La trayectoria de Claudio Tapia en la administración pública argentina acumula ahora una carga judicial inédita. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino se encuentra en el centro de una indagación que trasciende ampliamente los conflictos típicos del fútbol profesional para adentrarse en territorios de sospecha sobre el origen de su patrimonio. El fiscal Gerardo Pollicita activó formalmente esta semana un mecanismo investigativo de envergadura considerable, solicitando al magistrado Ariel Lijo que autorice una batería de aproximadamente veinte medidas probatorias. El objetivo central es esclarecerse cómo alguien con un sueldo de funcionario público logró acumular bienes y liquidez que, según los cálculos preliminares, representarían un incremento de aproximadamente el 1000 por ciento entre 2017 y 2024. Este movimiento judicial modifica significativamente el panorama que rodea a Tapia, quien hasta hace poco navegaba conflictos circunscriptos a ámbitos específicos.
El origen de la acusación y su trayectoria en tribunales
La investigación tiene raíces que se remontan a abril de este año, cuando el empresario Guillermo Tofoni presentó una denuncia formal en los tribunales porteños. Tofoni, propietario de la consultora World Eleven, operó durante años en la comercialización y organización de encuentros amistosos en representación de la AFA. Su vínculo con la institución se fracturó después de la realización del Mundial de Qatar, momento en el cual emergeció una competencia empresarial encarnada en la firma TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni, que comenzó a captar funciones que previamente ejecutaba World Eleven. La incompetencia territorial declarada por los juzgados porteños derivó el expediente hacia Comodoro Py, donde reside la justicia federal penal. Un pronunciamiento de la Cámara Federal emitido en los días previos al pedido de Pollicita zanjeó las disputas jurisdiccionales, confirmando que correspondería al despacho del juez Lijo continuar con las actuaciones.
Lo que distingue a esta nueva acusación de las anteriores es su fundamento legal. Mientras que Tapia enfrentaba procesamiento en el fuero Penal Económico por asuntos tributarios y otra investigación en Campana por presunto lavado de dinero, la actual apunta directamente a la figura de enriquecimiento ilícito. Esta tipificación posee un alcance limitado por la ley: únicamente puede aplicarse a individuos que detentan cargos en la administración pública. Por eso resulta relevante que la acusación no se sustente en su rol al frente de la AFA, sino en su doble responsabilidad dentro de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), organismo que gestiona los residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tapia se desempeñó como vicepresidente en representación de la ciudad de Buenos Aires hasta 2024, y asumió la presidencia en enero de 2025 en representación de la provincia bonaerense. Es precisamente este estatus público el que habilita legalmente la investigación bajo esta figura penal.
Las medidas probatorias: un escaneo sin precedentes de la vida financiera
El escrito presentado por Pollicita constituye una solicitud exhaustiva de transparencia financiera. El fiscal requirió a la Administración Federal de Ingresos Públicos, conocida como AFIP, que remita las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Tapia. Paralelamente, pidió a los distintos registros de la propiedad que detallasen qué inmuebles figuran bajo su titularidad. A la Unidad de Información Financiera (UIF) le solicitó que reporte cualquier operación que hubiera sido catalogada como sospechosa y que guarde vinculación con el número identificatorio de Tapia. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) debería identificar todas las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, plazos fijos, préstamos contraídos y tarjetas de crédito asociadas a su nombre. La Comisión Nacional de Valores (CNV) y diversos intercambios de criptomonedas recibirían requerimientos para verificar si Tapia mantuvo tenencias en activos digitales o billeteras virtuales.
Más allá de las instituciones argentinas, Pollicita proyectó la investigación hacia el exterior mediante un exhorto internacional dirigido a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en Asunción, Paraguay. A esta entidad le solicitó que proporcionase copias del legajo personal de Tapia, especificando todos los cargos que ocupó en la organización, los ingresos que percibió, las cuentas bancarias en las cuales se acreditaron tales fondos, y cualquier declaración jurada patrimonial que hubiese presentado ante esa institución. En el ámbito local, el fiscal requirió tanto a la municipalidad porteña como al gobierno de la provincia de Buenos Aires que remitan todas las declaraciones juradas patrimoniales que Tapia presentó durante su gestión en la Ceamse. A la propia Ceamse le pidió su legajo personal, que contendría información sobre salarios, bonificaciones, gastos de representación y otras retribuciones percibidas.
Los números que generan la sospecha
La acusación de Tofoni identifica un período de indagación que abarca desde 2016 hasta 2025, marcando como momentos críticos la adquisición simultánea de tres inmuebles en 2019 ubicados en zonas de elevado valor catastral, la acumulación de un millón de dólares en liquidez declarada durante 2024, y la desaparición de esa misma liquidez en la declaración jurada presentada en julio de 2025. Estos movimientos patrimoniales, según la posición fiscal, contrastarían de manera irreconciliable con los ingresos que Tapia reportó ante las autoridades impositivas durante el mismo lapso. El fiscal recapituló los argumentos del denunciante consignando que el crecimiento real del patrimonio líquido habría alcanzado aproximadamente mil por ciento entre 2017 y 2024, cifra que carecería de cualquier justificación en términos de remuneraciones lícitas percibidas. Esta conclusión matemática forma la espina dorsal de la imputación formal que Pollicita presentó.
Un panorama judicial multifacético
Tapia no enfrenta una única línea de investigación, sino un escenario plural de persecuciones judiciales. En el fuero Penal Económico se encuentra procesado por asuntos relacionados con obligaciones tributarias. En los tribunales de Campana transita una investigación por presunto lavado de dinero, que se desarrolla en una jurisdicción distinta y con sus propias particularidades procedimentales. Ahora, el juzgado a cargo de Lijo incorpora la dimensión puramente patrimonial del asunto. Estos tres frentes, aunque emanados de distintas fuentes y con diferentes sustanciaciones, convergen en una interrogante común: cómo un individuo ocupando cargos en la administración pública logró incrementar su patrimonio en magnitudes que desafían cualquier explicación basada en ingresos documentados. La complejidad del caso aumenta cuando se considera que Tapia simultaneó responsabilidades en la Ceamse con su rol en la AFA, una circunstancia que abre interrogantes sobre posibles conflictos de interés o sobre la procedencia de fondos que pudieran haberse canalizado desde una institución hacia la otra.
Lo que suceda en las próximas semanas dependerá de la decisión que tome el juez Lijo respecto a las medidas solicitadas por el fiscal. Si el magistrado autoriza la totalidad o la mayoría de ellas, se iniciará un período de recopilación de información financiera que podría revelar patrones, operaciones o vínculos que no fueron visibles en declaraciones previas. Si, por el contrario, rechaza parte significativa de los pedidos, la investigación enfrentaría limitaciones sustanciales en su capacidad de avance. En cualquier escenario, las implicancias se extienden más allá del caso individual: un enriquecimiento ilícito comprobado en funcionarios públicos afectaría la confianza en instituciones como la Ceamse, la AFA, y la administración del fútbol argentino en general. Mientras que una acusación insustancial podría cuestionar la proporcionalidad del aparato investigativo. Los hechos, cuando salgan a la luz, permitirán que la sociedad argentino form su propio juicio sobre lo que ocurrió durante esta década y media en la que Tapia ocupó posiciones de relevancia en la gestión estatal del país.
