El abogado de Tapia, Luis Charro, experimentó un incidente procesal que no pasó desapercibido en los círculos judiciales: olvidó presentar un escrito en tiempo y forma, debiendo hacerlo posteriormente de manera extemporánea. El episodio, aunque menor en apariencia, generó comentarios entre otros defensores que cuestionaban tanto la capacidad técnica del letrado como las circunstancias de su designación. Las versiones en tribunales sugieren que llegó al cargo por recomendación de un dirigente con influencia en el Tribunal de Disciplina de la AFA, lo cual plantea interrogantes sobre los criterios de selección de defensa en causas de esta magnitud. Ahora la suerte de quien fuera cabeza de la institución deportiva depende en buena medida de cómo se resuelvan las defensas de los demás imputados en el mismo proceso.
La incertidumbre sobre competencia y los tiempos que se estiran
El máximo tribunal penal mantiene en sus manos la llave que podría desbloquear o encender nuevamente los motores de estas investigaciones. Luego de varias semanas de indefinición, los jueces de la Cámara de Casación se reunieron y activaron un plazo de cinco días hábiles para expedirse. En los pasillos de Comodoro Py circula una versión que sugiere una posibilidad que alargaría aún más los tiempos: uno de los magistrados sostendría que corresponde a la Cámara de Penal Económico, no a la de San Martín, resolver la cuestión competencial. Si esto prospera, la causa sería reenviada a ese tribunal para que sea aquella instancia quien dirima finalmente dónde corresponde tramitar. Paradójicamente, esa redirección hacia Penal Económico podría resultar más beneficiosa para la pesquisa, dado que esa jurisdicción cuenta con antecedentes de resoluciones técnicamente sólidas. La jueza María Verónica Straccia, hacia quien probablemente derivaría la materia, es descrita en los ambientes judiciales como una magistrada de reconocida trayectoria, caracterizada como "incorruptible" por sus colegas.
Lo que es seguro es que cualquier escenario de reenviamiento solamente extendería los plazos ya de por sí dilatados. Las maniobras judiciales y las presiones externas han logrado empatar las causas principales contra los jerarcas futbolísticos. Incluso el expediente originado en Santiago del Estero, donde un fiscal federal impulsa un pedido de detención, quedó trabado en algún punto del proceso. En esa investigación se profundizó en el análisis del entramado societario que rodea a Toviggino, incluyendo auditorías sobre vuelos privados utilizados por el tesorero. De avanzar sin obstáculos, esa línea investigativa exhumaría información potencialmente incómoda, como el viaje en avión privado realizado en julio de 2021 desde Miami hacia Buenos Aires, donde Toviggino compartió asiento con el empresario Jorge Giani y la esposa de este último, funcionaria de la Corte Suprema.
Incertidumbres y el factor internacional
A un mes de la celebración del Mundial de Fútbol, la AFA no descuida su flanco externo. Las versiones respecto a una potencial colaboración de Juan Pablo Beacon, quien fuera brazo derecho de Toviggino, con autoridades de Estados Unidos, genera pánico en los círculos allegados a la dirigencia investigada. De los dispositivos de Beacon emergieron chats, documentación y hasta registros audiovisuales que muestran fardos de efectivo. Por el momento, Beacon se mantiene en la sombra, jugando al misterio hasta los últimos momentos, sin que se conozca públicamente su paradero ni sus intenciones respecto a eventual cooperación con la justicia estadounidense.
Los próximos pronunciamientos de la Cámara de Casación determinarán si las investigaciones retoman velocidad o si, por el contrario, los tiempos se estiran aún más. La estructura judicial argentina nuevamente enfrenta el desafío histórico de resolver casos de significancia pública dentro de marcos procedimentales que frecuentemente se prestan a maniobras dilatorias. Las pruebas internacionales permanecen en el terreno de disputa, mientras los expedientes avanzan a paso de tortuga. Lo que permanece invariable es que cada semana de estancamiento favorece el objetivo defensista de alargar los procesos hasta límites donde la memoria pública se desvanezca y la presión mediática ceda.
