Un consultor político argentino permanece tras las rejas en Bolivia enfrentando un entramado de acusaciones que van desde violencia de género hasta presuntos vínculos con redes de corrupción. Los interrogatorios realizados en las últimas semanas en territorio boliviano revelan un perfil empresarial complejo: un hombre que declara facturar un millón de dólares mensuales desde operaciones en Estados Unidos y Argentina, pero cuyo rol exacto dentro de la administración gubernamental sigue envuelto en misterio. Las declaraciones de Fernando Cerimedo ante la Fiscalía boliviana no sólo profundizan el escándalo local, sino que también exponen la circulación de consultores y asesores políticos que operan en los márgenes de la legalidad, tejiendo relaciones con gobiernos latinoamericanos sin dejar rastros documentales claros.
La arquitectura empresarial de un consultor sin fronteras
Cuando los fiscales le pidieron que detallara sus fuentes de ingresos, Cerimedo presentó un portafolio empresarial que se extiende por dos continentes. Según su propia declaración, la piedra angular de sus ganancias es Numen Group Inc., una sociedad registrada en Estados Unidos desde el año 2021 de la cual afirma ser propietario único. Esta compañía, de acuerdo con lo que manifestó ante la justicia, presta servicios de consultoría a clientes internacionales y sería responsable de la mayor parte de los ingresos que reporta. El monto que mencionó resulta significativo: aproximadamente un millón de dólares mensuales durante 2025 y 2026, cifra que atribuye exclusivamente a sus operaciones fuera de Bolivia.
En territorio argentino, la estructura empresarial es más diversificada aunque menos lucrativa en términos relativos. Cerimedo sostiene ser propietario de una agencia publicitaria que cuenta con treinta y cinco empleados distribuidos en dos sucursales y atiende a un portafolio de una docena de clientes. Más allá de esta operación, también posee una academia especializada en formación tecnológica y una productora de contenido audiovisual. Según su declaración, existen otras sociedades constituidas en Argentina pero que actualmente permanecen inactivas. Este armazón empresarial contrasta marcadamente con su situación en Bolivia: sostuvo de manera categórica que nunca constituyó empresas en territorio boliviano, aunque reconoció que tenía planes de establecer allí una consultoría de marketing. La declaración plantea un interrogante inicial: ¿cómo alguien sin presencia empresarial formal en Bolivia llegó a ocupar un espacio de influencia en la órbita presidencial?
El enigma de la participación en la campaña presidencial
Cuando los fiscales indagaron sobre su vinculación con la campaña electoral de Rodrigo Paz, Cerimedo reconoció haber participado, pero circunscribió su rol a dimensiones muy precisas. Según su relato, su colaboración se limitó a proporcionar "consejos de comunicaciones digitales". Esta respuesta, aparentemente simple, oculta vacíos que resultan problemáticos. El consultor manifestó no recordar quién lo contactó para trabajar en la campaña, información que sería elemental para cualquier profesional serio. Además, negó categóricamente la existencia de contrato escrito alguno y afirmó que no recibió pago por esa labor.
El cuadro se complica cuando se examinan los detalles cronológicos. Cerimedo negó haber desempeñado funciones durante la primera vuelta electoral y circunscribió su participación a la segunda ronda de votaciones. La particularidad de estos asesoramientos sin contrato, sin remuneración clara y sin registro documental abre espacios a especulaciones sobre la naturaleza real de esa colaboración. En la historia política latinoamericana, existen precedentes de consultores externos que operan con estructuras informales para evitar dejar registros que pudieran resultar problemáticos posteriormente. El patrón de negación de documentación contractual es consistente con estas prácticas.
El silencio calculado sobre funciones gubernamentales
El momento más revelador de la declaración llegó cuando los fiscales formularon preguntas sobre la posible participación de Cerimedo dentro de la estructura estatal boliviana. La Fiscalía cuestionó sobre temas concretos: si disponía de oficina en la Casa Grande del Pueblo, si poseía credencial oficial, si asistía a reuniones de gabinete ministerial, si intervenía en la redacción de discursos presidenciales, si manejaba las redes sociales oficiales o si impartía instrucciones a funcionarios de gobierno. Frente a cada una de estas preguntas, la respuesta fue prácticamente idéntica: "No tiene que ver con el caso".
