El entramado que generó las primeras sospechas

La estructura que hoy tiene bajo vigilancia a los tribunales estadounidenses nació de una decisión tomada a fines de 2021, cuando los miembros del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino aprobaron sin objeciones designar a una compañía específica como representante comercial de la entidad en mercados internacionales. Esa firma, constituida apenas cuatro meses antes en territorio floridano, se convertiría en el corazón de una operatoria que movería cifras descomunales durante los siguientes años. Lo que importa ahora, tras el avance de la pesquisa en jurisdicción estadounidense, es que buena parte de esos recursos no retornó a las arcas de la entidad de la calle Viamonte, sino que transitó por un entramado de sociedades que carecen de empleados, actividad comercial registrada o justificación económica aparente. En paralelo, mientras Argentina atravesaba restricciones cambiarias que limitaban severamente el acceso a divisas para ciudadanos y empresas, estos fondos circulaban sin obstáculos por el sistema financiero norteamericano.

Durante cuatro años consecutivos, la compañía acumuló cifras próximas a US$300 millones distribuidos en múltiples instituciones bancarias. Sin embargo, documentación bancaria confidencial obtenida en Estados Unidos revela que de ese volumen total, aproximadamente US$57 millones fueron canalizados hacia diez sociedades constituidas en Miami, la mayoría de las cuales presentan características idénticas: inexistencia de operaciones comerciales verificables, direcciones compartidas y titulares que en varios casos desempeñaban actividades completamente ajenas al sector financiero o empresarial. La complejidad de este esquema ha motivado que autoridades judicales estadounidenses convoquen a participantes clave del organismo deportivo para declarar ante tribunales federales en fechas próximas.

Los personajes detrás de la operatoria

En el rol de referente administrativo de TourProdEnter LLC aparece Erica Gillette, quien fungió como gerente general y autorizante mayoritario de transferencias. Su marido, Javier Faroni, ejerció funciones igualmente relevantes, aunque en segundo plano: firmó documentación bancaria para apertura de cuentas, autorizó envíos de fondos por cifras millonarias e incluso orientó recursos hacia otras entidades que utilizó posteriormente para adquirir participación accionaria en un club de fútbol europeo. Faroni transitó una carrera destacada en el ámbito teatral como productor hasta que incursionó en política, ocupando banca legislativa en la provincia de Buenos Aires bajo la agrupación del Frente Renovador. Su experiencia política se amplió durante la administración nacional anterior, cuando accedió a la dirección ejecutiva de la línea aérea estatal. Cuatro meses previos al término de ese mandato, en agosto de 2021, decidió constituir junto a su pareja la empresa que sería piedra angular de toda esta operación. La firma permaneció inactiva hasta que, en diciembre de ese año, Gillette envió por correo electrónico una propuesta comercial a los máximos responsables del fútbol argentino. La aprobación de esa propuesta ocurrió en menos de veinticuatro horas.

Los registros bancarios demuestran que Juan Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y colaborador de confianza del presidente, y Juan Pablo Beacon, exjefe del Consejo Federal, fueron los articuladores locales de toda la maquinaria. Ambos impartieron directivas, coordinaron con operadores de cueva financiera y empresarios diversos, y llegaron incluso a participar en la confección de documentación contable irregular. Toviggino también suscribió, en su calidad de secretario ejecutivo, el contrato de extensión que en octubre del año pasado prolongó la relación con TourProdEnter hasta 2030, apenas un día después de que Gillette presentara una nueva propuesta de prestación de servicios.

El circulante: cómo ingresaban los dólares

La alimentación financiera de TourProdEnter LLC provino de tres vías principales, todas ligadas a los ingresos que genera el organismo deportivo en sus relaciones comerciales globales. La fuente de mayor envergadura fueron los compromisos que Adidas adquirió como patrocinador de la selección nacional, que totalizaron más de US$78,6 millones depositados únicamente en la cuenta del Bank of America. Simultáneamente, la plataforma de transmisión de contenido deportivo operada bajo la marca AFA Play remitió alrededor de US$18,7 millones a través de la misma institución. Reporter Broadcasting Company, intermediaria de patrocinios para encuentros amistosos, contribuyó con cifras cercanas a US$9 millones. En la cuenta del Citibank, la distribución fue similar: Adidas encabezó con US$15,1 millones, seguida por Argentina Football Distribution con US$5,1 millones, mientras que Quest Holdings, empresa que adquirió derechos de patrocinio para compromisos asiáticos programados entre octubre de 2025 y marzo de 2026, transfirió US$7,5 millones.

El dinero ingresaba principalmente en cinco instituciones: Bank of America (más de US$146 millones), Synovus (US$72,4 millones), Citibank (US$41 millones), JP Morgan y PNC Bank con los montos restantes. Una vez depositados, estos recursos iniciaban un viaje sinuoso que los alejaba de su destino original: las finanzas de la entidad deportiva argentina.

Las sociedades sin rostro: un universo de pantallas

La arquitectura del desvío se sostuvo sobre diez sociedades constituidas en Miami que, según hallazgos de la investigación, funcionaron como simples conductos sin operación comercial real. Una de ellas, Tronador Import Export LLC, aparece vinculada a una jubilada de setenta años domiciliada en el barrio porteño de Palermo. Desde cuentas en Bank of America y PNC Bank, recibió catorce transferencias de TourProdEnter, totalizando US$2,4 millones. Los envíos presentan periodicidad que intensifica en 2025: enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y septiembre registraron movimientos, siendo los más significativos los de principios de año, con un pago de US$197.500 el 2 de enero. El último traslado ocurrió el 29 de septiembre.

