En el marco del proceso judicial que desentraña una de las tramas de corrupción más complejas de los últimos quince años en la Argentina, nuevos testimonios periciales han aportado elementos que apuntalan la hipótesis de una estructura sistemática de pagos irregulares. Durante sesiones recientes en el Tribunal Oral Federal, profesionales especializados en análisis financiero han presentado documentación que evidencia patrones de movimiento de fondos coincidentes con encuentros entre empresarios y presuntos gestores de una red de sobornos. Los datos expuestos no son menores: hablan de millones de dólares desplazados en operaciones que carecerían de justificación comercial o contable convencional, y cuya temporalidad genera interrogantes sobre su verdadera naturaleza.
El trabajo de los contadores: metodología y hallazgos
Martín Ruiz y Adriana Mabel Rodríguez, ambos con trayectoria en órganos de control tributario, comparecieron ante los magistrados el martes pasado para ratificar investigaciones que realizaron años atrás bajo mandato judicial. Su labor consistió en rastrear, a través de registros bancarios, documentación contable e información recaudadora, las operaciones financieras de un conjunto de empresas cuyos propietarios o directivos enfrentan ahora acusaciones formales. Estos profesionales funcionaron, según sus propias palabras, como auxiliares del proceso judicial, accediendo a bases de datos administrativas y circulares que les permitieron reconstruir los flujos de dinero de organizaciones comerciales bajo sospecha.
El análisis que presenta Ruiz se centró en dos firmas: Panedile, de la familia Dragonetti, y Helport SA, bajo la dirección de Juan Manuel Collazoy, vinculada a Corporación América. Su investigación identificó una operación de compra por US$313.500 efectuada por el empresario Hugo Dragonetti el 1 de junio de 2009. La relevancia de esta transacción radica en que tanto la fecha como el monto coincidirían, según la acusación fiscal, con uno de los supuestos pagos realizados a funcionarios del núcleo político de entonces. Un informante que se acogió al régimen de colaboración con la justicia, identificado como Ernesto Clarens y caracterizado como intermediario financiero, habría aportado información sobre estos flujos. Dragonetti también comparecerá como imputado colaborador, reconociendo presuntamente la realización de pagos bajo coacción, justificándolos en la necesidad de obtener liberación de fondos destinados a proyectos de infraestructura estatal.
Las coincidencias temporales y sus implicancias
El segundo testimonio pericial se enfocó en BTU, empresa del comerciante Carlos Mundin. Rodríguez documentó que esta firma recibió dos depósitos bancarios cercanos a los $10 millones en octubre de 2010, seguidos semanas después por dos extracciones que sumaron $8.526.375, equivalentes entonces a aproximadamente 2 millones de dólares. Lo particularmente sensible es que estas operaciones resultaron contemporáneas a dos encuentros entre Mundin y Roberto Baratta, personaje señalado en la causa como gestor y recaudador de la supuesta maniobra extorsiva. Los encuentros figuraban registrados en anotaciones de Oscar Centeno, chofer que mantenía constancia de los movimientos de Baratta.
La defensa del acusado Baratta intentó durante el interrogatorio demostrar que no existía conexión causal entre ambos hechos. Sin embargo, Rodríguez se sostuvo en su presentación técnica, aclarando que su función no era establecer nexos sino describir datos comprobables. "Hay un movimiento de fondos que coincide con la fecha de esa reunión", fue su respuesta cuando se le cuestionó sobre un encuentro específico del 15 de octubre de 2010. En paralelo, la contadora expuso que BTU adquirió más de US$7 millones entre 2008 y 2010 según registros del Banco Central, sin que existiera constancia de hacia dónde se dirigieron esos recursos ni que aparecieran reflejados en los balances contables correspondientes.