Este patrón de respuesta se repitió cuando los investigadores preguntaron sobre interacciones con ministros, participación en procesos de licitación, influencia en decisiones de política económica, participación en la elaboración de decretos, intervención en proyectos legislativos o representación del presidente ante terceros. El silencio sistemático resulta más elocuente que cualquier confesión. Desde la perspectiva investigativa, la estrategia defensiva sugiere dos posibilidades contrapuestas: o bien Cerimedo efectivamente no desempeñó esas funciones y sus respuestas son una defensa contra acusaciones infundadas, o bien la negativa a responder indica una línea defensiva diseñada para evitar admisiones que pudieran agraviar su situación legal. Lo cierto es que la reiteración de la misma fórmula sin abordar sustancialmente las acusaciones genera un vacío informativo que alimenta la especulación.
El expediente que se expande: de la violencia doméstica a la corrupción
La trayectoria del caso de Cerimedo ilustra cómo una investigación inicial puede ramificarse hacia territorios legales completamente distintos. La causa comenzó con una acusación de intento de femicidio contra su expareja, Nadia Beller. Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación, la Fiscalía boliviana identificó elementos que sugirieron irregularidades financieras de mayor envergadura. Esto llevó a la apertura de nuevas líneas investigativas centradas en presunto enriquecimiento ilícito, además de posibles conexiones con redes de tráfico de sustancias ilícitas.
Las diligencias realizadas por las autoridades bolivianas incluyeron múltiples allanamientos en propiedades vinculadas al consultor. De estos procedimientos, la Fiscalía informó el secuestro de cantidades importantes de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos diversos y otros elementos que fueron incorporados como evidencia al expediente. La cantidad de efectivo decomisado y su procedencia presumible constituyen uno de los puntos neurálgicos de la investigación. El hecho de que un consultor cuya actividad empresarial declara estar concentrada fuera de Bolivia posea efectivo en cantidades significativas en territorio boliviano requiere explicación. Cerimedo afirma que sus ingresos provienen exclusivamente de sus operaciones en Estados Unidos y Argentina, lo que plantea interrogantes sobre cómo ese capital llega a Bolivia y bajo qué mecanismos circula.
La detención y el estado procesal actual
Cerimedo permanece alojado en la cárcel de Palmasola bajo régimen de prisión preventiva por ciento ochenta días, decisión que fue dictada por la justicia boliviana mientras avanzan las diversas líneas de investigación. Esta medida coercitiva fue dispuesta en el contexto del caso por violencia de género, pero se mantiene vigente ahora que las acusaciones se han multiplicado. El sistema boliviano, como el de la mayoría de países latinoamericanos, contempla la prisión preventiva como herramienta para garantizar la presencia del imputado en los procedimientos y para evitar que continúe cometiendo delitos o destruyendo evidencia.
Los seis meses de encierro previsto en la medida otorgan tiempo a los fiscales para profundizar sus investigaciones, reunir evidencia adicional y formular acusaciones más sólidas. Durante este período, las declaraciones de Cerimedo son registradas meticulosamente, comparadas con la evidencia física obtenida en los allanamientos y contrastadas con testimonios de otros implicados. La complejidad del expediente, que abarca múltiples jurisdicciones y tipos penales diversos, sugiere que los procedimientos se extenderán más allá de los ciento ochenta días iniciales.
Implicancias amplias en el escenario político y corporativo regional
El caso de Cerimedo trasciende los límites de una investigación criminal individual. Expone dinámicas más amplias relacionadas con la circulación de consultores políticos en América Latina, la fluidez con la que estos profesionales se desplazan entre países, los mecanismos de financiamiento opaco de campañas electorales y la permeabilidad de aparatos estatales a influencias externas. La figura del consultor político internacional que opera sin contratos formales, sin registros documentales claros y sin líneas de autoridad definidas constituye un vacío regulatorio que múltiples actores pueden aprovechar con diferentes intenciones.
Las declaraciones de Cerimedo, con sus contradicciones implícitas y silencios estratégicos, ilustran las dificultades que enfrentan las instituciones judiciales para investigar estructuras de poder que deliberadamente evitan dejar registros. La concentración de ingresos mensuales de un millón de dólares en manos de un consultor sin presencia empresarial formal en Bolivia, combinada con efectivo secuestrado en territorio boliviano y negativas a responder sobre funciones gubernamentales, sugiere patrones de circulación de recursos que pueden o no estar vinculados a actividades ilícitas, pero que definitivamente carecen de transparencia. La manera en que se resuelva este caso puede establecer precedentes sobre cómo investigar y procesar a consultores y asesores externos que operan en la órbita gubernamental, cuestión que adquiere relevancia creciente en contextos donde la influencia externa en decisiones públicas genera inquietud política y social.