Velpasalt LLC, otra de las entidades pantalla, fue manejada por Roberto Salice, quien años atrás atravesó un proceso de quiebra. Esta compañía recaudó US$14,9 millones del flujo procedente de TourProdEnter. Tres sociedades adicionales —Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC— compartían la misma dirección comercial: la suite 228 del edificio ubicado en Ives Dairy Road, número 1031. En conjunto, estas tres recibieron US$29,1 millones. Las dos primeras fueron disueltas apenas dos días después de que la primera revelación pública sobre esta operatoria saliera a la luz. Los perfiles de los titulares presentan características singulares: un individuo que laboraba en una farmacia de Bariloche y que nunca regresó a su empleo tras las primeras divulgaciones; una mujer que trabajaba en un local de decoración a apenas doscientos metros de distancia; beneficiarios de asignaciones de carácter social; y dos entidades aparentemente gemelas. Ninguno de ellos contaba con antecedentes empresariales o financieros relevantes.

Rutas adicionales y gastos suntuarios

Más allá de los US$57 millones canalizados hacia las diez sociedades fantasma, existieron otras vías por las cuales recursos de la AFA fluyeron hacia destinos no verificables o de carácter eminentemente suntuario. Registros confidenciales evidencian que aproximadamente US$109,9 millones fueron remitidos a un agente de valores radicado en territorio uruguayo, quien a su vez utilizó un vehículo financiero regulado en las Islas Vírgenes Británicas para custodiar esos fondos, estructura que dificulta la trazabilidad de los recursos. Simultáneamente, decenas de millones de dólares se asignaron a gastos clasificados como de lujo dispersos por distintas latitudes: contratación de servicios de aviación privada, práctica de equitación, alquiler de embarcaciones de recreo, servicios de peluquería, adquisición de vehículos de alta gama, arrendamiento de inmuebles de temporada y entradas de teatro en categoría de preferencia, entre otros consumos y actividades de índole recreativa.

Este panorama se despliega en un contexto de restricción cambiaria severa en Argentina, durante el cual ciudadanos y entidades comerciales enfrentaban trabas regulatorias para acceder a divisas estadounidenses. La firma TourProdEnter, en cambio, operaba sin limitaciones aparentes: cobraba los ingresos generados por la entidad en el exterior, emitía los pagos necesarios para solventar obligaciones internacionales y, tras deducir una comisión, remitía los excedentes hacia Buenos Aires. Desde allí, el dinero era extraído en efectivo a través de una red de operadores de mercado negro financiero radicados en la City porteña.

La extensión contractual y sus implicancias

Un evento que adquiere relevancia en la cronología de los hechos ocurrió el 15 de octubre del año pasado, cuando Claudio Tapia extendió unilateralmente el contrato con TourProdEnter hasta el año 2030. Esta renovación anticipada —más de un año antes del vencimiento pactado para diciembre— amplió significativamente las facultades de la firma. Lo que inicialmente fue un mandato limitado a actuar como agente comercial y receptor de cobros se transformó en una autorización para administrar la totalidad de los pagos que la AFA debe efectuar en el exterior. El documento fue suscrito por Tapia en su carácter de presidente y por Toviggino como secretario ejecutivo, apenas veinticuatro horas después de que Gillette presentara una propuesta comercial modificada con vigencia hasta finales de 2026.

Las citaciones judiciales que la Corte del Distrito Sur de Florida emitió para el 30 de julio próximo involucran a dirigentes próximos a la conducción de la entidad. Estas convocatorias se insciben en un procedimiento que ha avanzado significativamente en los últimos meses, acumulando evidencia documental, registros bancarios y testimonios que permiten reconstruir el mecanismo utilizado para desviar recursos. La investigación no se circunscribe únicamente a los Estados Unidos: documentación judicial y comercial argentina ha sido incorporada al expediente, permitiendo a los investigadores norteamericanos comprender cómo el efectivo, una vez repatriado, era retirado desde establecimientos de operación financiera informal en la zona de negocios porteña.

Perspectivas sobre las consecuencias futuras

Los desarrollos que trascienden en estas horas abren interrogantes sobre los alcances finales que tendrá esta investigación. Por una parte, las autoridades judiciales estadounidenses poseen herramientas normativas robustas para perseguir delitos de fraude financiero y lavado de activos que atraviesen fronteras o utilicen el sistema bancario internacional. La magnitud de los montos involucrados y la sofisticación de la estructura sugieren que la pesquisa podría derivar en acusaciones formales contra los participantes identificados. Por otra parte, la cooperación requerida entre jurisdicciones —particularmente entre Estados Unidos y Argentina— determinaría hasta qué punto las autoridades locales participarían en tareas de investigación adicional o ejecución de medidas cautelares. Algunos analistas sostienen que la prolongación del contrato en octubre podría interpretarse como un intento de fortalecer o cristalizar la operatoria previendo riesgos de exposición. Otros argumentan que las complejidades administrativas y contractuales requerían renovaciones periódicas independientemente de estas consideraciones. Lo cierto es que los próximos meses determinarán si los dirigentes convocados cooperan con la justicia estadounidense o si oponen resistencia, y si las autoridades argentinas avanzan con investigaciones paralelas o adoptan una postura pasiva respecto del procedimiento extranjero. Adicionalmente, el impacto sobre la gobernanza futura de la institución deportiva y su capacidad para administrar fondos internacionales permanece en suspenso, condicionado al resultado de estos procesos legales.