La obra social de los empleados rurales atravesaba una situación caótica en los últimos meses de 2024. Sistemas colapsados, gestión administrativa enloquecida, y la necesidad apremiante de resolver un desorden que amenazaba el funcionamiento de una institución que servía a medio millón de afiliados. En ese contexto turbulento, alguien tomó la decisión de contratar a una empresa especializada en auditoría informática. Nada sorprendente en apariencia. Lo problemático comenzaba cuando se analizaban los detalles: quién estaba detrás de esa firma, cómo se había gestado el contacto, y sobre todo, cuánto dinero había circulado. Estamos hablando de transacciones que superaban los 266 millones de pesos. Los datos judiciales comenzaron a tejerse en un patrón incómodo que motivó indagatorias en Comodoro Py.

Virginia Montero, quien se desempeñaba como interventora de Osprera (la segunda obra social más relevante del territorio nacional), compareció ante el juzgado del magistrado Sebastián Casanello para ofrecer su versión de los hechos. No fue un interrogatorio tradicional. Montero optó por una declaración escrita y se rehusó a responder consultas adicionales. Su argumentación pivotaba sobre un punto central: la calamidad operativa que encontró en la institución cuando asumió la función justificaba la necesidad de contratar servicios especializados para resolver el colapso. Según su relato, los trámites administrativos internos se cumplieron correctamente, las áreas competentes analizaron la propuesta, y todo transitó por los canales correspondientes. Presentaba su accionar como protocolar, desprovisto de irregularidades. Sin embargo, la cronología de los eventos que había reconstruido la justicia dibujaba un escenario diferente.

El nexo problemático: cuando los asesoría se cruzan con los negocios

Tres días después de que Montero retomara su rol de interventora (el 26 de octubre de 2024), realizó el pedido formal para contratar a HTech, una empresa de sistemas informáticos. La firma había sido constituida apenas seis meses antes, en abril de ese mismo año. Sus accionistas integraban un círculo que levantaba sospechas considerables. Uno de ellos era Nicolás Aguirre, médico de profesión, que simultáneamente se desempeñaba como asesor de la propia Montero. Aguirre compartía sociedades comerciales con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desde hace varios años. Juntos habían integrado, desde 2019, la empresa TR Nutrition SRL, dedicada a la distribución de suplementos dietarios. Recién en abril de 2025, Menem se desprendió de sus participaciones accionarias, vendiéndolas a una mujer identificada como Stephanie Daiana Dos Santos. Los otros socios de HTech eran María Casandra Mirabelli, madre de Aguirre, y Stefano Zanetti, empresario radicado en San Isidro, de 39 años.

El fiscal Guillermo Marijuán enfatizó un detalle crucial durante la solicitud de indagatorias: Aguirre no era simplemente un contacto casual. Funcionaba como un nexo operativo entre la interventora y el círculo político de Menem. La investigación develó que Montero y Aguirre se conocían de los circuitos académicos en la Fundación Barceló. Pero lo trascendental ocurrió el 5 de julio de 2024, cuando ambos asistieron juntos a una reunión en la Casa Rosada. Montero sostuvo que esa convocatoria respondía a indicaciones de las autoridades de la Superintendencia de Salud, que le habían encomendado la responsabilidad de armar un equipo asesor para una futura intervención en Osprera. Mencionó a Claudio Stivelman, gerente general de la SSS en aquel momento, y a Gabriel Oriolo, ex superintendente. La exinterventora protestó contra lo que calificó como una "interpretación retrospectiva" de ese encuentro, argumentando que atribuirle significados de corrupción a esa reunión carecía de sustento contextual. Pero la acumulación de hechos posteriores dificultaba aceptar esa lectura ingenua de los eventos.

Dinero en movimiento: facturas, autos y transferencias sospechosas

Los investigadores rastrearon el flujo de fondos asociado al contrato de HTech. La empresa facturó un total de $266.675.288,43 a Osprera. El primer cheque llegó el 12 de noviembre de 2024, apenas seis días después de que Montero presentara su renuncia. El cobro se extendió hasta el 11 de julio de 2025, con un último movimiento de $18.838.429,80. Lo que ocurrió con ese dinero merecía atención. Los socios de HTech no tardaron en realizar compras de vehículos de lujo. El 3 de junio de 2025, Aguirre registró a su nombre un BMW cuyo dominio es AG609ZS. Días antes, el 3 de abril de 2025, Zanetti había adquirido un Mercedes Benz identificado como AC193HR. Ambas transacciones quedaron documentadas en los registros bancarios que consultaron los investigadores del Banco Francés, donde HTech mantenía sus cuentas. Pero los movimientos sospechosos no terminaban allí. Los funcionarios detectaron transferencias irregulares dirigidas a cuatro cuentas bancarias. Una de esas cuentas pertenecía a María Casandra Mirabelli, quien (según registros de la institución) impartía instrucciones administrativas dentro de Osprera hasta agosto del año anterior. Esto sugería una injerencia simultánea en dos planos: como accionista de la empresa que cobraba por auditoría y como alguien con capacidad de decisión dentro de la propia obra social.

