La arquitectura de la próxima contienda electoral comienza a dibujarse en los pasillos del poder ejecutivo. A través de encuentros que ya van en su segunda iteración, los dirigentes que comandan dos de las principales fuerzas políticas que sostienen al Gobierno nacional desplegaron este jueves un análisis exhaustivo del mapa de distritos donde podrían avanzar juntos en 2027. Lejos de tratarse de una simple charla de rutina, esta reunión representa un ejercicio de ingeniería política cuyo resultado determinará en gran medida la capacidad de ambas coaliciones para enfrentar los desafíos que se avecinan. La importancia de este tipo de encuentros radica en que definen no sólo qué fuerzas competirán en cada territorio, sino también quiénes ocuparán lugares destacados en las boletas y qué espacios tendrán en futuras administraciones.

El encuentro se extendió durante casi dos horas en las oficinas presidenciales, congregando a figuras clave del círculo gubernamental y la principal bancada opositora que respalda al ejecutivo. Participaron Diego Santilli en su rol de jefe de Gabinete, Martín Menem conduciendo la Cámara de Diputados, y Eduardo Menemen en representación institucional del oficialismo. Del lado del principal partido aliado comparecieron Cristian Ritondo liderando el bloque legislativo y Fernando de Andreis en calidad de secretario general, repitiéndose así la composición de delegaciones que caracterizó al primer encuentro de esta serie. La presencia de estos actores no es casual: todos ellos ostentan responsabilidades tanto en la gestión como en la articulación parlamentaria y partidaria, lo que les otorga legitimidad para negociar sobre futuros acuerdos.

El estado económico como preludio

Antes de sumergirse en la compleja geografía electoral, la reunión tomó temperatura en dos temas preliminares que funcionaron como el punto de partida del diálogo. En primer término, se revisaron los resultados de la votación parlamentaria ocurrida el miércoles anterior, donde el Gobierno y sus aliados lograron imponerse en la Cámara de Diputados, consolidando así una victoria legislativa que refuerza su posición negociadora. A continuación, la conversación giró hacia indicadores macroeconómicos que Santilli presentó de manera detallada, destacando que 13 de los 15 sectores productivos mostraban crecimiento según el Estimador Mensual de Actividad Económica, mientras que la inflación continuaba su trayectoria descendente. Estos números funcionaron como el mensaje tranquilizador que ambas delegaciones necesitaban escuchar antes de negociar sobre territorios y candidaturas.

Para los dirigentes amarillos, estos datos representaban un activo fundamental. Como expresó de Andreis tras concluir la sesión, la situación económica reviste importancia mayúscula en el contexto de lo que denominó como "blindar el cambio": una expresión que resume la estrategia conjunta de mantener la cohesión política alrededor del programa económico del Gobierno. La lectura de estos indicadores no era meramente técnica, sino que constituía el piso sobre el cual construir futuras alianzas. Si la economía muestra signos de recuperación, la propuesta electoral de ambas fuerzas gana peso específico frente a alternativas políticas que podrían plantarse como oposición a esta gestión.

El dilema del mapa territorial

El núcleo de la reunión se concentró en un ejercicio de cartografía electoral: la evaluación detallada de 17 distritos donde el PRO no ejerce la gobernación, con el objetivo de determinar en cuáles de ellos resultaba viable competir en conjunto con La Libertad Avanza. Esta cifra de diecisiete territorios bajo análisis constituye un universo significativo, aunque menor que el total de veinticuatro jurisdicciones electorales que conforman el país. La exclusión de aquellas provincias donde el PRO ya gobierna —específicamente la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut— responde a una lógica clara: en esos lugares ya existen gobiernos que necesitan ser preservados y fortalecidos, no negociados. Del mismo modo, la provincia de Buenos Aires quedó fuera de este análisis porque ambas fuerzas ya han definido previamente su estrategia conjunta en el territorio más poblado de la nación.

Durante estas negociaciones surge una tensión fundamental que atraviesa toda coalición política: la necesidad de expandir la base aliada choca permanentemente contra los intereses territoriales de cada actor. En este sentido, Ritondo fue claro al aclarar que aunque el PRO no llega a la mesa con la condición de que se respeten automáticamente sus territorios, existe una expectativa implícita de arribar a acuerdos equilibrados en toda la geografía nacional. La frase clave que pronunció resume el dilema: trabajarán para ir juntos "en todo el país, no para ir en un distrito sí y otro no". Esta declaración refleja una preocupación genuina sobre los riesgos de una alianza inconsistente, donde alianzas puntuales podrían debilitar la marca política de cualquiera de las dos fuerzas.

La situación de la Ciudad de Buenos Aires ilustra de manera paradigmática este desafío. Jorge Macri, el gobernador porteño, ya ha expresado públicamente su intención de buscar un segundo mandato. Para Ritondo, ese distrito representa la prueba de fuego de cualquier acuerdo: es donde el PRO ha ganado consecutivamente y mantiene un gobierno activo, pero donde simultáneamente la fuerza oficialista posee un enorme arraigo. La salida que propone es la coexistencia competitiva dentro de una misma alianza electoral, una fórmula que ha funcionado en otras latitudes pero que requiere de una coordinación extremadamente fina para evitar divisiones internas. Como expresó el diputado: "Sin duda, la fuerza de La Libertad Avanza también es muy importante" en la ciudad, reconociendo así que no se puede desconocer la realidad de dos actores políticos fuertes coexistiendo en un mismo espacio.

