El peronismo bonaerense vuelve a mostrar sus grietas internas a través de una iniciativa que cuestiona —o al menos complejiza— el proyecto presidencial del gobernador Axel Kicillof para 2027. La provincia de Buenos Aires, espacio tradicional de poder para el justicialismo, se convierte nuevamente en terreno de disputa entre distintas visiones del movimiento. En este escenario, Víctor Santa María, quien comanda el gremio de encargados de edificios y posee una importante cartera de medios de comunicación, impulsa una agrupación denominada Peronismo por la Provincia de Buenos Aires que recorre localidades con un mensaje que coloca a Cristina Kirchner como eje político vertebral, independientemente de sus actuales limitaciones legales para ocupar cargos.

La movida territorial que arrancó a principios de este año despliega una estructura que trasciende los límites de la Capital Federal, donde Santa María construyó inicialmente su base de poder gremial. El grupo ha realizado actos en múltiples secciones electorales del territorio provincial: Zárate, localidades de la cuarta, quinta y sexta sección, además de trabajar intensamente en distritos como Ituzaingó. Este despliegue geográfico no es casual. Responde a una lógica de construcción política que busca calar en territorios tradicionalmente peronistas y, fundamentalmente, cuestionar la pretensión de Kicillof de convertirse en la figura presidencial unificadora del movimiento. La estrategia no declara vetos explícitos —de hecho, desde el entorno de la agrupación se niega categóricamente esta acusación—, pero su énfasis en Kirchner como referente indiscutible genera una tensión que es imposible de ignorar en la lectura política cotidiana.

El triángulo de actores que sostiene la iniciativa

La iniciativa cristinista bonaerense no descansa en una sola persona, sino que se estructura a partir de una tríada de dirigentes con trayectorias diversas pero complementarias. Junto a Santa María operan Gisela Marziotta, quien anteriormente ocupó una banca como diputada nacional y que ahora dirige dos importantes medios radiofónicos, Aspen 102.3 y La 750. Marziotta concentra su trabajo político en la primera sección electoral, desde Ituzaingó, territorio que en los últimos años ha visto transformaciones significativas en su composición demográfica y electoral. La tercera pata la completa Dario Duretti, exdiputado bonaerense originario de Bragado que pasó por el Ministerio de Gobierno durante la gestión anterior y que actualmente se desempeña como director de Asuntos Legislativos en la Cámara de Diputados provincial. Duretti representa la conexión con el interior bonaerense, un territorio particularmente relevante en toda estrategia electoral que pretenda ser competitiva a nivel provincial.

La combinación de perfiles resulta estratégica. Santa María aporta el músculo gremial y la capacidad de comunicación a través de su control de medios. Marziotta agrega experiencia legislativa y una inserción mediática propia. Duretti suma conocimiento territorial profundo del interior provincial y vínculos con estructuras estatales. Juntos, conforman un esquema que busca tener presencia simultánea en múltiples frentes: el territorial, el gremial, el mediático y el institucional. El hecho de que Duretti tenga una cercanía funcional con Carlos Bianco, uno de los ministros más influyentes de Kicillof, añade una complejidad adicional: no se trata de un enfrentamiento abierto y destructivo, sino de una especie de competencia política que mantiene ciertos canales de diálogo abiertos.

El mensaje que circula en las localidades bonaerenses

A lo largo de su recorrido territorial, la agrupación ha ido construyendo un relato político que enfatiza la situación legal de Cristina Kirchner. En encuentros como el realizado en Miramar, Marziotta ha expresado que "la militancia tiene la responsabilidad de recuperar el equilibrio institucional que hoy está comprometido a partir de la detención domiciliaria y la inhabilitación perpetua que pesan sobre la expresidenta". Este lenguaje no es menor. Coloca el debate no simplemente en términos de preferencias electorales o proyectos políticos alternativos, sino en la clave de la "justicia" y los "derechos humanos". En el mismo evento se celebró la decisión de los abogados de Kirchner de recurrir ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un movimiento que busca internacionalizar la disputa judicial y política alrededor de su situación procesal.

El discurso de la agrupación mantiene, simultáneamente, una posición que podría calificarse como abierta al diálogo interno. Dicen reconocer "la conducción de Cristina" pero no vetarían a otros candidatos. Reclaman la celebración de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) como mecanismo para resolver diferencias internas del movimiento. Plantean mantener vínculos tanto con La Cámpora como con el Movimiento Derecho al Futuro, que es el sello político interno donde se nuclean los allegados a Kicillof. Esta postura de apertura formal contrasta con la claridad de su mensaje sobre a quién le reconocen como máxima autoridad moral y política del espacio. El enunciado "ella o quien ella indique" resume esta posición: Kirchner es la que define, aunque reconozca el derecho de otros a competir.

El contexto más amplio: un peronismo fragmentado ante una nueva década

La irrupción de esta agrupación ocurre en un contexto donde el justicialismo bonaerense atraviesa una fragmentación que se remonta a varios años atrás. La muerte de Néstor Kirchner en 2010 marcó un antes y un después en la cohesión del movimiento. Posteriormente, la alternancia de gobiernos (De la Rúa, Kirchner, Scioli, Vidal, Kicillof) generó diferentes bases de poder territorial. La ausencia de Cristina del ejecutivo desde 2015 no implicó su eclipse político, sino una transformación de su rol que pasó de ser candidata presidencial a ser una especie de árbitro moral dentro del movimiento. Su condena en el caso Vialidad a seis años de prisión con inhabilitación para ejercer cargos públicos fue un punto de quiebre adicional que polarizó las interpretaciones dentro del peronismo sobre cómo proceder electoralmente.

El único gesto de unidad que el peronismo logró mostrar en las últimas semanas fue limitado pero significativo: un encuentro en el que participaron Máximo Kirchner, Kicillof, Sergio Massa junto a jefes legislativos y gobernadores para acordar una posición común frente a la intención del gobierno del presidente Javier Milei de eliminar las PASO. Este acuerdo defensivo, sin embargo, no resolvió las diferencias de fondo sobre quién y cómo debe ser el candidato presidencial peronista en 2027. La iniciativa de Santa María, en este contexto, representa un intento de canalizar la preferencia de un sector por mantener a Kirchner como brújula política del movimiento, incluso reconociendo las limitaciones legales que enfrenta. Se trata de una apuesta por mantener abierta la posibilidad de su candidatura o, alternativamente, de que sea ella quien defina quién la reemplaza en una eventual competencia electoral.

Los próximos meses resultan decisivos para entender qué capacidad de penetración territorial logra esta agrupación y si su recorrido por las secciones electorales bonaerenses genera un movimiento significativo en las bases del peronismo provincial. La existencia de esta iniciativa indica que el proyecto de Kicillof como unificador del peronismo no es automático ni está cerrado. Abre la pregunta sobre si el gobernador logrará construir una candidatura presidencial con respaldo justicialista amplio o si, por el contrario, el movimiento enfrentará nuevamente una competencia interna que debilite su posición de cara a una elección presidencial. El reclamo por las PASO sugiere que sectores como el de Santa María prefieren resolver estas diferencias internas mediante mecanismos democráticos antes que mediante acuerdos de cúpula. Esto plantea desafíos organizacionales tanto para Kicillof como para el gobierno nacional, en la medida que una competencia electoral interna en el peronismo bonaerense podría tener impactos en dinámicas electorales más amplias. Los actores políticos deberán balancear el imperativo de mantener la unidad del movimiento con la legitimidad que genera permitir que diferentes proyectos compitan abiertamente por el apoyo de los militantes y votantes.