El escenario se develó públicamente cuando circuló información sobre estas irregularidades. Entonces intervino Marcelo Petroni, que asumió como nuevo interventor de Osprera el 28 de noviembre de 2024. Petroni paralizó el contrato y dispuso auditorías complementarias. Su declaración ante el juzgado Casanello fue directa: él había heredado una situación ya consumada. No tuvo participación en la gestación, instrumentación, ejecución ni facturación del contrato con HTech. Todo eso había ocurrido bajo la responsabilidad de Montero y su equipo. Petroni aseveró que la auditoría que mandó realizar de manera independiente "confirmó la transparencia y razonabilidad técnica" del contrato, lo cual resultaba paradójico considerando que el contrato mismo estaba siendo investigado por sospechas de irregularidad. El cronograma de indagatorias continuaba desplegándose. Zanetti debía comparecer el miércoles, Aguirre el jueves, y la madre de este último el viernes ante las autoridades judiciales.

Antecedentes y contexto: cuando la salud laboral se entrelaza con la política

Osprera no era una institución menor en el sistema de seguridad social argentino. Como segunda obra social más importante del país, cubría a 500.000 afiliados provenientes del sector rural, un segmento complejo y históricamente vulnerable. Su gestión requería recursos significativos y administración cuidadosa. Montero había ejercido funciones de interventora en dos períodos: del 12 al 21 de agosto de 2024, y nuevamente a partir del 26 de octubre. Su regreso al cargo coincidió sospechosamente con el lapso en el cual se produjo la contratación de HTech. El intervalo fue breve pero suficiente para que se ejecutara un movimiento de dinero descomunal que luego resultó en beneficios tangibles para los socios de la empresa contratista. Desde la perspectiva histórica, los cruces entre funcionarios del sector salud y empresarios con conexiones políticas no eran inéditos en la Argentina, pero cada caso se justificaba con argumentaciones específicas sobre la necesidad operativa o la pertinencia técnica de las decisiones. En este caso, la supuesta crisis informática que justificaba la contratación convivía extrañamente con movimientos que sugerían enriquecimiento rápido en lugar de mejora genuina de servicios.

La declaración de Montero había dejado sin respuesta interrogantes específicos que la Justicia consideraba relevantes. Su negativa a someterse a preguntas limitaba la capacidad de los investigadores para profundizar en detalles de la toma de decisiones. ¿Quién originó la sugerencia de contratar a HTech específicamente? ¿Qué análisis de ofertas competitivas se realizó? ¿Por qué una empresa creada seis meses antes, sin trayectoria verificable, resultó elegida para una auditación de sistemas de una institución de semejante envergadura? ¿Cuál fue el alcance real de los servicios prestados comparado con el monto facturado? Los hechos documentados permitían construir una hipótesis: alguien con acceso a decisiones de gasto en Osprera, en contacto fluido con un asesor que a su vez tenía vínculos empresariales y políticos establecidos, había canalizado recursos millonarios hacia una empresa recién creada cuyos beneficiarios luego realizaron compras de consumo ostentoso. Los tiempos de la operación, las conexiones personales, y los movimientos posteriores de fondos componían un cuadro que justificaba la investigación judicial sin necesidad de adelantar conclusiones.

Las posibles implicaciones: análisis de escenarios prospectivos

Los desarrollos judiciales de esta causa podrían transitar por varios caminos. Si las indagatorias confirmaban la hipótesis de enriquecimiento ilícito, la responsabilidad podría recaer en quienes directamente facilitaron la contratación o en quienes la supervisaron. Alternativamente, la investigación podría concluir que se trataba de una decisión cuestionable desde lo administrativo pero no necesariamente delictiva, en cuyo caso los mecanismos de control y auditoría interna de la obra social habrían demostrado deficiencias. Algunos analistas sostenían que independientemente del resultado penal, la gestión de Osprera merecía revisiones profundas en sus protocolos de contratación y en los sistemas de transparencia que debían operar en instituciones que manejaban recursos de trabajadores. Otros enfatizaban que la situación planteaba interrogantes sobre los conflictos de interés inherentes a nombramientos de funcionarios sin antecedentes previos en cargos similares. El hecho de que una madre mantuviera influencia simultanea en la obra social y como accionista de la empresa contratista sugería, para algunos observadores, una permeabilidad en los mecanismos de separación de roles que debería ser corregida mediante reglamentaciones. Lo cierto es que los movimientos de dinero, las compras inmediatas de vehículos costosos, y la estructura de las operaciones comerciales permanecerían bajo escrutinio judicial hasta tanto se produjera una resolución definitiva.