Una paradoja incómoda: recuperación económica con desconfianza política

La Argentina transita hoy una encrucijada que desafía los análisis convencionales. Mientras ciertos indicadores económicos comienzan a mostrar movimientos positivos después de meses de caída sostenida, la política interna del oficialismo se desmorona en enfrentamientos públicos que exponen fracturas profundas. Lo curioso no es que esto suceda, sino que ninguna fuerza política opositora logre aprovechar estas debilidades manifiestas del Ejecutivo. El Gobierno sigue siendo el único actor relevante en la escena política nacional, a pesar de los síntomas visibles de desorden administrativo que deberían beneficiar a sus adversarios.

En materia económica, especialistas independientes como Miguel Kiguel plantean una hipótesis cauta pero esperanzadora: quizá lo peor de la crisis ya quedó atrás. Este diagnóstico se sostiene en algunos datos concretos que merecen atención. Las exportaciones de productos agropecuarios y mineros repuntaron significativamente en los últimos meses, lo que permitió que el Banco Central acumulara 9.000 millones de dólares en reservas durante lo que va del año. Este es uno de los logros más concretos del programa económico implementado, dado que las reservas constituyen históricamente un talón de Aquiles de cualquier administración argentina.

Sin embargo, esta mejora en las reservas presenta una cara oculta que genera preocupación entre economistas y empresarios. El dólar permanece prácticamente inmóvil, lo que algunos califican de "peligrosamente quieto" considerando los niveles inflacionarios vigentes. Cuando existe inflación pero el tipo de cambio no se mueve, el peso se aprecia en términos relativos y la moneda extranjera se abarata. Esta dinámica genera problemas productivos considerables: muchos sectores industriales y comerciales encuentran dificultades para competir cuando el dólar está artificialmente deprimido. Hay economistas que sostienen directamente que con este nivel de tipo de cambio es prácticamente imposible que arranque un proceso de crecimiento económico genuino.

Los números de la recuperación: ¿suficientes para cambiar el humor de la gente?

La actividad económica registró en la última medición una mejora de 3,3%, aunque es importante aclarar qué significa este número. No indica que la economía esté creciendo en términos absolutos, sino que rebota con relación a la brutal caída que registró en el primer trimestre del año. Es el equivalente económico a levantarse del piso después de una caída fuerte: el movimiento hacia arriba existe, pero uno aún está debajo del nivel anterior.

La inflación, por su parte, bajó por debajo del 3% mensual durante octubre, lo que representa la primera reversión del proceso inflacionario en diez meses. Aunque esta cifra se celebre en los reportes oficiales, la perspectiva debe mantenerse realista: una inflación mensual de menos del 3% sigue proyectándose en una inflación anual cercana al 30%, lo que es cinco puntos porcentuales superior a la que dejaba Cristina Kirchner cuando finalizó su gobierno en 2015. Contextualizando: incluso en los peores momentos de la inflación kirchnerista, aquella que fue llamada "escandalosa" por muchos observadores en su momento, los números actuales la superan.

El Fondo Monetario Internacional renovó el programa de asistencia financiera a la Argentina y autorizó un desembolso de 1.000 millones de dólares. En su comunicado de aprobación, el organismo elogió la política fiscal restrictiva y el equilibrio de las cuentas públicas alcanzado por esta administración. Sin embargo, en el mismo documento expresó una preocupación que no es menor: señaló que el Gobierno aún no logra acceder normalmente al mercado financiero para refinanciar sus vencimientos de deuda. En otras palabras, Argentina sigue dependiendo de los organismos multilaterales porque no ha conseguido recuperar la confianza de los inversores privados. Para lograrlo, según expresa el FMI, es imprescindible que baje significativamente la tasa de riesgo país, indicador que sigue reflejando desconfianza.

Hay otro lado de la moneda que no aparece en los comunicados oficiales. La destrucción de empleo continúa. La morosidad en las carteras de créditos a hogares alcanza el 11,54%, un nivel extraordinariamente elevado que indica que las familias endeudadas tienen cada vez más dificultades para pagar sus obligaciones. El consumo mayorista, que es un indicador adelantado de la actividad económica general, registró una caída del 1,4% en la última medición. Esto sugiere que, aunque haya algunos indicios tímidos de que el deterioro productivo podría revertirse en industria y comercio, nadie en el sector privado se atreve a asegurarlo contundentemente. El optimismo oficial choca con una realidad empresarial más cautelosa.

