La estructura judicial argentina cerró definitivamente una investigación que atravesó los últimos años de la administración Fernández. Los magistrados de la Cámara Federal determinaron que no existían bases sólidas para sostener acusaciones contra Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani respecto de una supuesta recolección clandestina de correspondencia electrónica de figuras políticas, periodistas y miembros de las fuerzas de seguridad. La decisión de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi marca un punto de inflexión en un caso que había generado expectativas de revelaciones sobre prácticas de vigilancia durante la gestión anterior. Lo que cambió en esta resolución no fue el reconocimiento de la inocencia de los imputados, sino la constatación de que el material recolectado carecía de las garantías legales necesarias para ser considerado prueba válida en un proceso penal.
Los orígenes de la denuncia y los hallazgos iniciales
El expediente tuvo su punto de partida el 26 de mayo de 2020, cuando Cristina Caamaño, quien ejercía como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia bajo el gobierno de Fernández, presentó una denuncia que exponía hallazgos inquietantes. Durante revisiones de rutina de los soportes tecnológicos del organismo de inteligencia, los técnicos descubrieron un disco rígido marca Western Digital que contenía información potencialmente comprometedora. Los análisis posteriores permitieron recuperar datos que habían sido eliminados mediante procedimientos que no cumplieron con protocolos de borrado seguro, lo que posibilitó la reconstrucción de una base de datos con correos electrónicos privados de numerosas personas vinculadas a distintos ámbitos de la vida pública nacional.
Según los registros que formaban parte de la denuncia, esta información habría sido obtenida sin que mediara orden judicial ni autorización legal alguna. Los técnicos lograron identificar, a través del análisis de credenciales de acceso, a dos agentes de inteligencia que habrían interactuado con el contenido del disco en cuestión. Sin embargo, la investigación topó con una limitación importante desde el inicio: la rotación del personal entre distintas dependencias de la AFI imposibilitaba establecer con precisión en cuál área específica se había producido el acceso a esa información. Posteriormente, una segunda denuncia incorporó alegaciones sobre la infiltración de un agente encubierto dentro de la agrupación política Kolina, aunque este aspecto no fue materia de apelación por parte de la querella.
Las complejidades técnicas y la fragilidad probatoria
El núcleo de la decisión judicial giró en torno a cuestiones que van más allá de los hechos sustantivos: se trató de problemas procedimentales relativos a cómo fue conservado, documentado y resguardado el material que servía como fundamento de las acusaciones. Los magistrados enfatizaron que los discos rígidos carecían de lo que en términos forenses se denomina cadena de custodia acreditada. Uno de ellos llegó al tribunal cerrado y precintado, pero sin la documentación ni el registro de trazabilidad que permite verificar quién lo manipuló, cuándo y bajo qué condiciones. El otro disco ni siquiera contaba con una planilla de preservación que diera cuenta de su manejo. Tampoco existía registro alguno del lugar exacto en el cual habían sido localizados estos elementos, un vacío que, según el análisis de los jueces, tornaba imposible establecer con certeza el origen del material y las circunstancias de su incautación.
La pericia técnica oficial introdujo complejidades adicionales en la evaluación del caso. Los expertos concluyeron que resultaba técnicamente viable modificar el contenido íntegro de un disco rígido, alterar las marcas temporales de creación, acceso o modificación de archivos sin que quedara registro alguno de esas manipulaciones. Subrayaron que la simple modificación de la hora del equipo utilizado permitiría cambiar esas fechas. En línea con estos hallazgos, la pericia determinó que los correos electrónicos que aparecían en los discos no habían ingresado por el conducto ordinario del programa Outlook, sino que fueron introducidos manualmente en los archivos de la casilla de correo. Adicionalmente, el acceso al sistema se había concretado utilizando un usuario genérico denominado "User", circunstancia que vedaba la identificación de qué individuos específicos operaron efectivamente los equipos.
El fundamento legal de la resolución
Los magistrados rechazaron el argumento presentado por la defensa de que la extracción del material había respetado los protocolos establecidos. Sobre la base de estas consideraciones, arribaron a una conclusión que resultaba prácticamente ineludible: al quedar excluida la aptitud probatoria de los discos rígidos, desaparecía por completo el sustento fáctico de la imputación. De este modo, confirmaron en su totalidad lo resuelto por el juez de primera instancia Marcelo Martínez de Giorgi, quien había adoptado la misma posición. La Sala I de la Cámara Federal determinó que, sin pruebas válidas que permitieran acreditar los hechos denunciados, resultaba necesario sobreseer a todos los acusados. La resolución benefició no solamente a Macri, Arribas y Majdalani, sino también a dos agentes de inteligencia cuya identidad se mantuvo bajo reserva debido a su condición de personal de la AFI.
Esta decisión se inscribe en un contexto más amplio de fallos recientes emanados de la misma Sala I. Semanas antes, el tribunal había dictado sentencias de sobreseimiento en favor de Macri respecto de la toma del crédito con el Fondo Monetario Internacional, y en favor de Javier Milei y Luis "Toto" Caputo por cuestiones vinculadas con sus declaraciones juradas de bienes. La integración de la Sala tuvo un cambio con el regreso de Pablo Bertuzzi, quien fue reconfirmado mediante un nuevo acuerdo del Senado. Se incorporó también Pablo Yadarola, magistrado que integra otra sala y que no participó en la votación de estos casos. Estas modificaciones en la composición del tribunal forman parte de los cambios operados en el poder judicial durante los últimos años.
Implicancias y perspectivas de la conclusión
El cierre de esta investigación genera múltiples lecturas sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal argentino. Desde una perspectiva, evidencia la importancia de que los procedimientos relativos a la recolección, preservación y documentación de pruebas se ajusten estrictamente a los estándares legales, independientemente del peso político de los imputados. Desde otra óptica, suscita interrogantes sobre cómo se produjo el manejo del material incautado en sede administrativa y cuáles fueron las circunstancias que originaron estas deficiencias procedimentales. Asimismo, plantea cuestionamientos acerca de si la vía penal fue la más adecuada para investigar estas cuestiones, o si hubieran existido alternativas que permitieran esclarecer lo sucedido sin los obstáculos que surgieron en este camino judicial. La causa por la recolección de correos electrónicos mediante los discos hallados en la AFI quedó así definitivamente cerrada, sin que se haya llegado a establecer en términos judiciales responsabilidades concretas sobre hechos que, según la denuncia inicial, involucraban la violación de derechos fundamentales de ciudadanos que fueron objeto de vigilancia no autorizada.
