El entramado de flujos financieros irregulares que rodea al imperio empresarial de Electroingeniería volvió a exponerse con crudeza durante una nueva jornada del proceso judicial por los Cuadernos. Lo que emerge de los relatos de especialistas tributarios no es simplemente la existencia de movimientos sospechosos, sino un patrón sistemático de desplazamientos de recursos que burlaban la documentación contable formal. Los datos presentados pintan un escenario donde decenas de millones de dólares circulaban a través de canales aparentemente legítimos —bancos de primera línea, operaciones de bolsa— pero carecían de fundamentación documentaria que justificara su origen o destino. Este hallazgo cobra relevancia porque desafía la premisa fundamental de toda economía transparente: que los movimientos de capital dejan un rastro verificable.
La declaración que expone el vacío contable
Durante la audiencia celebrada tras una semana de receso, tomó la palabra Pedro Mario Majul, exjefe de la administración tributaria nacional, quien fungió como uno de los supervisores de un informe que data de 2018. Su testimonio no se limitó a enumerar operaciones; Majul se adentró en el análisis de los mecanismos mediante los cuales sumas considerables atravesaban las fronteras económicas sin que existiera correspondencia alguna en los registros contables de las compañías originarias. El perito describió cómo tres empresas vinculadas —Electroingeniería, Grupo Eling e Integración Eléctrica Sur Argentina— canalizaron sendos giros durante 2011 hacia el exterior. Las magnitudes eran significativas: 3,5 millones de dólares desde la primera, 2,35 millones desde la segunda y 2,3 millones desde la tercera. Los empresarios detrás de estas estructuras eran Gerardo Luis Ferreyra y Osvaldo Antenor Acosta.
Lo paradójico de estos movimientos radicaba en su naturaleza dual. Por un lado, las transferencias se ejecutaban a través de canales formales de máxima solidez institucional: el Banco Nación, con sus sucursales en Nueva York, proporcionaba la infraestructura para que los dólares cruzaran océanos. Por el otro, esa misma sofisticación bancaria contrastaba de manera flagrante con la ausencia total de identificación en los libros contables de las empresas originarias. Majul explicó durante su testimonio que, pese a contar con toda la documentación bancaria a su disposición, no encontró ningún registro que explicara adónde iban esos fondos o bajo qué concepto se justificaban. La formalidad de los canales de transferencia no otorgaba legitimidad a operaciones que carecían de fundamentación comercial o administrativa verificable.
El caso del exfuncionario cordobés y los fondos sin explicación
Uno de los episodios más peculiares relativo a estas irregularidades involucra a Oscar Alberto Santarelli, personaje que ocupó múltiples responsabilidades en la administración pública provincial. Según los registros incorporados al expediente judicial, durante septiembre de 2012 se produjo una operación de contado con liquidación —mecanismo financiero que permite compra y venta casi simultáneas de valores— que generó 85 mil dólares. La mitad de esa suma, es decir 42 mil 500 dólares, acabó depositándose en una cuenta a nombre de Santarelli. La otra mitad fue acreditada en cuentas de terceros, todos sin justificación documental aparente. El perito Majul, al hacer referencia a esta operación, utilizó un término revelador: "derivación de fondos". Explicó que sus investigadores no lograron identificar, con los elementos de que disponían, motivo alguno que legitimara semejante transferencia.
El perfil de Santarelli suma complejidad al cuadro. No se trataba de un agente privado anónimo, sino de un funcionario que acumulaba responsabilidades públicas en Córdoba. Había presidido la Agencia Córdoba Turismo, desempeñado el cargo de ministro de Obras Públicas, ocupado funciones en la lotería provincial y posteriormente accedido a la intendencia de Villa General Belgrano. Su conexión con la sociedad de bolsa Drac proporcionaba acceso directo a las operaciones de mercado que facilitaron el flujo de esos dólares hacia su cuenta. El conjunto de estos detalles sugiere que la recepción de fondos no era fortuita, sino resultado de una malla de relaciones que entretejer funcionarios públicos, operadores bursátiles y empresarios de grupos económicos sospechosos.
Lo singular del caso es que Majul no afirmaba que Santarelli fuera el beneficiario final o que tuviera conocimiento de la irregularidad. Su observación se limitaba al aspecto puramente técnico: que existía un movimiento de dinero cuya causa no podía documentarse. En términos de auditoría, eso equivale a una anomalía de imposible resolución con la información disponible. Esa incapacidad para hallar una explicación legítima es, precisamente, lo que fundamenta la sospecha de que el movimiento respondía a propósitos distintos de los comerciales o administrativos ordinarios.
Los testigos y sus limitaciones: cuando el especialista no recuerda
La misma audiencia que permitió los reveladores testimonios de Majul incluyó la declaración de Juan Carlos Santos, contador que se desempeñaba en el área de grandes contribuyentes de ARCA (la agencia recaudadora). Su comparecencia ante el tribunal había sido programada para el 7 de julio, pero un error administrativo inusual determinó que compareciese un homónimo carente de toda vinculación con el caso, lo que obligó a reprogramar la audiencia. Cuando finalmente Santos testificó, su memoria respecto de los informes que había firmado resultó notablemente selectiva. El contador sostuvo públicamente no recordar ninguno de los trabajos sobre las compañías bajo investigación. Más aún, afirmó que en materia técnica no intervenía en la confección de tales informes, limitándose a asegurar que las respuestas institucionales llegaran a la Justicia dentro de los plazos legales. Su rol, según su propio relato, se circunscribía a lo que denominó "rubro legal", desvinculándose completamente de la sustancia técnica de los análisis.
