A días de iniciarse 2026, las declaraciones juradas patrimoniales que funcionarios de primer nivel presentaron ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia revelan un escenario paradójico: mientras la moneda nacional atravesaba una de sus peores crisis de valuación en la historia reciente, los bienes de quienes conducen el país experimentaron revalorizaciones espectaculares. Los documentos, hechos públicos el 27 de agosto pasado, exponen en números el fenómeno de la dolarización de patrimonios y la inflación de precios inmobiliarios en medio de una economía golpeada por la inestabilidad cambiaria.

El contraste es elocuente: mientras la cotización del dólar pasó de $1029 a $1446 por unidad entre enero y diciembre, y el salario real de los trabajadores registró caídas acumuladas, el patrimonio del mandatario experimentó un crecimiento de 43% en términos nominales. Sus activos líquidos y depósitos escalaron desde $206 millones a $295 millones, una diferencia de $89,1 millones. Aunque la cifra pareciera considerable, el análisis detallado de la documentación revela que se trata fundamentalmente de fenómenos de revaluación, no de acumulación de nuevos bienes. En otras palabras: el Presidente no compró nuevos activos, simplemente vio cómo los que ya poseía aumentaban de valor en el mercado.

La revaluación inmobiliaria como motor del crecimiento patrimonial

El factor determinante detrás del incremento reportado por el mandatario es la explosión de los precios inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires. Su vivienda porteña, un inmueble de 100 metros cuadrados, experimentó una transformación notable en su valuación: pasó de cotizarse en $38,4 millones a $73,5 millones, prácticamente duplicando su valor tasado. Este movimiento no es el resultado de mejoras estructurales o refacciones mayores, sino el reflejo del mercado especulativo que caracterizó al sector inmobiliario durante 2025. La valuación de propiedades en la capital argentina se vio impulsada por múltiples factores: la mayor estabilidad cambiaria relativa comparada con años anteriores, la expectativa de que inversores extranjeros ingresen capital, y la especulación sobre futuras ganancias de capital.

Los dos vehículos que figuran en el patrimonio presidencial —una camioneta Mercedes Benz Sprinter valuada en $20,1 millones y un Peugeot RCZ Coupé en $16,2 millones— mantuvieron sus cotizaciones estables, sin cambios respecto al año anterior. Sin embargo, existe un rengón que merecería particular atención: la tenencia de divisas extranjeras. El Presidente declaró poseer aproximadamente US$65.562 en caja de ahorro y US$20.000 en efectivo, equivalentes a unos US$85.562 totales. Estos depósitos en moneda extranjera, cuya valuación en pesos se ajusta automáticamente según el tipo de cambio, experimentaron un salto importante simplemente porque el peso se depreció.

El caso de Karina Milei: patrimonio que se triplica sin nuevas inversiones

Si el crecimiento patrimonial del Presidente resulta significativo, el de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, despierta interrogantes aún más pronunciados. Los números hablan por sí solos: Karina Milei vio crecer su patrimonio en 210%, escalando de $11,4 millones a $35,3 millones, un incremento de aproximadamente $23,9 millones. Esta cifra, casi tres veces superior en términos porcentuales al del Presidente, se explica casi exclusivamente por la revaluación de un único activo: su departamento de 150 metros cuadrados en Vicente López, que la funcionaria declara como su residencia habitual desde 2011. La valuación de esta propiedad saltó de $3,99 millones a $28,16 millones, una diferencia de más de $24 millones.

Al analizar el resto de los activos de la secretaria general, la fotografía es más estable. Sus depósitos bancarios, efectivo y créditos impositivos registraron variaciones menores o incluso reducciones en algunos casos. Llama la atención, sin embargo, la incorporación en su declaración de 2025 de una billetera virtual por $3,85 millones, que no figuraba en los reportes anteriores. Paralelamente, sus deudas también aumentaron durante el año: la que mantiene con el Industrial and Commercial Bank of China pasó de $59.220 a $60.374, mientras que la contraída con el Banco Santander escaló de $782.741 a $909.097. En total, sus compromisos financieros ascendieron de $841.961 a $969.471. Los ingresos netos declarados por la funcionaria alcanzaron los $33,1 millones, provenientes exclusivamente de su renta como trabajadora estatal.

Un detalle que merece consideración es la relación entre ingresos y gastos en la declaración de Karina Milei. Reportó gastos personales por $33,68 millones, es decir, más de lo que ingresó netos durante el ejercicio. Esta situación —donde los gastos superan a los ingresos del período— plantea interrogantes sobre las fuentes de financiamiento de los desembolsos realizados, aunque es importante notar que las declaraciones juradas patrimoniales no necesariamente tienen que mostrar equilibrio en cada año individual si existen ahorros acumulados de períodos anteriores.

