La apuesta del Gobierno: reformas simultáneas en tiempos de turbulencia

La Casa Rosada no desaprovecha los espacios de visibilidad. Mientras el país atraviesa un cuadro macroeconómico poco alentador y su número dos enfrenta cuestionamientos que no cesan, el Ejecutivo decidió hace poco lanzar hacia el Congreso un arsenal de iniciativas legislativas de envergadura. Se trata de cambios estructurales que tocan nervios sensibles: el régimen electoral, la salud mental, los derechos de personas con discapacidad, el derecho de propiedad, nombramientos en la magistratura federal y la resolución de pleitos con bonistas del exterior. Ninguno de estos proyectos posee garantías de aprobación. Varios generan resistencia incluso dentro de las propias filas del frente gobernante. La estrategia parece responder a un cálculo político específico: si el tablero se llena de movidas simultáneas, tal vez la atención mediática y parlamentaria se disperse y permita avanzar sin que cada iniciativa reciba el escrutinio que se merece.

Detrás de esta embestida legislativa late una realidad incómoda. El frente político se muestra resquebrajado en varios costados, y el económico presenta indicadores que desmienten los optimismos del discurso oficial. La inflación de marzo cerró en 3,4% mensual, cifra que el propio presidente Javier Milei reconoció públicamente como "negativa". Pero no fue el único síntoma alarmante del mes: el Indec reportó una contracción de la actividad económica en febrero, medida a través del Estimador Mensual de Actividad Económica. La caída rondó el 2,6% respecto del mes anterior y 2,1% comparado con febrero del año previo. Fueron especialmente las ramas industrial y comercial las que traccionaron hacia abajo esa merma de dinamismo. En semejante contexto de debilidad macro, levantar una agenda legislativa ambiciosa funciona como cortina de humo: mantiene la conversación pública enfocada en reformas futuras mientras se oculta el presente económico estancado.

Adorni en la cuerda floja: investigación fiscal y explicaciones que generan más dudas

El telón de fondo de esta maniobra parlamentaria es aún más delicado. Manuel Adorni, encargado de coordinar la acción del Ejecutivo desde la jefatura de Gabinete, se encuentra bajo un foco de investigación que no se apaga. El fiscal federal Gerardo Pollicita sigue analizando la patrimonial del funcionario, especialmente centrado en dos operaciones inmobiliarias realizadas tras su asunción y en desembolsos personales que incluyen desplazamientos internacionales y uso de aeronaves de carácter privado, algunos de los cuales compartió con su pareja. Las explicaciones que el propio Adorni ofreció semanas atrás durante una conferencia de prensa en la residencia presidencial, lejos de zanjar el asunto, sembró nuevas interrogantes y generó un clima de escepticismo entre la prensa acreditada. Este próximo miércoles, el funcionario deberá presentarse en el recinto de Diputados para responder preguntas durante una sesión informativa. Será su segunda comparecencia pública reciente dedicada a justificar su situación económica personal. Los analistas del ambiente político anticipan un clima tenso durante su paso por la Cámara Baja, donde la oposición sin dudas intentará profundizar en los detalles que quedaron sin aclarar.

No es casualidad que el Ejecutivo haya optado por concentrar el envío de proyectos en la Cámara Alta. Según comentarios en los círculos de poder, el oficialismo estima contar con un escenario algo más receptivo en el Senado que en Diputados, donde la fragmentación y la cantidad de legisladores disidentes vuelven los números más impredecibles. La idea es, en cierto modo, distribuir el fuego: mientras Adorni enfrenta el interrogatorio en la Cámara Baja, el Senado podría avanzar en paralelo con iniciativas que concentren expectativas y reordenamientos legislativos de largo alcance. Es una partida de ajedrez parlamentario donde la distracción funciona como herramienta táctica.

Las grietas dentro del propio aliado: ni siquiera el frente gobiernista cierra filas

Pero la ofensiva legislativa del Ejecutivo topa con obstáculos que trascienden las filas opositoras: sus propios aliados muestran rechazo o, al menos, tibios compromisos frente a varios de los proyectos en cuestión. El paquete vinculado a la propiedad privada genera resquemores en sectores clave de la coalición. Este conjunto de iniciativas busca modificar sustancialmente el régimen de desalojos, alterar los mecanismos de fijación de indemnizaciones en expropiaciones trasladando esa decisión hacia las leyes del mercado, flexibilizar la normativa sobre tenencia de tierras para ampliar la participación de inversores extranjeros y redefinir la regulación del manejo del fuego en territorios rurales. Cada uno de estos aspectos despierta resistencia localizada en distintos bloques aliados que temen afectaciones en sus provincias o en sus bases electorales.