La interna despiadada: redes sociales, negocios oscuros y la pregunta sobre el liderazgo

Si la economía presenta paradojas, la política interna del Gobierno presenta directamente un cuadro de ingobernabilidad relativa. El último capítulo de estas pugnas se desarrolló, como es característico de este gobierno, a través de redes sociales. Una cuenta identificada como "Periodista Rufus" venía compartiendo mensajes con tono crítico hacia varias figuras del Ejecutivo, particularmente dirigidos contra Santiago Caputo, funcionario que ocupa una posición de poder significativa dentro de la administración Milei. La atribución de quién operaba esa cuenta se convirtió en punto de disputa: Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, reconoció que se trataba de una cuenta de su propiedad, aunque aclaró que era operada por un subordinado suyo. Otras fuentes dentro del Gobierno sostienen que detrás de la cuenta estaba Sharif Menem, hijo de Luis Menem, titular del Senado.

Este Sharif Menem ya había protagonizado enfrentamientos previos con colaboradores cercanos a Caputo. En 2023 había tenido un cruce público con Lucas "Sagaz" Luna, un asesor vinculado a lo que algunos denominan el "círculo íntimo" del funcionario. Lo interesante del episodio es que puso de manifiesto fracturas profundas dentro de la estructura de poder del Gobierno. Mientras Milei declara públicamente que la cuenta le fue "plantada" como una operación en su contra, el portavoz presidencial Daniel Parisini, ligado a Caputo, tuvo que salir a decir que "le mintieron al Presidente". Esta acusación de mentira dirigida al propio jefe de Estado por su vocero sugiere una dinámica compleja en la que es difícil determinar quién está siendo transparente y quién está intentando manipular la narrativa.

Lo que emerge de este caos comunicacional es una pregunta más profunda: ¿cuál es realmente la capacidad de liderazgo de Javier Milei dentro de su propia administración? Ante este conflicto, el Presidente emitió una declaración que resultó más reveladora que aclaratoria: dijo que Santiago Caputo es su hermano. La afirmación genera múltiples interrogantes, no menos porque sugiere una dependencia emocional o política de Milei respecto de Caputo que trascendería lo meramente administrativo. Esta declaración fue particularmente incómoda si se considera que Karina Milei, hermana del Presidente, ejerce una tutela política sobre ciertas áreas del Gobierno, incluida la de Martín Menem. Que el Presidente anuncie públicamente una nueva "hermandad" con Caputo genera dinámicas extrañas dentro de un círculo íntimo que ya estaba dividido.

La pregunta sobre los Neuss: ¿nuevos abrepuertas en la era libertaria?

Detrás de toda esta pugna entre Caputo y el ala Menem-Karina existe una realidad económica que molesta a muchos empresarios establecidos en el país. La cuenta "Periodista Rufus", antes de ser desactivada o neutralizada, planteaba una pregunta que circula en pasillos de la comunidad empresarial: ¿cuál es exactamente el papel de los hermanos Jorge y Patricio Neuss en la economía argentina actual?

En apenas dos años, estos hermanos han acumulado negocios significativos, particularmente en el sector energético. Lo llamativo no es que existan empresarios que aprovechen coyunturas políticas favorables, sino la velocidad y la concentración de sus adquisiciones. Todos los actores del mercado energético reconocen públicamente que los Neuss son íntimos de Santiago Caputo, con una relación que se remonta a su adolescencia. La pregunta de muchos empresarios es directa: ¿tienen acceso privilegiado a negocios porque tienen una relación personal con uno de los funcionarios más poderosos del Gobierno?

Esta pregunta adquiere relevancia particular cuando se examina la Ley de Zonas Frías, aprobada recientemente en la Cámara de Diputados. Superficialmente, esta ley trata sobre recalibración de subsidios para zonas que requieren uso intensivo de gas por temperaturas bajas. Pero su segundo capítulo contiene disposiciones que nada tienen que ver con zonas frías y sí mucho con el sector eléctrico regulado. La ley establece un mecanismo mediante el cual distribuidoras eléctricas como Edenor y Edesur pueden compensar deudas acumuladas con Cammesa (la empresa estatal distribuidora de energía) mediante reconocimiento de pérdidas tarifarias acumuladas desde el gobierno kirchnerista en adelante.