Esta ausencia de memoria o responsabilidad en el testigo contrasta notablemente con la precisión de los datos que Majul pudo exponer. Mientras que el ex jefe tributario recordaba detalles concretos de operaciones, cifras exactas y el proceso de supervisión de informes, Santos adoptaba una postura de desconexión respecto de documentos que llevaba su firma. Tal divergencia plantea preguntas sobre cómo fue posible que informes de relevancia judicial se rubricaran sin intervención sustantiva de quienes los suscribían, o bien cómo la memoria de un perito tributario pudo evaporarse completamente respecto de su propio trabajo profesional.
El contexto más amplio de estos testimonios sitúa el juicio de Cuadernos en una fase donde la carga probatoria se desplaza desde declaraciones de terceros hacia la exposición de documentación técnica y pericial. Los contadores de la AFIP, como clase de testigos, representan especialistas cuya función consiste en traducir datos financieros complejos en un lenguaje comprensible para instancias judiciales. La calidad y precisión de sus testimonios determinan la solidez de los argumentos sobre los que se construyan eventuales condenas. Cuando tal solidez se ve comprometida por lagunas de memoria o ausencia de responsabilidad documentaria, la arquitectura probatoria sufre un menoscabo considerable.
Implicancias de los hallazgos sobre la estructura empresarial
El análisis retrospectivo de operaciones ejecutadas durante la década de 2010 revela que Electroingeniería y sus entramados corporativos asociados funcionaban como vehículos mediante los cuales circulaban recursos sin someterse a los controles contables ordinarios que toda empresa moderna debe cumplir. Ello no implica necesariamente que los fondos provinieran de actos ilícitos, sino que sus movimientos estaban diseñados para evadir la trazabilidad. Desde una perspectiva de compliance y transparencia corporativa, eso equivale a una anomalía grave. La utilización de operaciones bursátiles de contado con liquidación —instrumentos técnicamente lícitos— para transferir dinero hacia cuentas sin propósito comercial documentado representa lo que en la jerga regulatoria se denomina abuso de forma legal para fines sustancialmente cuestionables. No es lo mismo realizar una operación irregular que realizar una operación técnicamente formal cuya irregularidad reside en su propósito y contexto.
La multiplicidad de empresas utilizadas —Electroingeniería, Grupo Eling, Integración Eléctrica Sur Argentina— sugiere un diseño deliberado de compartimentalización. Cada entidad canalizaba montos menores que la suma total, lo que podría haber tenido por objetivo eludir los umbrales de control que activan alertas en autoridades tributarias o de inteligencia financiera. La distribución de fondos entre múltiples personas y cuentas responde a un patrón idéntico. Tales estructuras no emergen casualmente; son construcciones que requieren planificación. Los peritajes de Majul apuntaban exactamente a documentar ese nivel de sofisticación en el diseño de operaciones destinadas a movilizar capital sin registro contable correlativo.
Las perspectivas abiertas por estas pruebas
Los elementos probatorios presentados durante esta jornada de juicio generan múltiples líneas de interpretación. Desde una óptica estrictamente penal, constituyen indicios de que recursos fueron desplazados mediante canales que deliberadamente eludían documentación contable, lo cual podría tipificarse como lavado de activos o enriquecimiento ilícito, dependiendo de la procedencia de los fondos. Desde una perspectiva de responsabilidad corporativa, demuestran que estructuras empresariales de envergadura operaban sin los controles internos que deberían caracterizar a cualquier compañía sujeta a regulación fiscal. Desde un análisis de vulnerabilidades del sistema de fiscalización estatal, exponen que durante una década completa operaciones de esta magnitud circularon sin ser interceptadas en tiempo real, revelando brechas en los dispositivos de vigilancia. Desde la óptica de los presuntos beneficiarios, tales como funcionarios públicos que recibieron giros sin justificación, plantean interrogantes sobre la cadena de decisiones que permitió a personas en posiciones de poder recibir transferencias anómalas. Finalmente, desde la perspectiva de quienes sostienen que los sistemas de control deben funcionar con mayor eficiencia, estos antecedentes demuestran que incluso con tecnología bancaria moderna y acceso a información tributaria integral, la detección de irregularidades requiere investigación especializada retrospectiva, no pueden prevenirse automáticamente.
Lo que quedará como saldo de esta fase del proceso judicial será la evaluación que realizará el tribunal acerca de si la acumulación de anomalías documentadas —transferencias sin justificación, operaciones bursátiles cuyo producto se derivaba hacia cuentas sin propósito comercial, giros millonarios no registrados contablemente— constituye evidencia suficiente de que recursos ilícitos circulaban deliberadamente por canales formales para eludir detección. O bien, por el contrario, si tales operaciones, aunque irregulares desde el punto de vista administrativo, carecen de la solidez probatoria necesaria para fundamentar una condena penal. En tanto el juicio continúe su curso, ambas interpretaciones permanecen abiertas al escrutinio de los magistrados.
