El circuito que despierta sospechas en la city porteña

La persecución judicial al circuito del dólar blue desplegó en 2025 sus primeros movimientos concretos. El Banco Central inició formalmente sus sumarios hace apenas semanas, mientras que la justicia federal había anticipado acciones coordinadas que sorprendieron a toda la comunidad financiera argentina. Lo que emerge de los expedientes es un entramado de operaciones que, en el mejor de los casos, resulta opaco; en el peor, evidencia un esquema sistemático de desviación de divisas hacia el mercado paralelo. El fiscal federal Franco Picardi encabeza una investigación que apunta hacia al menos cinco funcionarios públicos y 34 empresas distintas, según documentación conocida por LA NACION. Este expediente, que permanece bajo secreto de sumario desde hace casi dos meses, ha generado una expectativa sin precedentes en los despachos porteños y en los pasillos políticos.

El movimiento de fondos a investigar alcanza proporciones asombrosas. Los datos preliminares indican que el circuito habría movilizado aproximadamente US$900 millones, cifra que no incluye los pesos volcados al esquema. En términos locales, las 34 empresas señaladas registran transacciones en divisas por $660.127 millones entre 2022 y la primera mitad de 2024. Ahora bien, la concentración temporal resulta particularmente reveladora: el 91,5% de esas operaciones se concretó durante 2023, el año en que la brecha entre el dólar oficial y el blue alcanzó sus máximas históricas. Luego, la mayoría de estas agencias prácticamente desapareció del mapa financiero, lo que sugiere que la operatoria estuvo intrínsecamente ligada a las condiciones de cepo que caracterizaron ese período.

Allanamientos coordinados y las figuras clave en la mira

El 30 de diciembre pasado aconteció un hecho inédito en la historia reciente de las investigaciones financieras locales: tres jueces ordenaron allanamientos simultáneos en múltiples ubicaciones. La estrategia apuntaba a desmantelar estructuras que presuntamente funcionaban de manera articulada. Entre los detenidos se encontraba Elías Piccirillo, un financista de trayectoria conocida en los mercados informales. Junto a él aparecen otros nombres recurrentes en los documentos de la causa: su excusocio Martín Migueles, Francisco Hauque, Matías Bocca, y de manera sorprendente, cinco funcionarios pertenecientes al área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, responsables precisamente de fiscalizar a las casas de cambio.

Lo que en principio parecería una investigación enfocada en cambistas privados escaló hacia adentro de la administración estatal. Los funcionarios del banco central constituyen un aspecto crítico de la pesquisa, ya que eran quienes debían ejercer control sobre estas operaciones. Paralelamente, también se menciona a Valeria Fabiana Fernández, una auditora externa del Central que habría validado los estados contables de entidades clave como Mega Latina y Stema Cambios. El rol de los auditores adquiere importancia porque sus certificaciones permitían que estas casas mantuvieran apariencia de legitimidad ante los organismos de control. En el listado de empresas investigadas figuran 27 agencias de cambio, tres sociedades dedicadas al comercio exterior, dos bancos, una emisora de tarjetas de crédito y una proveedora de soluciones financieras digitales.

Un detalle que llama la atención es la presencia de actores que no responden al perfil tradicional de la city porteña. Entre las casas de cambio aparece "Centenera", que fue creada por un técnico en sistemas de refrigeración que vive en un barrio periférico de Santa Fe. Los operadores de la justicia lo bautizaron informalmente como "el changarín del rulo". Esta agencia registró movimientos extraordinarios: en el primer semestre de 2023 únicamente, realizó ventas de divisas por $9.200 millones. Asimismo, figura "N y M Cambio SA", adquirida en enero de 2021 por Eduardo y Mauro Piccirillo —padre y hermano del financista investigado—, lo que sugiere un funcionamiento de carácter familiar en algunas estructuras del circuito.

El mecanismo: cómo desaparecía la trazabilidad de los billetes

Para comprender la naturaleza de lo investigado, es fundamental entender el esquema operativo que los fiscales sospechan. Durante la época de cepo, los dólares físicos se volvieron un activo de valor exponencial. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo generaba márgenes de ganancia que podían superar el 100%. El circuito presumiblemente funcionaba mediante tres componentes interconectados: primero, el acceso a billetes verdes mediante canales formales (bancos); segundo, las casas de cambio que compraban esa moneda extranjera a valores oficiales; y tercero, los demandantes finales que pagaban precios de mercado negro. La pregunta central es: ¿quién facilitaba el primer paso y por qué?

El Banco Central, en sus propios sumarios, identificó un indicador crucial de irregularidad: la pérdida de trazabilidad. Esto ocurría cuando una casa de cambio recibía transferencias bancarias en pesos provenientes de múltiples terceros, pero no registraba operaciones de venta de divisas correspondientes a esos movimientos. En otras palabras, dinero entraba, pero no salía documentado ningún cambio de moneda. El caso más voluminoso que resolvió el banco central es el de Gallo Cambios, que intermedió US$474 millones entre mayo de 2022 y octubre de 2023. Según el documento oficial firmado por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias Juan Curutchet: "Se observó que el 92,71% fueron entregados en billetes por Gallo Cambios a los operadores compradores, haciendo perder la trazabilidad bancaria de dicha moneda extranjera".