El esquema tiene cierta lógica superficial. Edenor y Edesur siempre reclamaron por el congelamiento de tarifas que les impedía actualizar ingresos y pagar costos operativos. El problema es la pregunta: ¿por qué se reconocen pérdidas solamente a estas dos distribuidoras y no a otras empresas reguladas por el Estado que también sufrieron congelamiento tarifario, como las de gas? Y más importante aún: ¿qué pasa con las distribuidoras reguladas por provincias y no por Nación? Según información disponible, las provincias serían las responsables de pagar estos atrasos. Cuando esto se implemente, probablemente genere un conflicto político severo entre el Gobierno nacional y los gobernadores provinciales, algo que aún no sucedió porque las reglas del juego no se han terminado de formular.

Hay una mecánica de los mercados regulados que conviene analizar. Existen empresarios que son simultáneamente accionistas de empresas de servicios públicos y dueños de empresas privadas que les proveen servicios. Abultan costos en las empresas públicas para justificar mayores ingresos, y simultáneamente contratan a sus propias empresas privadas para que les suministren bienes o servicios. En otras ocasiones, endeudan a estas empresas públicas para financiar la compra de otras empresas, muchas veces en el exterior. La pregunta que nadie logra responder es: ¿quién audita todo esto? ¿Quién controla que no haya enriquecimiento privado a costa de empresas públicas? Con la Ley de Zonas Frías, se abre una puerta legal para que suceda algo similar: bajo el argumento razonable de compensar a empresas que fueron castigadas por congelamientos tarifarios, se crea un mecanismo mediante el cual pueden surgir negocios significativos que, en última instancia, pagarán los contribuyentes o los consumidores.

La privatización parcial de Transener, empresa estatal de transporte de energía eléctrica, ya ha generado estimaciones de que quienes la adquieran obtendrán ventajas considerables gracias a estos nuevos esquemas de compensación tarifaria. Entre quienes se quedaron con partes de Transener figuran los hermanos Neuss. La pregunta que muchos se formulan es: ¿los oferentes de Transener sabían previamente que esta ley de compensación se aprobaría? ¿Ajustaron sus ofertas considerando una ganancia futura que ya conocían?

Capitales chinos, Washington y la pregunta sobre las dependencias del Gobierno

En paralelo a estas disputas sobre negocios domésticos, ha surgido otra capa de conflicto vinculada a la relación con Estados Unidos. El Gobierno argentino opera con un nivel de dependencia económica respecto de Washington que es difícil de exagerar. El Tesoro norteamericano inyectó 20.000 millones de dólares para estabilizar el plan económico en 2023. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, tiene intereses compartidos en Argentina junto con el equipo de Donald Trump. Esta relación de dependencia ha generado situaciones incómodas, como la convocatoria a Luis Caputo, ministro de Economía, a la Embajada de Estados Unidos para explicar movimientos económicos que generaban interrogantes en Washington.

Santiago Caputo viajó a Estados Unidos recientemente y las explicaciones sobre el motivo del viaje divergen de manera notable. Según un pequeño sector del periodismo que el Gobierno identifica como "independiente y transparente", Caputo viajó para explicar la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y aclarar eventuales planes de reelección. Según el resto del periodismo, que el Gobierno califica como "corrupto", Caputo fue a Washington para explicar qué sucede con la licitación de la hidrovía y cuál es la participación de capitales chinos en los consorcios que compiten por ella. De hecho, una empresa que participa en estos procesos licitatorios tuvo que presentarse en la Embajada de Estados Unidos para aclarar si había presencia china en sus estructuras accionarias.

El tema de la hidrovía y la eventual participación de inversores chinos genera preocupación en la Casa Blanca porque el hidrovía Paraná-La Plata es el canal más importante por el cual China accede a alimentos producidos en Sudamérica. Para la República Popular China, controlar o tener influencia sobre esta ruta es una cuestión de seguridad alimentaria estratégica. Para Estados Unidos, que busca limitar la influencia china en su esfera de influencia tradicional, es un tema geopolítico crucial. El hecho de que Estados Unidos haya llamado la atención del Gobierno argentino sobre estos temas sugiere que existen preocupaciones concretas sobre quién está detr