La fotografía del ministro de Economía y la concentración de riqueza en el exterior

Complementando el panorama de los funcionarios de máximo nivel, la declaración patrimonial del ministro de Economía, Luis Caputo, exhibe un patrón radicalmente distinto. Su patrimonio pasó de $11.851 millones a $19.209 millones, un incremento de 62% en términos nominales. A diferencia de los casos anteriores, buena parte de este crecimiento se explica no solamente por revaluaciones sino por la fluctuación del tipo de cambio aplicado a sus depósitos en moneda extranjera. De sus $12.730 millones en depósitos bancarios declarados, una cifra astronómica, el 97% está radicado en el exterior, equivalente a aproximadamente $12.422 millones. Dentro de esta suma, $11.739 millones se concentran en una única cuenta domiciliada en Estados Unidos, lo que sugiere una estrategia de portafolio fuertemente dolarizado y geográficamente centralizado.

Este patrón de tenencia de activos en el extranjero contrasta marcadamente con el de otros funcionarios y refleja una estructura de riqueza característica de quienes han acumulado capital en el sector financiero internacional. Durante 2025, el ministro declaró gastos personales por $237 millones, una cifra que representa aproximadamente el 1,2% de su patrimonio total declarado, sugiriendo un nivel de consumo personal relativamente moderado en términos proporcionales a su riqueza total. Los números ponen de manifiesto cómo diferentes trayectorias profesionales —empresarial, política, financiera— generan estructuras patrimoniales distintas incluso dentro del mismo círculo de poder.

El contexto de inflación y devaluación como telón de fondo

Para comprender cabalmente el significado de estos incrementos patrimoniales, resulta esencial contextualizarlos en el marco macroeconómico de 2025. Argentina experimentó durante ese año una inflación acumulada que, aunque inferior a la de 2023 y 2024, continuó siendo elevada en términos históricos. Simultáneamente, el tipo de cambio oficial fluctuó considerablemente, con el dólar ganando valor progresivamente frente al peso. Este escenario de inestabilidad monetaria típicamente favorece a quienes poseen activos reales —como inmuebles o divisas extranjeras— y castiga a quienes mantienen su riqueza en moneda local sin cobertura. Los funcionarios cuyas declaraciones se hicieron públicas pertenecen al primer grupo: sus patrimonios están mayoritariamente compuestos por bienes en dólares o cotizados en moneda extranjera, o por inmuebles que se revalorizan en contextos de incertidumbre cambiaria.

La revaluación inmobiliaria registrada en las declaraciones de Milei y su hermana obedece a dinámicas bien documentadas en la economía urbana argentina. Durante períodos de volatilidad macroeconómica, los inmuebles en zonas de demanda sostenida —como la Ciudad de Buenos Aires o barrios consolidados del conurbano norte— funcionan como refugio de valor. Inversores locales e internacionales buscan proteger su capital, y los precios se ajustan hacia arriba. Entre enero y diciembre de 2025, diversos índices de precios inmobiliarios publicados por consultoras especializadas registraron aumentos de entre 35% y 50% en la zona de la Capital Federal, cifras que se alinean con las revaluaciones reportadas en las declaraciones juradas presidenciales.

Implicancias y proyecciones del fenómeno observado

La presentación de estas declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción constituye un acto formal de rendición de cuentas exigido por ley a funcionarios públicos. Sin embargo, los números que contienen abren diversos interrogantes sobre la dinámica de acumulación de riqueza en contextos de crisis monetaria. Por un lado, están quienes argumentarían que estos incrementos son naturales y esperables en una economía dolarizada, donde los poseedores de activos reales se benefician de la revaluación. Desde esta perspectiva, que los patrimonios de funcionarios crezcan en línea con la inflación y la devaluación no constituiría un fenómeno problemático, sino una consecuencia estructural de la arquitectura económica vigente.

Por otro lado, existen perspectivas que cuestionan la magnitud de estos incrementos y los contextualizan dentro de la creciente desigualdad observada en la Argentina durante 2025. Mientras los patrimonios de funcionarios de máximo nivel experimentaban crecimientos de dos dígitos porcentuales, millones de trabajadores vieron reducirse su poder adquisitivo y acceso a bienes y servicios. La brecha entre quienes poseen activos reales denominados en moneda extranjera y quienes dependen de ingresos en pesos se amplió considerablemente. Este fenómeno no es exclusivo de Argentina ni de este período, pero adquiere particular relevancia en contextos donde las políticas económicas del gobierno están específicamente orientadas a estabilizar la moneda y contener la inflación.

Más allá de la evaluación moral o política de estos fenómenos, los datos contenidos en las declaraciones juradas revelan patrones de comportamiento económico que tendrán consecuencias en mediano y largo plazo. La concentración de activos en moneda extranjera y el crecimiento de los patrimonios en dólares sugieren que quienes comandarán la política económica durante los próximos años están personalmente invertidos en la estabilidad del dólar y en el mantenimiento de un régimen de tipo de cambio alto. Esto podría influir —o no— en la orientación de decisiones de política monetaria y cambiaria. Igualmente, el crecimiento de los precios inmobiliarios, aunque beneficioso para propietarios, tiene implicancias directas sobre el acceso a la vivienda para el resto de la población, un tema que trasciende a los funcionarios individuales pero que adquiere relevancia cuando se observa que los hacedores de política también se benefician de estas dinámicas. Los próximos meses revelarán si estas tendencias se consolidarán o si nuevos movimientos económicos las modificarán significativamente.