Este mecanismo de entrega física de efectivo resultaba clave para desconectar los fondos del sistema bancario formal. Una vez que los billetes circulaban fuera de la red de transferencias electrónicas, se volvía prácticamente imposible rastrearlos. Según los documentos judiciales, varias de las agencias investigadas en la causa de Picardi —entre ellas Fenus y Centenera— recibieron dólares provenientes de Gallo Cambios. "Recibieron transferencias en pesos en sus cuentas bancarias de una multiplicidad de personas jurídicas y/o humanas sin haber registrado operaciones de cambio a su nombre", detalla el texto de la autoridad supervisora. Este patrón repetido en múltiples operadores sugiere una metodología coordinada, no casos aislados de desvíos menores.

Sospechas de connivencia estatal y los audios explosivos

Lo que distingue a esta causa de investigaciones previas sobre el mercado negro es la sospecha de participación de funcionarios públicos. El expediente, que funciona en dos carriles paralelos, dedica una rama íntegramente a examinar presuntos vínculos entre cambistas y servidores del estado. El Banco Central, en uno de sus sumarios, expresó la sospecha mediante términos cuidadosos pero contundentes: "Se sospechó de la legalidad de estas operaciones, a raíz de múltiples y coincidentes indicios que pusieron en duda su genuinidad y alertaron sobre la implementación de un mecanismo en apariencia regular, pero que evidentemente tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo".

La investigación se originó de manera peculiar. Carlos "El Lobo" Smith, un expolicía que trabajaba en seguridad para Piccirillo, se convirtió en arrepentido y aportó evidencia grabada en audio almacenada en un pen drive. Según la causa, este dispositivo quedó en la guantera de su vehículo, un BMW X6, hasta que fue secuestrado por orden judicial. En una de las conversaciones registradas, aparece Romina García, identificada como funcionaria del Banco Central, expresando: "Había gente de arriba entongada". La frase permanece abierta a interpretaciones, pero la defensa de varios imputados cuestionó la autenticidad de estas grabaciones ante la Cámara Federal. Sin embargo, la justicia consideró suficiente el material para continuar con los procesamientos.

En otra grabación, Hauque y Piccirillo conversan sobre el exministro de Economía Sergio Massa. La transcripción registra que Hauque afirma: "Vos te pensás que Massa los va a ayudar? Se lava las manos". La mención al funcionario nacional genera interrogantes sobre los niveles de conocimiento o tolerancia que pudo haber existido respecto de estas operaciones. El pen drive, además de audios, contenía un escrito de aproximadamente 70 páginas repleto de nombres y referencias. Posteriormente, el análisis de teléfonos celulares y la documentación secuestrada en los allanamientos de marzo ampliaron significativamente la base probatoria de la investigación.

El colapso de la operatoria y el silencio de los imputados

Un aspecto revelador es la desaparición casi repentina de estas operaciones después de 2023. Arg Exchange, la casa de cambio de Elías Piccirillo, registró ventas por $60.804 millones en el segundo semestre de 2023 y cayó a cifras prácticamente nulas en la primera mitad de 2024. Mega Latina, otra de las entidades emblemáticas, alcanzó picos de $59 mil millones en divisas vendidas durante el segundo semestre de 2023 para posteriormente contraerse drásticamente. El mismo patrón se repite en otros casos. La desaceleración no fue gradual sino abrupta, lo que sugiere una respuesta directa a cambios en las condiciones de mercado —específicamente, la flexibilización del cepo y la caída de la brecha cambiaria— o bien, la anticipación de controles más estrictos.

Fenus, operada en ese período bajo la órbita de la madre de Ariel Vallejo (dueño de Sur Finanzas), registraba $2.858 millones en ventas de divisas durante el segundo semestre de 2023. Tras ese pico, prácticamente desapareció de los registros. Lo notable es que los responsables de Mega Latina presentaron descargos ante el Banco Central argumentando que no cometieron ilícito alguno. Incluso cuestionaron la normativa del supervisor, calificándola como "cuna de la deficiencia", y plantearon que las imputaciones en su contra carecían de claridad legal. Los defensores de Piccirillo, consultados en las últimas semanas, mantienen postura de reserva absoluta. "Hasta tanto exista información oficial sobre los expedientes, no tengo nada que aportar al respecto", comunicó su abogado a fines de enero. Ante los medios, todos los letrados simplemente responden: "Vamos a esperar".

Antecedentes de control y la pregunta sobre supervisión previa

Durante la gestión del exdirector del Banco Central Miguel Ángel Pesce, la institución implementó medidas de supervisión sobre casas de cambio. Una exautoridad de la entidad, consultada después de los primeros allanamientos, defendió esa gestión señalando que se había reforzado los controles. Argumentó que se revocaron permisos a 40 casas y agencias de cambio, y que se suspendieron otras 55. Sin embargo, esa misma fuente, consultada nuevamente en las últimas dos semanas, optó por permanecer en silencio, sin ofrecer explicaciones adicionales. La pregunta incómoda permanece en suspenso: si existían sospechas sobre estas operaciones, ¿por qué Mega Latina, Gallo Cambios y otras entidades continuaron operando sin restricciones hasta 2023?

La causa que encabeza el fiscal Picardi en conjunto con el juez Ariel Lijo promete desarrollos que trascenderán los círculos especializados de finanzas. El entramado de imputados, la mención a funcionarios del Banco Central, las alusiones a ex funcionarios nacionales de primer nivel, y la magnitud de fondos investigados generan una expectativa política que va más allá del análisis técnico. La documentation sugiere que lo ocurrido no fue resultado de iniciativas individuales aisladas, sino de un mecanismo que requería actores en múltiples puntos del sistema. Ahora, con los imputados en silencio y la causa aún bajo secreto, la sociedad aguarda revelaciones que podrían reconfigurar la comprensión de cómo operó el circuito financiero durante la época de restricción cambiaria más severa de la última década.