Las lecciones del pasado electoral

Para fundamentar su argumentación sobre la viabilidad de estos acuerdos, los dirigentes del PRO apelaron a precedentes concretos. Señalaron que en las elecciones anteriores ya habían competido conjuntamente en catorce distritos, lo que demuestra que la fórmula de alianza selectiva no es novedosa sino que responde a una práctica establecida. Esta referencia histórica es significativa porque muestra que la competencia electoral en Argentina ha evolucionado hacia esquemas cada vez más sofisticados, donde las fuerzas nacionales deben adaptar sus estrategias a realidades locales heterogéneas. La estructura territorial argentina, con sus gobernadores provinciales que frecuentemente construyen poder independientemente de los alineamientos nacionales, hace que la replicación de un único modelo de alianza resulte prácticamente imposible.

Existe un tercer actor que comienza a jugar un papel relevante en estas negociaciones: la Unión Cívica Radical. Desde el PRO ven con buenos ojos la eventual participación del radicalismo en esta coalición ampliada para 2027. Esta postura tiene sentido político: el partido de Hipólito Yrigoyen comparte con el PRO el interbloque en la Cámara de Diputados, lo que indica ya un nivel de coordinación legislativa establecido. Sin embargo, ambas fuerzas reconocen que la decisión final sobre la incorporación radical depende del Gobierno, y que esa inclusión está profundamente vinculada al tipo de vínculo que el oficialismo logre construir con los gobernadores radicales. En provincias como Corrientes o Catamarca, donde la UCR ejerce la gobernación, cualquier negociación electoral nacional necesariamente debe pasar por los gobernadores locales. Esta realidad subraya una característica fundamental del sistema político argentino: la dificultad de construir coaliciones puramente nacionalizadas, dado que el federalismo electorizado impone sus propios límites.

Para de Andreis, la incorporación de estos actores adicionales responde a una lógica mayor: la necesidad de generar "certidumbre política" que trascienda lo meramente electoral. En su perspectiva, una coalición sólida, predecible y que incluya a varios actores del espectro político, contribuye a la estabilidad que el programa económico requiere. La premisa aquí es que los inversores, los trabajadores y los consumidores necesitan saber que hay acuerdos políticos duraderos que permitan implementar políticas consistentes. Aunque no fue expresado en estos términos, la idea subyacente es que la polarización pura—donde el Gobierno enfrenta una oposición monolítica—genera incertidumbre que daña la economía. Una coalición amplia, aunque requiera mayores negociaciones internas, ofrece mayor estabilidad macroeconómica.

Las lógicas contrapuestas de negociación

Un dato revelador del encuentro reside en la divergencia estratégica entre La Libertad Avanza y el PRO respecto al modelo de negociación. Mientras que el primero se inclina por una lógica de negociación jurisdicción por jurisdicción, buscando la mejor posición posible en cada caso—tanto para la distribución de candidaturas legislativas como para participaciones en futuras gestiones locales—, el segundo propugna un acuerdo nacional que, aunque reconozca las particularidades de cada territorio, establezca principios generales. Esta diferencia no es meramente formal. En la práctica, significa que La Libertad Avanza prefiere mantener máxima flexibilidad en cada negociación específica, mientras que el PRO busca marcos de referencia que protejan sus intereses de manera más predecible.

Las autoridades del PRO, al ser consultadas sobre este punto, expresaron que el enfoque debe ser el de identificar "dónde estamos más fuertes nosotros, dónde ellos, dónde hay que tener en cuenta al radicalismo". Esta caracterización refleja un análisis pragmático: no se trata de una alianza basada en principios ideológicos compartidos uniformemente, sino en el reconocimiento de fuerzas relativas que varían de jurisdicción a jurisdicción. Es una versión sofisticada del antiguo aforismo político: los amigos de mis amigos no necesariamente son mis amigos, pero en algunos lugares podemos actuar juntos. La pregunta que navegarán en los próximos meses es si estas diferentes fuerzas pueden mantener esa coordinación selectiva sin que acusaciones mutuas de debilidad o traición fragmenten la alianza antes de llegar a 2027.

El hecho de que se celebre un segundo encuentro apenas semanas después del primero sugiere una cierta urgencia en cerrar estos temas. Las campañas electorales en Argentina comienzan a tomar forma con bastante anticipación, y hay competidores internos que vigilan estas negociaciones muy atentamente. Para el PRO, lograr certidumbre sobre sus territorios es crítico para fortalecer a sus gobernadores y candidatos. Para La Libertad Avanza, mantener la coalición cohesionada es vital para garantizar que los próximos años legislativos continúen siendo gobernables. Ambas fuerzas enfrentan el desafío de balancear sus ambiciones particulares con la necesidad estratégica de mantenerse unidas frente a una oposición que, aunque desarticulada actualmente, podría reencontrarse en torno a candidaturas competitivas.

Las consecuencias de estas negociaciones se desplegarán en múltiples dimensiones. En el corto plazo, el éxito en cerrar acuerdos territoriales permitirá que ambas fuerzas presenten una imagen de fortaleza y coordinación, lo que típicamente favorece en términos de comunicación política y capacidad de atracción de nuevos aliados. En el mediano plazo, la distribución de candidaturas y espacios en futuras administraciones provinciales determinará qué líderes emergentes ganan visibilidad y poder dentro de cada estructura partidaria. En el largo plazo, la pregunta fundamental es si estas coaliciones sostenidas alrededor de la economía y la estabilidad institucional pueden convertirse en alianzas más programáticas y duraderas, o si seguirán siendo acuerdos coyunturales que se redefinen con cada ciclo electoral. Los observadores de la política nacional señalan perspectivas divergentes: mientras algunos consideran que esta coordinación refuerza la gobernabilidad, otros advierten que dilata la definición de identidades políticas claras, lo que podría facilitar fragmentación futura. Lo que es evidente es que los próximos meses de negociación serán decisivos para determinar el equilibrio de poder en la Argentina post-2027.