Aún más delicada resulta la iniciativa que busca desactivar la llamada "emergencia en discapacidad". Justamente esos mismos aliados legisladores que hoy podrían resistirse fueron los que hace apenas un año respaldaron la declaración de emergencia para sostener el esquema de aranceles de los prestadores de servicios: transportistas especializados, terapeutas, operadores de hogares protegidos. Desandar ese camino genera un doble problema político: primero, implica contradecirse públicamente; segundo, afecta directamente a trabajadores y prestadores de la economía social que tienen peso político en territorios específicos. La reforma electoral constituye otro foco irreconciliable de conflictividad. Los legisladores de PRO, la Unión Cívica Radical y los bloques de provincias se rehúsan a acompañar la eliminación de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, las famosas PASO, justamente porque esos mecanismos les sirven para resolver sus propias contiendas internas sin exponerse a elecciones generales. Además, el proyecto incluye un endurecimiento en los requisitos para que los partidos políticos conserven su personería jurídica: elevaría del 2% al 3% el piso electoral mínimo que deben alcanzar en comicios sucesivos. Tal cambio podría eliminar del mapa competitivo a varios espacios políticos de menor envergadura, generando resistencia predecible entre fuerzas que ven amenazada su viabilidad electoral.

La estrategia alternativa: los proyectos "viables" como trampolín inicial

Frente a este panorama de resistencias multifacéticas, el Gobierno evalúa una aproximación táctica distinta: comenzar por aquellas iniciativas que exhiben menor potencial de conflicto para ir acumulando victorias legislativas pequeñas que generen momentum. Entre esos proyectos menos enfrentados figuran los acuerdos de refinanciamiento de deuda con dos fondos de inversión que litigaron extensamente contra el Estado nacional. Se trata de Bainbridge y Attestor, fondos que tenían reclamos contra Argentina en instancias judiciales internacionales. Los convenios alcanzados incluyen quitas superiores al 30% de lo demandado, una cifra significativa de alivio para las arcas públicas. A cambio, la República evitaría soportar medidas cautelares de embargo sobre activos estratégicos como las acciones de YPF y detendría los procedimientos de búsqueda de bienes en el exterior que los fondos utilizaban para presionar cobros. Pero hay un reloj corriendo: si el Congreso no valida estos convenios antes del 30 de abril, los términos negociados pierden validez y los conflictos judiciales podrían reavivarse bajo condiciones mucho menos favorables para el fisco. Esta premura temporal otorga un elemento de urgencia que podría facilitar la aprobación.

En paralelo, el Senado avanza con otros proyectos que generan menos polémica pública. La reforma de la ley de salud mental busca agilizar procedimientos de internación en situaciones de riesgo, una cuestión que tiende a generar acuerdos amplios porque toca el tema del bienestar colectivo. El recinto también contempla tratar nombramientos judiciales y designaciones diplomáticas, entre ellas la prórroga por cinco años de Carlos "Coco" Mahiques, magistrado que alcanzaría en noviembre los 75 años, edad constitucional límite para ejercer funciones como juez. Estas cuestiones de índole más técnica y menos visibles mediáticamente suelen encontrar caminos expeditos en el cuerpo legislativo superior.

El cálculo político: dispersar la atención para avanzar en lo posible

La lectura política que circula en los pasillos del Congreso sugiere que el Ejecutivo busca inundar la agenda parlamentaria para que cada iniciativa reciba menor atención individualizada. Si cinco o seis proyectos transitan simultáneamente por distintas comisiones y sesiones plenarias, ninguno monopoliza el debate ni genera el nivel de escrutinio que podría obstaculizar su progresión. Es una estrategia clásica de saturación informativa: en un contexto donde Adorni debe explicar su patrimonio, donde la inflación no cede y donde el empleo se contrae, el oficialismo prefiere que la conversación se fragmenté en múltiples frentes legislativos, ninguno de los cuales conseguiría atención mediática o pública integral.

Sin embargo, las resistencias persisten. El bloque de Diputados opositores, junto con los diputados aliados que rechazan aspectos específicos de la agenda, genera un escenario donde ningún proyecto tiene garantía de aprobación. El Senado, aunque más favorable según la evaluación oficial, tampoco es un cuerpo monolítico que acuerde automáticamente con el Ejecutivo. Los gobernadores que responden a diferentes señales políticas tienen presencia en el órgano legislativo de arriba, y algunos de sus senadores pueden votar de manera independiente dependiendo de cómo afecten los proyectos a sus territorios de origen. La próxima semana será reveladora respecto de cuánto de esta agenda logra convertirse en ley y cuánto queda atrapado en los vaivenes políticos.