Más allá de los casos mencionados, los testimonios buscan consolidar lo que los acusadores denominan como hipótesis central: la existencia de una estructura organizada de extorsión sistemática. Un testigo anterior, también contador de organismos de control, había relevado que Miguel Marcelino Aznar, presidente de una empresa considerada clave en la distribución de obra pública, realizó retiros bancarios superiores a US$11 millones entre 2009 y 2011. Aznar también figura como imputado colaborador, habiendo reconocido pagos irregulares según la modalidad descripta: dinero entregado a cambio de desbloqueos administrativos para proyectos estatales.
El contexto institucional y sus costuras
Un aspecto que frecuentemente queda en segundo plano en los relatos de este caso es la posición en que quedaron los propios peritos que, años atrás, realizaron estos trabajos bajo órdenes del magistrado que instruyó la causa. Diversos contadores e inspectores de entidades recaudadoras experimentaron, durante el gobierno que precedió al actual, cambios de situación laboral: algunos fueron desplazados de sus funciones originales, mientras que otros fueron reasignados a cargos de menor rango jerárquico. Este dato no es accesorio: refleja un patrón de comportamiento institucional que va más allá de los hechos específicos bajo investigación y toca cuestiones de cómo funcionan, internamente, las estructuras de control del Estado frente a hallazgos incómodos.
La reanudación del juicio está prevista para el martes 28 de julio, luego del receso judicial que se extiende por quince días. Hasta ese momento, el tribunal continuará recibiendo testimonios de funcionarios y especialistas que analizaron la documentación de empresas involucradas. La acusación, sostenida por los fiscales Carlos Stornelli, Fabiana León y Nicolás Codromaz, sostiene que los pagos identificados tenían como destinatarios finales a la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro Julio De Vido y el exsecretario José López. El volumen de dinero rastreado, las fechas coincidentes entre transacciones y encuentros, y la ausencia de justificación comercial para muchas operaciones, constituyen el basamento sobre el cual descansa la acusación formal.
Las implicancias de los hallazgos periciales
Los testimonios que van desfilando por las audiencias públicas contribuyen a conformar un cuadro donde la evidencia documental se entrelaza con relatos de actores que, habiendo sido parte de la estructura acusada, ahora colaboran con la investigación. La metodología utilizada por los contadores se basa en la cotejación de información de múltiples fuentes: registros tributarios, movimientos bancarios certificados, documentación contable y anotaciones administrativas. Esta aproximación multiusuario reduce significativamente la posibilidad de manipulación de datos individuales, aunque también plantea interrogantes sobre la interpretación de lo que esos datos significan en términos legales.
La estructura del juicio busca, precisamente, que estos interrogantes sean resueltos mediante la presentación ordenada de pruebas y testimonios. Los contadores actúan como traductores de un lenguaje técnico hacia uno comprensible para los magistrados, exponiendo patrones que podrían indicar conductas delictivas o, alternativamente, operaciones comerciales cuya apariencia coincidente es producto de la casualidad. La defensa de los acusados ha centrado sus cuestionamientos en cuestionar esa interpretación, sugiriendo que la sincronía temporal entre hechos no implica causalidad ni, mucho menos, intención criminal.
Desde una perspectiva más amplia, estos procedimientos judiciales reflejan tanto los avances en materia de técnicas de investigación financiera como las complejidades inherentes a probar conductas de corrupción en contextos donde intervienen múltiples actores y niveles de sofisticación en la disimulación. Las decisiones que adopte el tribunal, a medida que continúa recibiendo pruebas y argumentaciones, establecerán precedentes sobre cómo se interpretan patrones de movimiento de dinero, cuánto peso tienen las coincidencias temporales en ausencia de comunicaciones explícitas, y qué estándares de prueba se exigen para sustentar acusaciones de esta envergadura. Los resultados de este proceso impactarán no solo en los individuos acusados, sino también en la jurisprudencia sobre crímenes de corrupción en el país, generando expectativas diversas según las perspectivas de distintos sectores sobre cómo debe funcionar la rendición de cuentas en materia de uso de recursos públicos y presuntas conductas delictivas de funcionarios.
