Desde el retorno del sistema democrático en 1983, ningún gobierno argentino había tomado una medida de este tipo: prohibir de manera generalizada el acceso de los periodistas acreditados al edificio de la Casa Rosada. Lo que comenzó el jueves pasado como una disposición repentina y sin aviso se extendió durante tres días hábiles consecutivos sin que las autoridades fijaran un plazo de finalización. La ausencia de una fecha concreta para levantar la restricción convierte lo que pudo haber sido una medida puntual en un conflicto de dimensiones institucionales, con repercusiones que ya alcanzan a la Iglesia Católica, la oposición política, organismos de la sociedad civil y el Poder Judicial.
Una decisión que llegó sin anuncio y sin fecha de vencimiento
El jueves de la semana pasada, sin comunicación previa a los afectados, la administración de Javier Milei procedió a dar de baja las acreditaciones de todos los medios con acceso habitual a la sede del Poder Ejecutivo. Eso incluyó también la eliminación de la huella digital que cada periodista registrado utilizaba cotidianamente para ingresar a la sala de prensa y a las distintas áreas del complejo gubernamental. La medida no distinguió entre medios afines ni críticos: alcanzó a la totalidad del cuerpo de prensa acreditado. Ante la consulta sobre cuándo se levantaría la restricción, la respuesta de un alto funcionario fue escueta y contundente: "Por ahora, no". Ninguna precisión adicional.
El argumento oficial para justificar la decisión fue esgrimido por el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari: "La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional". La denuncia penal en cuestión fue presentada por la Casa Militar, organismo que depende de Karina Milei, contra dos periodistas del canal Todo Noticias por la presunta captación clandestina de imágenes en pasillos e interiores del edificio presidencial. A eso se sumó, como antecedente inmediato, la investigación sobre una supuesta infiltración de origen ruso en medios periodísticos, que ya había derivado en la restricción de acceso para comunicadores de siete medios durante más de dos semanas.
Sin embargo, el alcance de la medida fue mucho más allá de los involucrados directos en esas denuncias. La baja de acreditaciones afectó a corresponsales, fotógrafos, cronistas y técnicos que cubren la actividad presidencial desde hace años, muchos de ellos sin ningún vínculo con los casos citados por el Gobierno. Desde el jueves, estos trabajadores debieron trasladar su base de operaciones a bares y espacios cercanos a la Plaza de Mayo para poder continuar con sus coberturas desde la vereda, sin acceso a fuentes ni a los canales habituales de comunicación oficial.
La Iglesia en la Plaza y una acción judicial en marcha
La respuesta de distintos sectores no tardó en llegar. Partidos y dirigentes de la oposición, entidades especializadas como ADEPA y Fopea, y representantes de organismos de la sociedad civil expresaron su rechazo a la medida. Pero uno de los gestos más significativos provino de la Conferencia Episcopal Argentina: el arzobispo de San Juan y titular de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Jorge Lozano, recibió el viernes pasado en la sede episcopal a un grupo de periodistas acreditados y confirmó su presencia junto a ellos frente a la Casa Rosada para respaldar públicamente su reclamo.
En un comunicado emitido tras el encuentro, la Pastoral Social destacó que los trabajadores de prensa subrayaron "la importancia de este espacio que funciona en la Casa de Gobierno, de modo prácticamente ininterrumpido, desde el año 1940". El texto también hizo referencia a la necesidad de preservar los derechos constitucionales vinculados al trabajo, la libre expresión y el acceso a la información pública. En línea con los mensajes del Papa León XIV, el comunicado llamó a "erradicar discursos de odio" y a "desarmar las palabras", instando a una "pronta solución a través de canales de diálogo y entendimiento".
En el plano judicial, el diario Ámbito Financiero presentó una acción de amparo para revertir la medida. La causa quedó en manos del juzgado contencioso administrativo a cargo de la jueza Lara Correa. La presentación abre una vía legal que podría obligar al Ejecutivo a dar explicaciones formales ante un tribunal sobre los fundamentos y la proporcionalidad de la restricción impuesta.
El respaldo digital del Presidente y el debate sobre el rol de la prensa
Lejos de dar señales de marcha atrás, el presidente Milei republicó en su cuenta de la red social X un mensaje del usuario Alan Wentinck en el que se argumentaba que "los argentinos no necesitan una sala de prensa en Casa Rosada y mucho menos que un grupo de periodistas ensobrados vayan allí a hacer preguntas estúpidas". El mismo mensaje proponía que el Gobierno se comunicara exclusivamente a través de esa red social, prescindiendo por completo de la sala de prensa como canal de vínculo con la ciudadanía. El reposteo presidencial fue interpretado como una señal de aval implícito a ese planteo.
En ese mismo ecosistema digital, referentes y medios alineados con el espacio libertario concentraron sus críticas en la periodista Luciana Geuna, de TN, una de las dos denunciadas penalmente. Geuna había sostenido al aire que las imágenes de los interiores del edificio presidencial que su programa emitió contaban con autorización previa de funcionarios del Gobierno, una versión que el oficialismo desmintió. La disputa entre ambas versiones permanece sin resolución pública y forma parte del nudo central del conflicto.
Vale recordar que la sala de prensa de la Casa Rosada tiene una historia de más de ocho décadas de funcionamiento ininterrumpido. Fue creada durante la segunda presidencia de Roberto Ortiz y sobrevivió a gobiernos de todos los signos políticos, incluyendo las interrupciones institucionales del siglo XX. Que la restricción se haya producido en plena democracia consolidada, sin estado de sitio ni emergencia declarada, le otorga al episodio una dimensión que excede la coyuntura inmediata y lo instala como un hito en la historia de la relación entre el Estado argentino y la prensa.
Las semanas que vienen definirán el carácter real de esta situación. Si el amparo judicial prospera, el Gobierno deberá justificar ante la Justicia la razonabilidad de una medida que afectó colectivamente a periodistas sin relación directa con las denuncias invocadas. Si la restricción se mantiene o se profundiza, el debate sobre los límites del acceso a la información pública y el rol del periodismo en la fiscalización del poder tomará una centralidad que difícilmente pueda ignorarse. Desde otra perspectiva, quienes respaldan la postura oficial sostienen que la seguridad de la sede presidencial es un bien jurídico legítimo que puede requerir medidas extraordinarias. La tensión entre esas dos lógicas —el acceso informativo como derecho y la seguridad como imperativo— es el verdadero campo de disputa que este conflicto deja planteado.
