En la misma semana en que el ministro de Economía Luis Caputo echó a un funcionario por ocultar propiedades en el exterior, el Gobierno nacional salió a defender al jefe del organismo recaudador más importante del país, acusado exactamente por lo mismo. La paradoja no es menor: Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —la ex AFIP—, enfrenta un pedido formal de indagatoria por haber omitido declarar tres inmuebles valuados en más de 2,1 millones de dólares ubicados en Estados Unidos. El hecho pone en tensión el discurso oficial de transparencia y abre un debate sobre los límites entre la defensa institucional y la protección de un funcionario cuestionado.
Qué dice la acusación y quién la impulsa
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, solicitó que Vázquez sea llamado a indagatoria —y eventualmente procesado— por el delito de omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada patrimonial. Se trata de una figura penal que contempla penas de hasta dos años de prisión y, en caso de condena, la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Según el fiscal Rodríguez, Vázquez "maliciosamente obvió insertar el real vínculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan". La denuncia fue presentada originalmente por los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica-ARI. Además de la posible omisión en la declaración jurada, la PIA le solicitó al fiscal federal Guillermo Marijuán que extienda la investigación hacia figuras más graves: evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Las propiedades en cuestión no estaban declaradas ni ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante el propio organismo que Vázquez dirige. Esa última omisión resulta especialmente llamativa: el titular del ente recaudador habría ocultado bienes ante la agencia que él mismo encabeza.
La causa no es reciente. Tiene raíces en un expediente que se remonta a 2007, cuando la Justicia argentina accedió a información sobre cuentas vinculadas al banco BNP Paribas en Buenos Aires, que habría operado como una "cueva" financiera para mover dinero no declarado. El nombre de Vázquez —quien en aquel entonces era director de la AFIP— apareció en ese listado junto al de su hermana Silvia. La investigación inicial apuntaba a la existencia de dos cuentas en el exterior, una en Curazao y otra en Luxemburgo. El juez Sergio Torres lo sobreseyó en una primera instancia, pero la Sala II de la Cámara Federal revocó esa decisión al entender que había medidas de prueba pendientes. Años después, en 2022, el juez federal Ariel Lijo —quien protagonizó un frustrado intento de llegar a la Corte Suprema de Justicia durante la actual gestión— ordenó un nuevo sobreseimiento. Sin embargo, la decisión no se basó en que se hubiera probado que Vázquez no poseía esas cuentas, sino en que los gobiernos de Curazao, Países Bajos y el Gran Ducado de Luxemburgo nunca respondieron los exhortos judiciales argentinos. La impunidad por omisión diplomática es un recurso que aparece con llamativa frecuencia en causas de esta naturaleza.
La defensa oficial y sus argumentos
Desde el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo —señalado como figura de influencia determinante sobre la conducción de la ARCA— salieron a minimizar la situación con un argumento central: que Vázquez "ya fue sobreseído en esa causa" y que "no hay nada nuevo". Según esta lectura, la denuncia de los legisladores de la CC-ARI refiere al mismo expediente por el cual la Justicia ya cerró la investigación, por lo que el pedido de la PIA no tendría sustento procesal suficiente. También se señaló que la denuncia no tramita ante la PIA sino en el juzgado del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien hasta el momento no tomó ninguna medida contra Vázquez, y que el magistrado tiene la potestad de desestimar el pedido del fiscal. Lo no dicho en esa defensa es igualmente relevante: el juez Martínez de Giorgi también tiene en sus manos la causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, que genera una preocupación visible en la Casa Rosada. Y su esposa, Ana María Cristina Juan, está incluida en una próxima lista que el Poder Ejecutivo enviará al Senado para cubrir más de 300 vacantes judiciales acumuladas desde el último año de la administración de Alberto Fernández. La acumulación de esos elementos genera un escenario político que muchos analistas no pasan por alto.
El propio Santiago Caputo tomó la palabra públicamente para cuestionar la cobertura periodística del caso, sin aportar ningún elemento que refutara los datos de fondo. En su respuesta, Caputo calificó como un error de interpretación la diferencia entre un pedido de indagatoria formulado por la PIA y una citación efectiva emitida por el juzgado. También dirigió críticas directas a los legisladores denunciantes, sugiriendo que recurrir a la Justicia para señalar irregularidades en funcionarios es una forma de "operar" en lugar de "gobernar". Desde la ARCA, por su parte, no hubo declaraciones. Fuentes del organismo indicaron que no tenían comentarios que hacer sobre las novedades judiciales.
El caso Frugoni: el mismo delito, distinto final
El mismo día en que se conoció el pedido de la PIA sobre Vázquez, el ministro Luis Caputo desvinculó al secretario de Infraestructura, Carlos Frugoni, luego de que se detectaran al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Estados Unidos que tampoco habían sido declaradas ante la OA ni ante la ARCA. La simetría entre ambos casos es evidente: dos funcionarios del mismo gobierno con el mismo tipo de irregularidad patrimonial. Uno fue removido de su cargo. El otro fue defendido públicamente por el oficialismo. La diferencia de tratamiento abre interrogantes que el Gobierno no respondió de manera explícita. En Argentina, la obligación de presentar declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción está regulada por la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, sancionada en 1999, que establece con claridad que los funcionarios deben declarar la totalidad de sus bienes, incluidos los ubicados en el extranjero y aquellos en los que figuren como beneficiarios finales a través de personas jurídicas. La figura del "beneficiario final" es, precisamente, el nudo del caso Vázquez.
El contexto internacional tampoco es neutro. En los últimos años, organismos multilaterales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) han presionado a los países para mejorar sus registros de beneficiarios finales de sociedades offshore, precisamente para evitar que estructuras corporativas en jurisdicciones opacas sean utilizadas para disimular patrimonio. Argentina ha comprometido avances en esa dirección en distintos foros. Que el titular del organismo encargado de recaudar impuestos y controlar el cumplimiento fiscal enfrente acusaciones relacionadas con esa misma práctica representa, como mínimo, una tensión institucional de magnitud. La credibilidad de cualquier sistema tributario depende, en buena medida, de la conducta de quienes lo administran.
Lo que viene es incierto. El juez Martínez de Giorgi puede acoger el pedido de la PIA, puede desestimarlo o puede demorar una decisión en medio de un calendario judicial y político cargado. Si avanza la indagatoria, Vázquez quedaría en una posición difícil para mantenerse al frente del organismo recaudador más relevante del Estado nacional. Si el juzgado rechaza el pedido, el Gobierno podrá presentarlo como una reivindicación. Pero la pregunta sobre las propiedades no declaradas —y sobre por qué el funcionario no las incluyó en sus declaraciones patrimoniales— seguirá vigente independientemente de lo que resuelva la Justicia. Para quienes ven en este episodio una señal de que las reglas se aplican de forma selectiva, el caso Vázquez es un test. Para quienes consideran que el sistema judicial debe actuar sin presiones externas, la independencia del juez interviniente será la variable clave. Los hechos, por ahora, están sobre la mesa.
